Tibidabo descubre que De la Rosa causó nuevas pérdidas de 2.500 millones
Los accionistas de Grand Tibidabo, convocados in extremis para evitar la disolución de la compañía, conocieron ayer que Javier de la Rosa les hizo perder otros desconocidos 2.500 millones, en tres operaciones relacionadas con Bamsa, Sierra Nevada Holding y Expovillas, según explicó ayer la ex consejera María Dolors Pla, recientemente dimitida. Pla afirmó que abandonó su cargo porque el consejo no quiso querellarse contra De la Rosa y aseguró que lo haría personalmonte para no incurrir en complicidades.
La consejera y el abogado Javier Nart sometieron a criterio del consejo la presentación se sendas querellas por la desaparición de unos 600 millones de pesetas en la filial Bamsa, de lo que responsabilizan a De la Rosa y a Jorge Ventosa. En la filial enterró Grand Tibidabo 400 millones en "onerosos contratos de gestión que se autootorgaba Ventosa". También hubo un crédito que se transfirió a la sociedad de Madeira Zumbido Investimentos.En las operaciones entre Prado y De la Rosa, Grand Tibidabo perdió 900 millones en una operación de préstamo con garantía de fincas adquirida por 1,500 millones y que sólo vale 585 millones. El presidente actual de Grand Tibidabo, Jaume Casajoana, admitió que existe una carta de De la Rosa en la que condiciona los préstamos a Prado a que no abandone su cargo de vicepresidente de la compañía, un documento que le reportó mucha credibilidad en los momentos difíciles.
La tercera operación es la desaparición de 1.000 millones de pesetas en la filial de Bermudas Sierra Nevada Holding que figura como una de los argumentos del juez Joaquín Aguirre, instructor del caso, para procesar a De la Rosa. "Todo ello ha sido engullido por el consejo en lamentable claudicación y debilidad ante este personaje". De la Rosa, ausente de la reunión, recibió todo tipo de imprecaciones de los accionistas como "chorizo, ladrón de guante blanco o estafador".
Los grupos de pequeños accionistas se han polarizado sobre la diferencia básica de actuar por la vía penal contra De la Rosa o seguir negociando con él un acuerdo para resolver sus deudas. Ello ha llevado a extrañas alianzas como la del ex ministro, franquista Alfredo Sánchez Bella y el abogado Javier Nart. Sánchez Bella aseguraba que "media sociedad está entregada a De la Rosa" y aseguró "que haré lo que sea necesario para no doblegarme a sus amenazas ni a esa imposición del terror que ha conseguido aquí".
Asalto al consejo
Sánchez Bella estuvo a punto de tumbar al actual consejo presidido por Jaume Casajoana pero perdió las votaciones por un 3,5% de los votos presentes. Sánchez Bella, que controla un 18% del capital, partidario de endurecer la línea contra De la Rosa, tuvo a su alcance destituir al consejo hasta que le pudo la pasión y explotó en un sonoro: "He sido ministro de Franco y a mucha honra, de un régimen que no ha sido superado aun en eficacia por nadie". Sánchez Bella rubricó "En los cuatro años míos de ministro, Cataluña es deudora de mis servicios" y desgranó las deudas entre las que incluyó carreteras, autopistas y paradores turísticos. Antes, el ex ministro había ya despachado un "no soy del Opus Dei, no tengo suficientes méritos". Todo ello llevó al fracaso a su opción, que pretendía llevar a la presidencia al octogenario Antonio Enrich
La tensión entre los pequeños accionistas, custodiados por policías de paisano y por un nutrido grupo dé hombres de seguridad -paradójicamente de Top Risk, la empresa que dio servicios durante años a De la Rosa- comenzó a patalear y a increpar indiscriminadamente: "chantajistas, apesebrados y estafadores".
La Junta extraordinaria de Grand Tibidabo aprobó las cuentas del ejercicio 1994, así como la reducción de capital a 7.406 millones para no incurrir en las causas de liquidación establecidas en la ley de sociedades anónimas. Sin embargo, los accionistas reprobaron la gestión del ejercicio 94, fue suspendida por la casi totalidad del accionariado por contener un periodo del que es responsable Javier de la Rosa.
Las cuentas pudieron aprobarse con el voto de los interventores judiciales nombrados por el juez Joaquín Aguirre, quienes han comunicado al instructor el hallazgo de otros 906 millones de agujero.
