Prohibido callarse

¡Se ha vulnerado el artículo 18 de la Constitución! El espionaje ilegal del Cesid ha indignado a los más firmes defensores de los derechos individuales tanto por la gravedad de los hechos -escuchas a diestro y siniestro- como por quién los ha cometido: los propios servicios secretos, bajo control del Gobierno. Pero de la corajina se ha pasado de inmediato al asombro y la perplejidad. La voz de alarma la dio el miércoles el vicepresidente del Ejecutivo, Narcís Serra, en el Parlamento. En España hay al menos 30.000 escáneres sin ningún control captando lo que buenamente puedan. A los juristas se les han puesto los pelos de punta. "Es aterrador. Habría que hacer algo cuanto antes", exclamó Francisco Rubio Llorente al ser requerida su opinión por este periódico. Los expertos en tecnología lo pintan aún peor. Serra se refería sólo a los escáneres "de tipo medio". La cifra global es bastante más elevada. La realidad es que por mucho que la ley diga que está prohibido violar la intimidad de las conversaciones, por mucho que los jueces cierren la mano, las palabras ya no se las lleva el viento. Hoy por hoy cualquiera puede escuchar y grabar. "A nadie parece preocupar la captación de conversaciones por parte de entidades o ciudadanos individuales", se quejó Serra en el Pleno del Cófigreso. Aunque su intervención pasó inadvertida, los hechos parecen darle la razón. Hay escáneres, según los técnicos, por todas partes. El caso del periodista Carlos Arriazu, detenido cuando pinchaba un teléfono en Nueva York, ha venido a confirmar el espanto de los juristas. Este fin de semana trascendía que una revista y un periódico poseen cintas del juez Garzón. Y los reporteros de la prensa del corazón añadían otro ejemplo caliente: la reconciliación entre Ana Obregón y el conde de Lecquio. Un secreto pillado al vuelo por un escáner.La historia política española reciente estaba ya, antes de que estallase el caso Cesid, salpicada de escuchas ilegales. Ni es la primera vez que la prensa publica informaciones sobre pinchazos ni que las denuncias llegan a los tribunales. Sin embargo, son pocas las condenas. Al menos periodísticamente sólo dos han llamado la atención: la del caso Garaikoetxea y la del director de La Crónica del Sur, condenado a cuatro meses de arresto por escuchas ilegales.

Tampoco es la primera vez que Narcís Sería pasa por el trance de acudir al Parlamento para dar explicaciones sobre la posible implicación del Cesid en prácticas de este tipo. En 1988, ante las acusaciones de espionaje telefónico al director de Asuntos Consulares, Rafael Pastor Ridruejo, Serra, entonces ministro de Defensa, comprometió su "palabra política" para convencer a la oposición de que los servicios de espionaje no tenían nada que ver.

Desde entonces las leyes se han endurecido. A finales de 1994 el Código Penal elevó las sanciones. e incluso creó un delito nuevo: la difusión y revelación de escuchas ilegales por quien ni siquiera hubiera participado en su captación.. Pero nadie se siente contento. El espionaje político e industrial, las escuchas de la prensa del corazón, los detectives sin escrúpulos, el mero placer de escuchar al vecino... han derivado en una flagrante y continuada vulneración del derecho a la intimidad personal.

Carlos de la Vega, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y emérito del Tribunal Constitucional, es categórico al animar a los ciudadanos a no bajar la guardia. "Yo tengo 73 años y todavía me cabreo. El derecho a la intimidad es fundamental, y no vale decir que no estamos suficientemente amparados". En su opinión, España dispone de materia legal suficiente para garantizar el derecho a la intimidad. "Lo que hay que hacer es ejercer el derecho. Yo siempre digo, recordando a un pensador liberal, que el hombre sólo se salvará mientras conserve la facultad de indignarse. Echo en falta esa reacción. Hay que indignarse moralmente y personalmente. ¡Qué cara la de ese periodista que dice que en la prensa española las escuchas son práctica habitual!"

Francisco Rubio Llorente, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, tampoco sale de su asombro. El dato de 30.000 escáneres sin control, prestos a escuchar a cualquier ciudadano, le parece "aterrador". Suficientemente preocupante como para sugerir a las autoridades que de inmediato promuevan un debate sobre la conveniencia de cambiar.la legislación. "¿Ocurre lo mismo en los restantes países de la Unión Europea?", se pregunta.

