Garzón pregunta a las partes si Pertierra ha incurrido en delito
El juez Baltasar Garzón solicitó ayer al fiscal y a los abogados personados en el sumario Monbar -que investiga el asesinato de cuatro miembros de ETA en Francia a manos de los GAL- que se pronuncien sobre si el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, ha incurrido en delito de falta de colaboración con la justicia al haberse opuesto a el Cesid entregase dos documentos sobre el de la guerra sucia que el magistrado le había requerido. La acción popular volvió a pedir ayer al juez instructor del caso GAL en el Supremo, Móner, que sea él quien requiera al Cesid los documentos.
Garzón, en una providencia notificada ayer a los abogados caso. Monbar a raiz del conflicto de jurisdicción planteado por Defensa, pregunta a las partes si "procede tener por formulado el conflicto de jurisdicción o si, por el contrario, "no procede admitirlo a trámite al no_ existir materia que dilucidar. en tal conflicto al reconocerse expresamente por el juzgado que el Consejo de Ministros tiene competencia exclusiva para clasificar y desclasificar documentos y que, por ello, el juez se dirigió al ministro de Defensa requiriendo su colaboración con la justicia". Esta clolaboración incluía la propuesta de desclasificación de los documentos en el caso de que se considerasen secretos.El juez de la Audiencia Nacional baraja la posibilidad de pedir al Supremo que estudie si la actuación del ministro constituye obstrucción a la acción de la justicia. Así, en el último punto de la providencia, insta a las partes a que se pronuncien. sobre." si habiéndose negado el Excmo. Sr. Ministro de Defensa reiteradamente a cumplimentar o dado orden para que no se cumplimentaran los requerimientos de este juzgado al Cesid, enmarcados en la más estricta legalidad, como han entendido todas las partes al haberse aquietado con las resoluciones dictadas, procede elevar atenta exposición a la Sala 2ª del Tribunal Supremo ante la eventualidad de que se hubiera podido incurrir en responsabilidad penal por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa al amparo de lo establecido en el artículo 371 del Código Penal".
El citado artículo establece que el funcionario que, requerido por la autoridad competente, no prestare la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de suspensión y multa de 100.000 a 500.000. pesetas.
Garzón ha pedido al Cesid en varias ocasiones dos documentos: la llamada acta de los GAL, en la que se describían líneas de actuación de la guerra sucia contra ETA, una de cuyas copias le fue entregada por Ricardo García Damborenea y una nota de despacho, elaborada por el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, en la que informaba del inicio de atentados por parte de mercenarios y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Defensa entiende que Garzón trata de arrogarse competencias que no le corresponden, como la clasificación o desclasificación de material secreto, que es función exclusiva del Consejo de Ministros.
En la providencia que reproduce el acuerdo de Defensa de promover el conflicto de jurisdicción se recoge que en el requerimiento de Garzón al Cesid fechado el 9 de agosto pasado se anunciaba la. posibilidad de resolver la petición del fiscal de que el juzgado se constituyese en el Cesid y se procediese a una eventual entrada y registró del Centro.
Por otro lado, la acción popular en el caso GAL presentó ayer un escrito ante el juez instructor, Eduardo Móner, en el que precisa que, en tanto se tramitan los suplicatorios para citar como imputados a Felipe González, José Barrionuevo, Narcis Serra y Txiki Benegas, reclame al Cesid los documentos sobre los GAL fechados en 1983 que solicita Garzón, así como todos aquellos otros, datos o investigaciones que tenga el citado organismo relativos a la creación, funcionamiento, financiación o encubrimiento de los GAL.
