Chamorro promulga la reforma de la Constitución que pone fin a tres meses de crisis en Nicaragua

La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, promulgó finalmente la ley de reforma parcial de la Constitución. Después de tres meses de enfrentamiento abierto con el Parlamento, que aprobó la reforma, y tras ocho días de maratoniana negociación con los diputados, auspiciada por el cardenal Miguel Obando, la jefa del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guznián, firmaron en la tarde del jueves (madrugada de ayer en España) un "acuerdo político", que permitió poner fin a la crisis institucional que tenía semiparalizado el país desde febrero.

"Este acuerdo alcanzado con la Asamblea Nacional no significa que haya vencedores ni vencidos, el vencedor fue el pueblo nicaragüense", dijo Chamorro después de rubricar las controvertidas enmiendas a la Constitución votada en 1987, cuando los sandinistas estaban en el poder. La gobernante, a través del pacto político, consiguió asegurar la estabilidad de su mandato, que concluirá en enero de 1997, y garantizar la celebración de elecciones genera es el año entrante.Para que entren en vigor las modificaciones a la Carta Magna, que refuerzan considerablemente el poder del legislativo, el Parlamento aprobará una ley de interpretación de las reformas constitucionales, con el voto de una mayoría cualificada del 60% de los diputados y el compromiso de no modificarlas hasta 1997, año en que la presidenta entregará el poder al candidato electo en 1996.

El acuerdo incluye leyes secundarias para armonizar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, protagonistas de un peligroso enfrentamiento político que arrastró a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Nacional de Elecciones, tras la decisión de los parlamentarios de publicar las enmiendas pese al rechazo de la gobernante.

No obstante, "no fue posible llegar a un acuerdo",, admitió el viceministro, de la Presidencia, Tomás Delaney, sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la elección del contralor (interventor) general de la República. El Ejecutivo insiste en la nueva elección de consenso de los magistrados del Tribunal Supremo, mientras la Cámara legislativa defiende la vigencia de los nombramientos de cinco magistrados, realizados en abril pasado de conformidad con las nuevas disposiciones de la Carta Magna.

Pero el meollo de la discordia parece ser la decisión del ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo -yerno de la presidenta y su principal consejero-, de recurrir de amparo ante el máximo tribunal de Justicia para defender sus derechos políticos, que considera violentados por uno de esos nuevos preceptos constitucionales que le prohíbe, como familiar del jefe del Estado, presentar su candidatura en las elecciones generales de 1996. Las Fuerzas Armadas, que mantuvieron su neutralidad en el conflicto, y la Iglesia católica desempeñaron un decisivo papel en la solución de la crisis institucional. Una vez más, el cardenal Miguel Obando Bravo actuó de mediador en las difíciles negociaciones políticas que se prolongaron durante ocho días y ahora actúa como garante del cumplimiento de los acuerdos políticos.