Una vez más, la razón de Estado
Es difícil encontrar un autor que, como Maquiavelo, haya sido, desde el lejano siglo XVI, tan atendido en, sus enseñanzas, y a la vez, tan criticado, con frecuencia por los mismos que se acomodaban, sabiéndolo o no, a sus criterios. Precisamente es la prueba del nueve de su acierto. Porque la razón de Estado no puede aplicarse, en los casos más "maquiavélicos", sin hipocresía, bien por el conflicto entre la conducta y la ética admitida, o, lo que es más complicado, el derecho vigente.El Estado moderno, actual, se lo ha puesto más difícil todavía en cuestiones de razón de Estado, pues esas conductas no sólo chocan con la moral, no sólo con el derecho aplicable a las gentes del común, sino con la esencia misma del Estado, que se proclama Estado de derecho, y, más aún, Estado de derechos, de derechos de los ciudadanos, de modo que la vulneración de ciertas normas por razón de Estado, a la vez que lo pretende defender, lo ataca en el fundamento y raíz de su legitimidad, porque el Estado, este Estado, existe para eso, para defender el derecho y los derechos. De modo que las vulneraciones de normas por razón de Estado son algo más grave que en el siglo XVI o en otros siglos.
A pesar de todo ello, la razón de Estado sigue siendo operativa en bastantes decisiones políticas. Los mismos fondos reservados, tan traídos y llevados, son el tributo que el vicio rinde a la virtud, pues ya me dirán ustedes cómo se corrompe a un funcionario extranjero, o se pagan los servicios de un chivato nacional, sin vulnerar alguna norma, al menos la tributaria sobre retenciones o impuestos, y el sentir común, hasta de los más justicieros apostrofadores, admite que ésos serían usos correctos de los fondos reservados, aunque se trate de "suspensiones" de la norma aplicable. Esto es pura razón de Estado.
Pero hay decisiones en que esa "suspensión" aparece más problemática: las que implican despojo de los derechos de un ciudadano; ahí parece que la cuestión no es tan fácil, pongamos que se trata del derecho de propiedad de alguien (caso Rumasa, por ejemplo), parece un poco fuerte defender así al Estado de derechos; pero pongamos que se trata de la integridad física. o de la vida de una persona, el ejercicio sucio de la violencia, o la tortura o el asesinato, precisamente por quienes tienen el monopolio de esa violencia cuando se ejerce lícitamente. Parece un poco más fuerte, en un Estado de derechos, en el que la tortura está explícitamente, condenada (en el siglo XVI y en el XVIII era un medio de prueba normal en todos los Estados) y la pena de muerte abolida, o casi (la pena de muerte, en el siglo XVI y en el XVIII, era el pan nuestro de cada día).
Pues a pesar de todo, puede encontrarse, y de hecho se encuentra, "comprensión" para esas aplicaciones extremas de la razón de Estado. Quienes "comprenden", participan de alguna manera en el soporte de esa conducta, y al menos yo no me escandalizo de que alguien "comprenda". La razón de Estado es más operativa de lo que parece, aun entre ciudadanos de estricta observancia.
También participan de la razón de Estado quienes estiman que el responsable de los desaguisados no debería sufrir el envite judicial correspondiente, porque sería malo para el sistema, para la quizá no muy fuerte fe democrática del pueblo, para la dignidad del Estado, de las instituciones políticas, para la de nuestro representante elegido por la mayoría, para todos nosotros, y se esfuerzan por arrinconar lo judicial o denigrar al juez del asunto. Es una razón de Estado más sutil que la que ampara el crimen directo, pues afecta, no a éste, que condena y no admite, sino a algunas de sus consecuencias, llevando a sus extremos aquella de Concepción Arenal, "odia al delito. y compadece al delincuente", aunque aquí no se trata de comprensión, sino de conveniencia política, o sea, razón de Estado.
Y también participan de la razón de Estado quienes pretenden, para estos casos, un castigo "ejemplar", a modo de aguillotinamiento público, los politiciens á la lanterne, que han mancillado el "honor del Estado", nos han contaminado con su impureza, a nosotros que sólo somos capaces de vivir en una democracia pura: defendamos la pureza del Estado; gente malvada a fuer de ingenua, o viceversa, quién sabe; los justicieros que vibran con ese "honor".
Y fue la razón de Estado la que nos hizo aprobar una amnistía en 1977, y la que propugna políticas específicas, de reinserción social de terroristas y la que permitió acabar con ETA Político-militar en los tiempos de Rosón-Cabanillas, y la que impulsa el "diálogo" con los terroristas asesinos. Y no quiero referirme a formas degeneradas de la razón de Estado, como la razón de partido, que multiplica la hipocresía reinante.
