¿Liberalización o monopolio?

El Parlamento tiene ahora la ocasión de debatir -en contra de la intención inicial del Gobierno de Aznar- el Decreto Ley 5/1996, injustificada y pomposamente denominado "de medidas liberalizadoras en materia de suelo". El debate de este texto como proyecto de ley, fruto de la voluntad de la mayoría de los partidos políticos, permite poner en evidencia algunas falacias sobre el mercado del suelo. El propio ministro de Fomento, con motivo de la presentación del Decreto Ley en la Cámara el pasado mes de junio, reconoció la ineficacia de las medidas propuestas para abaratar el precio de la vivienda -a pesar de que éste es uno de los objetivos explicitados en el texto-, y calificó la propuesta como un "pequeño anticipo" de la gran reforma futura de la Ley del Suelo.En síntesis, el proyecto de ley actualmente en tramitación contiene dos importantes modificaciones de la legislación hasta ahora en vigor. La primera consiste en eliminar la distinción entre suelo urbanizable no programado y suelo urbanizable programado. El efecto supuestamente deseado de esta medida sería el de incrementar el suelo urbanizable con carácter inmediato, de acuerdo con el postulado "a más suelo urbanizable, menor coste del suelo". La realidad es que en España no existe escasez de suelo urbanizable -hay suficiente como para construir tres veces el número de viviendas que serán demandadas en los próximos 20 años-: lo que escasea es el suelo urbanizado, es decir, el suelo sobre el que ya se han producido decisiones concretas de inversión. Ahí está el ejemplo, muy significativo, de Madrid, en cuyo término municipal hay suelo calificado como urbanizable programado para 60.000 viviendas, que no se ha desarrollado a pesar de la evidente demanda existente. ¿Cabe esperar que se urbanice en mejores condiciones al haber aumentado la expectativa de edificabilidad en otras 70.000 viviendas en la revisión del PGOU?

La desaparición de la distinción entre suelo programado y no programado, por el contrario, genera al menos dos efectos indeseables: eleva artificialmente el valor legal, en proporción de uno a 10, de los suelos hasta ahora calificados como no programados, y otorga a sus propietarios mayor control sobre su desarrollo futuro, ya que elimina la posibilidad de competencia con terceros derivada del' sistema de concursos. De hecho, en lugar de "liberalizar" el mercado del suelo, el proyecto de ley incrementa el carácter de cuasi monopolio del mismo -para mayor satisfacción de los propietarios del suelo no programado- y sin garantía de aumento de suelos urbanizados.

La segunda medida aprobada por el Gobierno de Aznar se refiere a la reducción del porcentaje de cesión obligatoria de aprovechamiento urbanístico (del 15% al 10%) destinado al patrimonio municipal de suelo, también con la intención teórica de reducir su coste. Podría entenderse como un guiño cariñoso a CiU para acabar con el conflicto planteado en su momento por la diferencia existente entre la norma estatal y la norma catalana; pero hay que recordar que en Cataluña, donde se aplica desde hace años la cesión del 10%, los precios del suelo no son inferiores a los del resto del territorio español. Por el contrario, esta medida supone reducir en un tercio la formación de patrimonio municipal de suelo, obligatoriamente destinado a la construcción de viviendas protegidas (V. P. 0.) y que, en la práctica, ha permitido la edificación de más de 200.000 V. P. 0. acogidas al Plan de Vivienda 1992-1995. Y, en cualquier caso, PNV y Coalición Canaria (junto con el PSOE e IU) han presentado enmiendas para que se mantenga el 15%.

¿Dónde está, pues, la supuesta liberalización del mercado del suelo impulsada por el Gobierno de Aznar en este proyecto de ley? Evidentemente, lo que se producirá -si el debate parlamentario no lo corrige- será un retroceso que favorece sólo a los propietarios de suelo.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la totalidad al mencionado proyecto de ley, coherente con un modelo de referencia absolutamente opuesto al del PP en esta materia y basado en experiencias concretas, posibles en el marco de la legislación hasta ahora en vigor. En particular, se propone aumentar la competencia entre propietarios y empresarios del sector de la construcción, extendiendo el sistema de concurso a todo el suelo urbanizable, mediante un desarrollo de la Ley de Suelo de 1990 análogo al ya realizado en la Comunidad Autónoma de Valencia. Es curioso que dicha normativa autonómica, impulsada en su día por el Partido Socialista, no haya sido modificada por el PP en la actual legislatura; la razón está en los efectos satisfactorios de la misma, reconocidos por los empresarios valencianos y asumido por el PP regional.

El PSOE propone también reforzar la utilización preferente de todo suelo público -no sólo municipal- para la construcción de viviendas protegidas. Parece oportuno, en un momento en el que se anuncian procesos generalizados de privatización de los patrimonios públicos, garantizar porcentajes suficientes -al menos el 50%- de suelo público reservado para satisfacer las necesidades de vivienda de las familias de menores ingresos. Por supuesto, la enmienda a la totalidad fue rechazada por el PP y sus socios nacionalistas; no esperábamos su aprobación, ya que ello supondría la existencia de planteamientos radicalmente diferentes a los que, bajo el paraguas de la liberalización, inspiran el proyecto de ley. En cualquier caso, confiamos en que el debate sobre las enmiendas parcialmente mejore este texto y se eviten o reduzcan los efectos perniciosos antes señalados.