El Supremo decidirá en una vista pública si llama a declarar a González sobre los GAL
La Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgará en una vista pública de apelación si llama a declarar al ex presidente del Gobierno Felipe González por el caso GAL y, en caso afirmativo, si lo hace como testigo o en calidad de imputado. En la vista, que se celebrará previsiblemente entre mediados de octubre y mediados de noviembre, el fiscal y los abogados defensores y acusadores informarán oralmente a los magistrados de la Sala Segunda. "Lo que decida el Supremo está bien" dijo Felipe González en Santiago de Chile, donde conoció la decisión. Tras la desautorización del magistrado instructor, Eduardo Móner, éste queda obligado a tramitar la apelación de la acción popular contra su negativa a llamar a González.
Los 11 magistrados que ayer integraron el Pleno de la Sala Segunda del Supremo no entraron en el fondo del asunto, pero resolverán en la vista pública de apelación, dentro de un par de meses, sobre la comparecencia o no del ex presidente.En esa vista no estarán presentes ni representados Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas, cuyos testimonios serán exigidos por la acción particular representada por el abogado vinculado a Herri Batasuna Miguel Castells, los abogados de la acción popular y las defensas de Ricardo García Damborenea, Francisco Álvarez y otros procesados.
La posición del instructor de no llamar a González, será respaldada por el ministerio fiscal y por las defensas de José Barrionuevo y Rafael Vera, entre otros.
Manzanares no se abstuvo
La reunión tuvo una duración de dos horas. Según fuentes del tribunal, al comienzo se sugirió abrir un periodo de reflexión por si alguien quería plantear su abstención, ante lo cual el magistrado José Luis Manzanares replicó que a él le gustaría abstenerse, pero no encontraba causa legal para ello. Manzanares, que durante su etapa de vicepresidente del Consejo del Poder Judicial se caracterizó por la dureza de sus declaraciones contra los socialistas por el caso GAL, había anunciado públicamente en su momento que al volver a la Sala Segunda se abstendría de intervenir en esta causa.Según las citadas fuentes, tras una exposición previa del ponente, Joaquín Delgado, los magistrados consumieron un turno de intervenciones sobre la posibilidad de estimar el recurso de queja. Tras convenir en la admisión del recurso de queja, debatieron si podrían entrar en la citación o no de González, sin necesidad de tramitar la apelación, pero consideraron preferible que las partes tuvieran mayores posibilidades de explicar sus posiciones.También desecharon entrar directamente en el fondo del asunto por razones de "economía procesal" y para evitar dilaciones indebidas.
Al final de la vista, el ponente aseguró a los periodistas que la estimación del recurso de la acción popular no era "un tirón de orejas para el instructor". Delgado admitió la existencia de una "diversidad de criterios" contrarios a la opinión del instructor, "algo que ocurre todos los días en los tribunales de justicia". Sin embargo, ésta es la segunda ocasión en que la Sala rectifica una decisión de su instructor delegado en este sumario.
Delgado explicó que Móner tendrá que admitir a trámite las apelaciones y remitirlas a la Sala Segunda, que escuchará a las partes en una vista oral. De ella saldrá la solución de llamar o no a González y en calidad de imputado o de testigo. El ponente precisó que, aunque hubo unanimidad en la decisión final, los magistrados debatieron las distintas posiciones. "Todos estamos muy interesados en que esto se lleve a cabo con la máxima rapidez posible", añadió.
Sin embargo, fuentes del Supremo señalaron que, por mucha prisa que se den, la vista no podrá celebrarse antes de un mes o dos. De momento, las partes tendrán un plazo de 15 días "para personarse" en la apelación. Después se les dará traslado "para instrucción", durante un plazo de días que puede ser simultáneo para todas o sucesivo para cada una de las partes.
Un plazo simultáneo para las partes podría ser de otros 15 días, según indicó un magistrado. Pero en el antecedente más próximo, la apelación del ex ministro José Barrionuevo contra su procesamiento, se concedió un plazo de tres días sucesivos a cada parte, lo que habida cuenta de que hay 3 acusaciones y 14 defensas, impediría que finalizase el trámite antes de un mes y medio. A partir de entonces se fijaría la vista oral.
Composición variable
Para entonces, la Sala Segunda puede haber variado su composición de ayer. Carlos Granados, ex fiscal general del Estado se habrá reincorporado a la misma. Dependiendo de la evolución de las lesiones provocadas por una caída, el magistrado José Manuel Martínez-Pereda podría tomar parte en las deliberaciones. Incluso la Sala Segunda podría contar para entonces con un nuevo presidente, ya que la vacante se publicará en el BOE en los próximos días.Por ahora, la decisión del pleno implica que Móner tendrá que remitir a la Sala Segunda alrededor de una docena de apelaciones que estaba tramitando como quejas, y en las que se abordan peticiones variopintas de las partes durante la instrucción: desde la comparecencia de testigos, hasta una reclamación porque el alto tribunal no da copia escrita de las declaraciones. Las fuentes consultadas descartaron que se acumulen las apelaciones en una sola vista, porque los debates "podrían durar semanas".
Fuentes del tribunal descartaron que la vista de apelación pueda "contaminar" a los magistrados de la Sala Segunda, que en su día también tendrán que juzgar el caso, y recordaron que la Sala ya resolvió la apelación de Barrionuevo contra su procesamiento, confirmando éste.