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, responde en cierto modo a su pregunta. "La sociedad española no ha dado muestras, a diferencia de otras europeas, de tener una gran sensibilidad por la protección de su intimidad". Como ejemplo pone el debate surgido en Francia y en los países escandinavos en relación con el manejo y tratamiento de "datos sensibles", referentes a ideología, religión, creencias y hábitos sexuales. Y lo mismo razona sobre las escuchas. En su criterio, en España quienes más celo ponen en proteger las conversaciones telefónicas son las empresas. "Se preocupan mucho más en conservar sus secretos que los ciudadanos en salvaguardar su intimidad". De todas maneras, Martín Pallín es moderadamente optimista. "He observado que la insensibilidad de los ciudadanos desaparece cuando tienen constancia de que han sido espiados cuando transmitían sus ideas o simplemente sus mensajes de afecto".

La salvaguarda de un derecho fundamental como éste, que constituye "un pilar básico de la Constitución", debería preocupar preferentemente, según Martín Pallín, a los poderes públicos. "Y en todo caso la intromisión ilegítima en las conversaciones debería ser sancionada aún más duramente, distinguiendo entre la interceptación realizada por un funcionario público y la realizada por un particular, para castigar aquélla más gravemente que ésta".

Pero quién protege a quién. Durante el periodo de la extinta UCD se hablaba frecuentemente de la falta de control que el Gobierno tenía sobre sus espías. Según publicó la revista Cambio 16, el propio presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ordenó reforzar la seguridad de la línea telefónica que le comunicaba con el Rey, por si sus agentes le escuchaban. Y el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, mandaba limpiar su despacho regularmente.

Partidos políticos y sindicatos también han denunciado en los últimos años la existencia de micrófonos en sus teléfonos. El caso más sonado fue, quizá, el pinchazo de la Ertzaintza (policía vasca) a Carlos Garaikoetxea en 1986. Derivó, en la primera sentencia condenatoria por escuchas contra un cuerpo de policía. El tribunal apreció, según la sentencia de 1991, un delito en grado de frustración, y castigó con una pena de un mes y un día de arresto y seis años de inhabilitación al sargento mayor Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en,1993.

Condenas apenas hay, pero los barridos y los consiguientes chantajes, como insinuaba recientemente Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, están a la orden del día. Hay un temido trasiego de informes y de cintas. Y algunos juristas se preguntan si este mercadillo llegaría a desinflarse si la prensa de todos los colores, dejase de utilizar las conversaciones íntimas.

Unos, en cualquier caso, recuerdan que el Código Penal ya sanciona la difusión de las escuchas ilegales, y reclaman que se cumpla la ley. Otros prefieren resaltar la cara amable de los medios de comunicación. "Gracias a la prensa, la gente ha empezado a inquietarse por sus derechos. Hasta ahora daba la impresión de que los ciudadanos estaban un poco dormidos", se felicita Carlos de la Vega, quien subraya que la intimidad no debe ser sacrificada por ningún otro interés.

Para este magistrado, la clave está en la pedagogía. "Hay que difundir entre los ciudadanos lo que dicen la Constitución y el Código Penal, para que sepan que tienen leyes que les protegen. Hay que recordarles con insistencia sus derechos", proclama.

Todas las escuchas ilegales son acciones que deben inquietar al ciudadano, enfatiza Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional. Él es de los que consideran que no hacen falta reformas legislativas y si mano dura. "Las leyes son claras y están para cumplirlas", apostilla recordando que fue un caso de escuchas el detonante de la introducción en el Código Penal de sanciones para los responsables de difundir informaciones cuya procedencia se sabe ilegal. "Y éste", apunta, "es un claro ejemplo de ello. El responsable de un medio no puede escudarse en el interés público de una información para publicarla si sabe que ha sido obtenida ilegalmente".

El teniente fiscal del Tribunal Superior José María Mena es el menos alarmista. "Es natural que el ciudadano esté escandalizado por lo ocurrido en el Cesid. Pero yo creo que ni hacen falta más reformas legislativas ni culpabilizar a toda la institución por el caso descubierto. Si ha existido una vulneración de la ley hay que acusar de ello al responsable directo".

Esta información ha sido elaborada por Blanca Cía, Naiara Galarraga y Ricardo Villa.