Contreras, a la cárcel

LA CONFIRMACIÓN por la Corte Suprema de Chile de las condenas del general Contreras y del brigadier Espinoza a siete y seis años de cárcel, respectivamente, es un acontecimiento de importancia para el desarrollo democrático de aquel país y un motivo de satisfacción para todos los demócratas. En torno a la condena de estos dos implicados en algunos de los más siniestros episodios de la represión en ese país se habían multiplicado las especulaciones en los últimos tiempos. Ahora se demuestra que los estamentos judiciales ya tienen la fortaleza necesaria para dictar las sentencias que reclamaba la normalización democrática de Chile.Pero queda ahora el "cúmplase" de la decisión judicial. El general Contreras, desde su retiro dorado, ha hecho unas declaraciones, televisadas a todo el país, que necesariamente retrotraen a la memoria de cualquier demócrata las imágenes más terribles de la implacable dictadura militar. Sólo un personaje que ha sido capaz de ordenar la muerte de sus compatriotas puede ahora aparecer en televisión calificando al Gobierno del democristiano Eduardo Frei de "ralea marxista". Contreras, con la arrogancia de los que siempre han quedado impunes, ha proclamado que nunca pondrá los pies en una cárcel, en abierto desafío a los tribunales y al poder civil en general. El presidente Frei, y con él toda la sociedad civil que ha respaldado la acción libre de la justicia, se enfrenta ahora a la necesidad de imponer los principios básicos de cualquier Estado democrático. El Gobierno ha tomado medidas para eliminar todas las razones que el condenado pueda aducir para poner obstáculos a su entrada en prisión. Se está construyendo un pabellón penitenciario que podría habilitarse especialmente para el nuevo reo.

Medidas de este tipo, aunque no dejen de ser un privilegio, pueden estar justificadas en la medida en que, al privar a Contreras y a sus partidarios de todo pretexto contra el cumplimiento de lo que ha decidido la Corte Suprema, crean condiciones más favorables para que se descarten los proyectos insensatos y antidemocráticos agitados en ciertos medios militares en pro de la actitud de Contreras, y que se convierten, nada más y nada menos, en todo un desafío contra el sistema democrático.

Es cierto que la transición pacífica de un régimen dictatorial a una democracia impone una política de reconciliación de la que muchas veces se benefician culpables de crímenes atroces. En el caso de Chile, el hecho de que Pinochet siga como jefe de las Fuerzas Armadas demuestra algunos de los sacrificios que se hacen en aras de la reconciliación.

No obstante, el asesinato del diplomático Orlando Letelier hace 19 años, por orden de Contreras, había sido marginado explícitamente de los decretos de amnistía. Sin duda, porque el asesinato, a diferencia de los otros miles llevados a cabo por la dictadura en el interior del país, tuvo a Washington como escenario y en el atentado hubo además una segunda víctima de nacionalidad norteamericana. Por unas u otras razones, el caso Contreras tenía que poner a prueba la disposición de la Corte Suprema de imponer justicia. Así ha sido, y ello explica el entusiasmo con que gran parte de la sociedad chilena recibió la sentencia. Muchos intuyen que al menos en algún caso tan simbólico como éste había que imponer criterios morales que permitan también a Chile cerrar la terrible herida de la dictadura, con sus miles de desaparecidos, muertos y torturados. Para culminar con bien la operación, el caso ahora sentenciado sólo debería tener un final: "General Contreras, a la cárcel".