Galgos o podencos

La forma de plantear una propuesta y la forma en que sus críticos la intenten rebatir condicionan la posibilidad de que se produzca un debate, o por el contrario, se camufle una apariencia de éste y -con voluntad o sin ella de alguna parte- se oculte y se transforme en un ejercicio mixtificador de la realidad, engañando en este caso a la ciudadanía.Nos referimos a la publicitada oferta del Partido Popular de reducir tipos impositivos en los impuestos directos y simultáneamente variar o no determinadas desgravaciones o deducciones de impuestos. Se disfraza la simpleza con la equidad, y los menores impuestos como la mejor garantía de la solidaridad. En definitiva, se hace una propuesta atractiva para unos pocos, aunque con muchos medios, perjudicial para muchos, con escasa capacidad de influencia de opinión.

Lo temible y lo que nos escandaliza, como ya advertimos en nuestro artículo Por qué son contraproducentes las privatizaciones (EL PAÍS, 25 de abril de 1995), es que ya se está produciendo la desfiscalización de las rentas de capital, sin esperar a ninguna alternancia. Efectivamente, tras el logro de las políticas de derecha que dibujan el proyecto del PSOE en el terreno laboral y social (desregulación laboral, recorte de prestaciones sociales a determinados colectivos) y la eliminación del patrimonio empresarial público rentable, la desfiscalización de las rentas de capital es el otro sustento que ha venido alimentando la "alianza estratégica" del Gobierno de Felipe González y su grupo parlamentario con toda la derecha. Aunque iconográficamente pareciera que sólo exista un pacto con Convergència i Unió, también en esto coinciden con el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco-EAJ y Coalición Canaria.

Que el camino de quemar las velas ideológicas realizado por el Gobierno del PSOE facilita y engorda la victoria de la cultura darwinista de la derecha es un hecho, y que ésta se esté fortaleciendo gracias al caldo de cultivo de esa cultura insolidaria, también. En su modelo es arcaica la progresividad del sistema fiscal y carecen de sentido los impuestos de sucesiones o la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta...

La lucha contra el fraude, los controles de eficiencia y eficacia en el gasto público o la transparencia en las prácticas concursales, marcan un mínimo de actuación honrada de los poderes públicos. Sin embargo, su incumplimiento se está juzgando, a la vista de la presunta compra de favores derivada de la financiación ilegal del propio aparato partidario o de apoyos parlamentarios. Para la consecución de los ingresos actúa el campo normativo, el hacer las leyes y ampliar o reducir la elusión, la opacidad y el fraude fiscal y, además, el nivel de progresividad fiscal (en ingresos y gastos fiscales) y el reparto equitativo de los costes de tener un sistema de prestaciones sociales, una educación -para todos- gratuita, etcétera.

Pues bien, las acciones que vienen dibujando la política del PSOE, sus líneas de fuerza, más allá de lo que parecen coyunturas poselectorales (propuesta positiva de Borrell), junto con la de los otros partidos señalados conveniente, son la traslación de la carga de los impuestos de directos a indirectos, la reducción de la cuota de la Seguridad Social a la imposición indirecta indiscrimada, el incremento de los gastos fiscales y la reducción paralela del impuesto de sociedades sin control de excedente, la regularización del delito fiscal con exoneración de la responsabilidad del "arrepentido", la amnistía fiscal para los que han dejado de pagar impuestos mediante la constitución de sociedades transparentes propiciadas por grandes propietarios de lustrosos apellidos, el consentimiento de diluir la capacidad inspectora reforzando el secreto bancario y rebajando las sanciones a los de fraudadores y morosos, lo sucedido con la elusión fiscal para los tenedores de primas únicas y cesión de créditos, la promoción de expertos en ingeniería fiscal y, finalmente, tanto el BOE como el Boletín del Congreso se aprestan a escupir leyes de similar coste. Por tanto, en la política práctica, ha habido un común denominador favorable a las rentas diferentes de las procedentes del factor trabajo y una regresión en la distribución de la renta. El PP, por supuesto, en lo que no coincide con el PSOE, es todavía más desfiscalizador y más regresivo en los ingresos y gastos públicos, una vez legitimado en las ideas de avidez de lo público, en la satanización del déficit público (no explicado en términos de ingresos; o su falta, derivado del fraude o de la escasa presión fiscal para determinadas rentas).

Pero, ¿quién empezó y continúa la desfiscalización y en la demonización de lo público?

Indudablemente, ir contracorriente y mantener una serie de valores es complicado, pero necesario. La presión de los medios de comunicación y la limitación académica a reforzar como la única política posible la desfiscalizadora de rentas de capital y visualizar a la labor inspectora como negativa sabernos que son difíciles de combatir. Como se señala en un reciente número de Hacienda y Sociedad "el grado de confusión existente en nuestra sociedad en esta materia es asombroso. Entre los ciudadanos que pagan sus impuestos se ignora que los que no pagan sus impuestos tienen mecanismos poderosos y efectivos al servicio de sus intereses de estafar al resto de la comunidad. Si no existiera tanta ignorancia y confusión la mayoría de los ciudadanos comprendería que sus aliados objetivos son quienes luchan contra el fraude fiscal y sus adversarios quienes elaboran artificios, quienes defraudan y quienes propagan ideas y generan 'estados de opinión' favorables a esos intereses". ¿Por qué es conveniente una política de ingresos públicos suficientes, equitativos y progresistas? Las razones son obvias. El mercado no es garante de la igualdad de oportunidades, ni de la mejora de bienestar del conjunto de la población. Por si fuera poco, en estructuras productivas débiles, la sociedad civil puede utilizar como instrumento de economía de escala al Estado para procurarse una dotación de bienes y servicios con menores costes sociales, ambientales y económicos.