Y razón de Estado ha habido y hay en quienes han celebrado la condena de Amedo y Domínguez, sin importarles la incongruencia de que sus jefes e inspiradores, que parece que tenía que haberlos, no tuvieran que pagar nada, absolutamente nada; más aún, en quienes se inflaban de santa ira al pensar en el indulto de esos policías y han puesto y ponen todas las pegas posibles para la prosecución de sus presuntos inspiradores.
Se dirá que aplicar la razón de Estado para perdonar u olvidar (amnistía, reinserción) no es lo mismo que para matar o torturar; y no es lo mismo, claro; aunque en ambos casos haya una excepción a la norma, que en el primer supuesto puede hacerse desde la norma misma, no tan fácilmente en el segundo, salvo la actuación exonerante posterior (amnistía, reinserción, indulto).
Y así, entre el disimulo y la hipocresía, como recordaba hace poco Javier Tusell, todos nos hemos acogido, de una u otra forma, a la razón de Estado, al menos en alguna ocasión. Pero las discusiones, cabildeos y maldades que se suceden en torno al caso GAL y sus desarrollos han inundado nuestro ambiente de hipocresía sin cuento, hasta el punto de que, como decían los testigos de la resurrección de Lázaro, "ya hiede". Lo que ha sucedido es que el asesinato y la tortura por razón de Estado, en sí un mal, no se ha ejecutado según las reglas de la propia razón de Estado, con lo que el mal básico se envuelve en otro que, además, magnifica ópticamente al más sustancial y primero.
Cuando un gobernante decide matar por razón de Estado, tiene que actuar con discreción, de modo que no se sepa cuál es la fuerza que muevela mano asesina; la chapuza es un grave contratiempo, las cosas deben hacerse, si se hacen,. limpiamente, sin dejar rastro. Y, sobre todo, tiene que ser eficaz; aquí no. vale equivocarse; si el fin no justifica los medios, hay que ver lo que resultan esos medios cuando además no se alcanza el fin.
Los GAL fueron chapuceros, y dejaron muchas huellas; en cuanto a su eficacia, no puedo opinar de la posible finalidad de hacer recapacitar a los franceses, pero sí de los perniciosos efectos políticos internos, precisamente por haber sido, aunque de modo insuficiente, descubiertos, de modo que, de veneno para el. terrorismo ha venido a ser, con el tiempo, un nutriente, al menos psícológico, del mismo; y ése era un riesgo previsible, y, sobre todo, que era intolerable no prever.Los GAL han sido un mal aplicado de mala manera, en su momento, y en todos los momentos posteriores, hasta el ominoso presente, Además, la razón de Estado exige también un buen manejo político del asunto. Si, contando con discreción y eficacia, o al menos con eficacia, los responsables políticos se hubieran encontrado, al final, con algunas, medallas y un activo más en su haber, el Estado habría resultado beneficiado. Pero, es claro, ha faltado esprit de finesse, y ni siquiera ha habido suficiente esprit de géométrie, que decía Pascal. Del oprobio a la gloria no hay más que un paso, y viceversa; si se hubiera acabado con ETA, estaría mos hablando de otra. cosa; o si, al menos, hubiera habido habilidad (política) para sacar algún partido de una mala situación; caprichos de la razón de Estado. Y, ¿después de esto, qué queda? Pues queda pagar. Acogiéndome, sin vergüenza, a la razón de Estado, diré que, por mí, preferiría que fuera, poco. Pero lo que no puede ser es nada.. Porque la regla final de la razón de Estado es que el que se equivoca, paga. La gente, que está más dispuesta de lo que parece a mirar a otra parte, no quiere comulgar con ruedas de molino; es, si se quiere, la hipocresía final y más clamo rosa, un privilegio del elector, pero no del elegido. La razón de Estado sólo funciona en la hipocresía, de cabo a rabo. El mal sustancial, el mal que consiste en la negación misma de la esencia de este Estado perfeccionista y presuntuoso, no puede ser legalizado, porque el Estado no va a destruirse a. si mismo; hay muchos que vigilan por el mantenimiento y defensa de esas esencias jurídico democráticas; también para pagar, por cierto, hay que ser hábil, para pagar lo menos posible. Pero la vulneración de la norma que prohíbe matar por razon de Estado se hace por cuenta de todos, del Estado, pero bajo la responsabilidad del que la ejecuta. El Estado no puede comportarse de otro modo.
Y, ¿por qué es así? Porque, aunque hay muchos derechos, sólo algunos son, en sentido político, fundamentales', pero, entre ellos, hay algunos más fundamentales que otros, si así puede uno expresarse: la conciencia colectiva hace que el derecho a la vida y a la integridad personal sea, quizá, el que más; así sucede, ahora; quizá no era así hace años, y no sé cómo será en el futuro hay actuaciones que no se perdonan, aunque se perdone luego al actuante. La gente está bien dispuesta a ignorar prefiere ignorar, pero, si se le informa, no. puede olvidar. Algo hay que pagar. También, por razón de Estado.
