Los partidos democráticos se plantean cómo acabar con la impunidad de los grupos afines a ETA

El recrudecimiento de la ofensiva etarra ha llevado al PNV y al PSOE a plantear la necesidad de combatir a los terroristas debilitando la cobertura social y callejera que le proporcionan las organizaciones de su entorno, como la coordinadora KAS, Jarraí y Gestoras Pro Amnistía. El líder de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, respaldó ayer la propuesta del consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, de estudiar la ilegalización de las citadas organizaciones. De este modo se podría llevar ante los tribunales a sus miembros y se atajaría la impunidad con la que ejercen la violencia callejera y la apología del terrorismo. Izquierda Unida mostró su rechazo a la propuesta de Atutxa para no crear "mártires" en el entorno de ETA, mientras que el PP mostró sus reticencias y exigió a la Ertzaintza mayor contundencia contra los "energúmenos" de Jarrai.

Atutxa insistió ayer en su propuesta del martes, el día en que fue asesinado Fernando Múgica, y afirmó que hay "dos caminos" para combatir al entorno de ETA. A saber: "Considerar absolutamente ilegales a esas siglas, para que la pertenencia o el ejercer de portavoz o de responsable pueda considerarse delictivo, o, de lo contrario, exijamos que se legalicen, que pasen por un registro, bien de asociación cultural, asociación política, movimiento del carácter que fuere, para que, ante manifestaciones que nosotros consideramos delictivas o calumniosas, tales siglas y sus representantes tengan que pagar sus culpas ante la Justicia".En declaraciones a la SER, Atutxa se refirió a la legalización como una forma "de que se puedan imputar responsabilidades y facilitar los instrumentos válidos, tanto a la Justicia como a la policía". El consejero precisó que "no se trata de ilegalizar nada que esté legalizado", como HB, sino de abordar la situación jurídica en que se encuentran organizaciones "alegales" como las citadas.

Ramón Jáuregui, secretario general de los socialistas vascos, declaró a Radio Nacional que está dispuesto a apoyar la ilegalización del entorno de ETA. Señaló que si estas organizaciones "están en connivencia clara y directa con el terrorismo o hacen una apología evidente y directa, hay que pararles los pies".

La reacción del PP, por boca de la diputada Loyola de Palacio, fue la siguiente: "Atutxa ha tenido ocasiones con la Ertaintza, y espero que lo haga, de mostrar una mayor contundencia en cuanto al apoyo social frente a los energúmenos de Jarrai".

Por parte de IU, Julio Anguita rechazó la propuesta, ya que serviría para crear mártires, y propugnó que se combata al entorno de ETA "sin campañas especiales", respondiendo con los tribunales, pero evitando medidas que puedan ser utilizadas, por "esa ralea" para autojustificarse.

Las reacciones de las asociaciones judiciales, recogidas por Servimedia, son de cautela. María Tardón, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, recordó que el derecho occidental "regula los comportamientos individuales, no los de las colectividades".

Ángel Calderón, de la Asociación Profesional de la Magistratura, vinculé la ilegalización de tales organizaciones con la política criminal y dijo: "Si el Gobierno central o el autonómico entienden que hay motivos para pedir la ilegalización de una determinada asociación que esté inscrita en el registro correspondiente, ya sabe lo que tiene que hacer: instar al fiscal para que demande a la asociación ante el tribunal competente".

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, ha ordenado a los. fiscales jefes de los tribunales superiores del País Vasco y de Navarra que ejerciten acciones penales contra los dirigentes de Herri Batasuna (HB) Tasio Erkita (diputado en el Parlamento vasco) y Sotero Ertxandi (parlamentario navarro) por presuntos delitos de amenaza a funcionarios de prisiones y a dirigentes políticos.

Ataques a los funcionados.

Los ataques a estos funcionarios por Fiarte de HB se produjeron después de que la banda terrorista ETA secuestrara, el pasado 17 de enero, a José Antonio Ortega Lara, destinado en la prisión de Logroño.

En una concentración frente a la cárcel de Basauri, Tasio Erkizia dio el pasado día 3 un contundente "aviso" a los funcionarios de prisiones, a los que imputó una "responsabilidad enorme" en la política de dispersión. El parlamentario prosiguió con sus advertencias públicas: "Os hacemos una llamada a cambiar de actitud, porque estáis a tiempo". Y reforzó su acometida. con un vaticinio: "Si continuáis por el mismo camino, sabed que el sufrimiento será para todos, sabed que el sufrimiento irá aumentando para nuestro pueblo y sabed que no estamos dispuestos a dejar abandonados ni a los presos y presas [de ETA] ni a los familiares, a los cuales constantemente estáis humillando".

Erkizia calificó de "fascista," al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y dijo que Xabier Arzalluz, presidente del PNV, se ríe de los presos de ETA cuando hacen una huelga de hambre. Belloch y Arzalluz, dijo el diputado de HB, "juegan con fuego, y no tienen por qué escandalizarse si también les alcanza el fuego" en clara referencia a la actividad armada de ETA.

En alusión a José Antonio Ortega, el parlamentario Sotero Ertxandi definió a los funcionarios como "carceleros que dan palizas a los presos y que no tienen perdón ni derecho a la queja si luego son secuestrados". Además, Sotero Ertxandi afirmó que la dispersión de presos etarras "da cobertura a las palizas y a la violación de los derechos humanos".