La cúpula militar de Chile anuncia que acata la condena del general Contreras

La cúpula militar de Chile anunció anoche, al término de una reunión extraordinaria presidida por el jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, que acata la condena a penas de cárcel de siete y seis años, respectivamente, emitida el pasado martes por la Corte Suprema contra los responsables de la policía secreta durante la dictadura (1973-1990), el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, por el asesinato, hace 19 años en Washington, del ex ministro de Exteriores durante el Gobierno de Allende.

El jefe de la segunda división militar, general Emilio Timmermman, anunció al término de una reunión de tres horas en la Academia de Guerra que "el Ejército acata, por supuesto", la sentencia. El alto oficial afirmó también que la cúpula castrense emitirá un comunicado en este sentido para explicar su postura respecto a la resolución judicial. Tanto Pinochet como el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, habían suspendido poco antes del encuentro un viaje previsto a la guarnición de África.Al malestar castrense por el fallo se ha sumado la difícil situación afrontada por Pinochet, quien deberá manifestarse sobre la decisión del Gobierno de emplear la fuerza si Contreras insiste en rechazar el arresto y su ingreso en prisión. Los partidos coligados en el Ejecutivo confían en el reforzamiento de la actual postura institucional del Ejército y evitar un desenlace violento como consecuencia de la actitud adoptada por el bravucón reo.

No es tanta la unanimidad, ni todos celebran el trascendental fallo. Un sector nada desdeñable de la sociedad chilena aceptó a regañadientes la resolución del Supremo y el generalato, visiblemente incómodo, aún calla. "No haré declaraciones. Terminado. Terminado", manifestaba ayer, fastidiado, el general Hernán Núñez, director de personal, antiguo colaborador de Contreiras en la DINA, la policía secreta de la dictadura. "No hay nada que declarar, nada que decir. No es el momento para hacer ninguna declaración", espetó en la puerta de la sede de las Fuerzas Armadas otro general, Luis Cortés Villa, jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército. Miguel Krassnoff, en el Estado Mayor con el mismo grado, abordó, silencioso, el coche oficial. El responsable de Inteligencia, general Jaime Covarrubias, tampoco quiso hablar, pero se negó con mejores modos y ninguna credibilidad. "Eso sí, no hay directrices del comandante en jefe [Pinochet] para que no hablemos".

El brigadier Espinoza, activo en el Comando de Telecomunicaciones y obligado por tanto a abandonar la institución militar en un plazo de 30 días, divulgó un escrito de acatamiento de la sentencia siempre que su cumplimiento no signifique la humillación personal.

Hasta el término e a reunión extraordinaria celebrada anoche, los mandos de las tres armas guardaron reserva, y quedó suspendido el acceso a actos y ceremonias de armas de los periodistas habitualmente acreditados para su cobertura. La anual conmemoración de la Escuela de Infantería de San Bernardo se festejará en esta ocasión sin el acoso periodístico.

Por otra parte, la Segunda Sala de la Corte Suprema chilena dictó ayer una orden de detención contra los militares acusados de asesinar al funcionario español Carmelo Soria en 1976. Los procesados son un jefe y un suboficial del ejército, ambos en retiro, miembros de la Brigada Mulchén de la desaparecida DINA . Se rechaza así un recurso contra el procesamiento interpuesto por la defensa de los encausados: coronel Guillermo Salinas y el sargento, José Ríos San Martín. El magistrado instructor, Eleodoro Ortiz, dictó la orden de detención de los dos acusados a los efectos de que cumplan prisión preventiva.

Alfonso Insulza, abogado de la familia Soria, anunció que solicitará al magistrado la realización de nuevas diligencias a fin de establecer "otros responsables, sobre cuya participación la Corte Suprema, por ahora, estimó que no era procedentes". Insulza sostiene que la solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía de 1978, pedida por la defensa de los dos militares. jubilados, debe ser rechazada. "Es inaplicable porque lo impide un tratado internacional, que es la convención sobre crímenes cometidos en contra de personas internacionalmente protegidas, publicado en 1977".