El tribunal mantendrá en secreto los informes del Cesid durante el juicio de las escuchas de Barcelona

Los documentos que se llevó del Cesid el coronel Fernando Rodríguez Romeo, seguirán siendo secretos y no saldrán a la luz durante el juicio que hoy se inicia en la Audiencia de Barcelona. Así lo decidió en un auto del 19 de julio, en el que rechazó la petición de las defensas del coronel, del editor de La Vanguardia, Javier Godó, y de su secretaria, Gemma Guillén, quienes pidieron que dichos documentos se aportaran a la causa. Esta doctrina puede afectar al proceso contra Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, acusado también de sustraer papeles secretos.

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que el contenido de los informes sustraídos por el coronel Rodríguez cuando abandonó el Cesid, en julio de 1993, es intrascendente para la causa, a pesar de que el ex agente secreto, para quien el fiscal pide un total de 14 años de cárcel, está acusado, entre otros delitos, de infidelidad en la custodia los mencionados documentos.El tribunal considera en su auto que "la imputación delictiva que se formula contra Fernando Rodríguez no viene determinada por el contenido de los documentos, sino por la clasificación que los mismos ostentan en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales". En otras palabras, lo relevante penalmente no es el contenido de los informes, sino su carácter secreto. -

Agrega la audiencia catalana que "dichos documentos, cuyo contenido pretenden conocer las partes, consta en autos que han sido calificados como secretos, reservados o confidenciales [ ... ], siendo además evidente que, conforme a la Ley de Secretos Oficiales y dada su clasificación y materias a que se refieren, no pueden ser divulgados ni publicados, lo que determina la innecesariedad de dicha prueba documental e incluso su impertinencia". Por ello, los informes incautados al coronel fueron "entregados por el juez instructor a su legítimo tenedor, el Cesid", al que no se le han reclamado para el juicio.

El "caso Perote"

Esta doctrina, establecida además por un tribunal civil, puede afectar decisivamente al proceso abierto en la jurisdicción militar contra el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, acusado también de sustracción de documentos secretos.

El defensor del coronel, Jesús Santaella, alega indefensión porque no se le permite acceder a los documentos secretos aportados por el Cesid al juez y asegura que el caso tendrá que archivarse, ya que los originales fueron destruidos -precisamente por orden del propio Perote- y el Cesid no da fiabilidad a las microfichas en que se copiaron, ya que estuvieron durante cinco semanas en poder del coronel.

La Audiencia de Barcelona no limita su protección a los documentos secretos sino que también, frente a la pretensión de las defensas, la extiende a las transcripciones de las cintas magnetofónicas que contienen las conversaciones telefónicas ilegalmente grabadas por la red de escuchas formada en tomo a La Vanguardia. En el mismo auto, la audiencia estima que "las grabaciones están íntegramente protegidas por el derecho a la intimidad personal", amparado por la Constitución, lo que determina la innecesariedad e impertinencia de la prueba propuesta".

El tribunal ha rechazado igualmente citar a declarar durante el juicio al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra; a los ex ministros de Defensa e Interior Julián García Vargas y José Luis Corcuera; al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y al policía Francisco Álvarez, procesado en el caso GAL.

No se investiga al Cesid

Sobre Serra y García Vargas, el auto argumenta que, "si bien por sus cargos han ostentado y asumido responsabilidades políticas por el Cesid, lo cierto es que en las presentes diligencias no se están dilucidando responsabilidades de dicho organismo, ni de las personas que ostentaban la dirección del mismo".

Para la audiencia, "existe sólo una vinculación entre uno de sus agentes [del Cesid, el coronel Rodríguez], por haber supuestamente sustraído algunos documentos de dicho organismo y haber utilizado información obtenida en el desempeño de su cargo, lo que exige la presencia en el juicio oral de los jefes o directores de los que dependía la persona que aparece como imputada".

El auto se refiere al ex director general del Cesid el teniente general Emilio Alonso Manglano, y al actual jefe de la división de Interior del servicio secreto, el coronel Julio Leal, quienes comparecerán como testigos.

El primero, según el relato del fiscal, ordenó a finales de 1991 al coronel Rodríguez entrevistarse con el editor de La Vanguardia, aunque no consta que tuviera conocimiento de sus actividades ilegales; mientras que el segundo era el contacto entre el Cesid y Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, un ex agente secreto que se infiltró en ETA y para quien el acusador público solicita siete años de cárcel. Para el ex guardia civil Manuel María Sánchez, otro antiguo colaborador del Cesid, se piden 14 meses de prisión.