Principio de mínima intervención
Un mes es muy poco tiempo para enjuiciar la acción de un nuevo Gobierno. Más todavía cuando han hecho falta más de dos meses de negociaciones para poder formarlo. La necesidad de resituarse tras los resultados del 3-M por parte de todos los partidos políticos, pero especialmente por parte del PP, creo que justifica de manera convincente la prudencia del Gobierno. No valen las comparaciones del PP del 96 con el PSOE del 82. El PP, a diferencia de lo que le ocurrió al PSOE durante más de una década, no tiene apenas margen para el error. De ahí que tenga que extremar las cautelas para no dar algún paso en falso del que le resulte difícil o imposible recuperarse.Creo, en consecuencia, que la traslación del principio de mínima intervención típico del Derecho Penal a la acción de gobierno es el resultado de una decisión meditada y razonable. Si el Gobierno del PP quiere realmente serlo, tiene que asentarse y disponer de un periodo de tiempo razonable para poner en práctica su política. En estos momentos iniciales eso sólo lo podía conseguir evitando cometer errores. Lo que más necesitaba el PP era ganar tiempo. Es lo que está haciendo. No creo que nadie sensato hiciera algo distinto si estuiviera en su lugar. Prudencia, como dice el refrán, no es cobardía.
Ahora bien, si el Gobierno popular ha hecho poco en este mes, ha aprendido, sin embargo, mucho. Ha podido comprobar que en la Administración del Estado no había 5.000 o 6.000 altos cargos, con cuya eliminación se podían ahorrar 60.000 millones de pesetas. Ha podido constatar que con la entrada en vigor del Código Penal no eran 13.000 los reclusos que iban a, ser excarcelados, sino que han sido algo más de 150. Ha aprendido a contabilizar a los ciudadanos en lista de espera de manera sensiblemente distinta, como recordaba ayer Ángeles Amador. Ha comprobado que no era el "despilfarro socialista" la causa del déficit público y ha tenido que acudir para controlarlo a medidas no muy distintas de las que proponía el Gobierno anterior. Ha tenido que aprender a corregir el impulso inicial de encontrar "agujeros" en las cuentas de los ministerios, que parecía ser una estrategia ministerial de los primeros días (Loyola de Palacio, Javier Arenas). Es decir, el Gobierno está aprendiendo a gobernar. Tras la oposición practicada en la última legislatura, este periodo de aprendizaje era posiblemente necesario y previo a una acción de gobierno.
Pero el Gobierno ha aprendido, sobre todo, a corregir elementos de su política antiterrorista, que pueden acabar siendo decisivos en la reactivación del consenso democrático en la materia. El tránsito del cumplimiento íntegro de las penas a las 503 políticas penitenciarias para los 503 presos de ETA es, posiblemente, la decisión política de mayor alcance de todas las adoptadas por el Gobierno del PP hasta la fecha. No se trata simplemente de renunciar a algo porque no se tiene fuerza suficiente para imponerlo. Se trata de poner en práctica un principio de, política penitenciaria que es el opuesto al que se había propugnado con anterioridad.
El cumplimiento íntegro de las penas no sólo era posiblemente anticonstitucional, sino que era una política que, además de imposibilitar el consenso entre las fuerzas democráticas, podía conducir a un resultado opuesto al que se pretendía conseguir. Tanto por el fondo como por la forma en que se ha dado a conocer, es una magnífica noticia. Y a esperar. Hasta el proyecto de presupuestos y hasta la definición del modelo de financiación autonómica. Tras la hiperactividad de estos últimos años, tal vez sea lo mejor que nos podía pasar.
