Un juez ordena el embargo de acciones de Benedetti por la quiebra del Ambrosiano
Un pretore -o juez de paz- de Turín ordenó ayer que se pignore cerca del 50% de las acciones de la sociedad Carlo De Benedetti e Figli, propietaria de un 30% de Cofide, que es la sociedad a través de la cual el empresario de Ivrea controla Olivetti y el resto de sus inversiones internacionales. Según los abogados de De Benedetti, la medida, especialmente grave en los momentos críticos que atraviesa el primer grupo informático italiano, no será ejecutiva hasta que la confirmen los tribunales.Los abogados de los liquidadores del Banco Ambrosiano entienden, en cambio, que se puede proceder a la pignoración inmediatamente. Estos abogados habían pedido el embargo, como medida preventiva en el contexto de la sentencia sobre la quiebra publicada hace tres años.
Carlo De Benedetti fue condenado en primera instancia, junto a otros 32 acusados -entre los que destacaba el "maestro venerable" de la logia masónica P-2, Licio Gelli-, a seis años y cuatro meses de cárcel por haber contribuido a la quiebra del Ambrosiano mediante la reventa a precios elevados de la participación que tuvo durante algunos meses en el banco poco antes de, que éste entrara en crisis.
Esta condena penal fue anulada en el juicio de apelación, pero el Tribunal Supremo casó, hace pocos meses, el segundo veredicto. Debido a ello, el juicio de apelación ha debido repetirse totalmente, y está aún en curso.
Los liquidadores de la quiebra del Ambrosiano habían solicitado medidas preventivas relacionadas con las responsabilidades económicas de De Benedetti en este caso. La petición se cifró en 100.000 millones de liras (unos 8.000 millones de pesetas).
El juez de paz de Turín acogió ayer esta demanda hasta el límite de 50.000 millones de liras, más otros 20.000 millones de liras correspondientes a los intereses que las responsabilidades del presidente de Olivetti han generado hasta el momento.
No obstante, adoptada esta decisión, el juez ha transferido la tramitación de la medida a un tribunal de primera instancia, en atención a que su cuantía excede de las competencias de un pretore. En esta transferencia se apoyan los abogados de De Benedetti para decir que la decisión del juez no es ejecutiva y anunciar que reiterarán al tribunal sus argumentos. El tribunal tiene 90 días para retomar el caso.
