Una asociación de consumidores pide el boicoteo a las pilas Energizer y Tudor
La Asociación de Consumidores Torre Ramona, de Zaragoza, ha pedido a los ciudadanos que se nieguen a comprar los productos de la multinacional Ralston, entre ellos las pilas Energizer, ante la decisión de cerrar la planta de Pilas Secas Tudor, por meros intereses estratégicos. En un comunicado distribuido desde la capital aragonesa, se expresa la solidaridad con la plantilla de la fábrica afirmando que "no podemos quedarnos callados cuando una empresa, haciendo mal uso de sus derechos legales, destruye varios cientos de empleos".La división de energía de Ralston comercializa en Europa,, las pilas Energizer, Ucar y Mazda, además de Tudor, aunque la multinacional también tiene participación en el sector alimentario. La Asociación Torre Ramona es una de las más prestigiosas de Aragón y ha recibido varios premios por sus campañas de concienciación ciudadana. El pasado año provocó la retirada del mercado de una cinta de música destinada al público infantil, por los contenido! violentos de una de las canciones.
El Gobierno de Aragón se ha dirigido al Ministerio de Industria para solicitar el amparo de la Administración central y tratar de evitar que llegue a consumirse la "decisión irrevocable" de Ralston de cara a suprimir la planta española. En este caso, toda la plantilla, 232 trabajadores cuya media de edad se sitúa por encima de los 40 años y está formada en buena parte por mujeres, quedaría en paro.
Desde el entorno de Ralston se hace ver que los balances que los anteriores propietarios de Tudor, la Corporación Industrial Banesto, les presentaron en el momento de la compra, aparecían distorsionados. Allí se habrían incluido numerosos ingresos atípicos, lo que presentaba una situación de beneficios irreales. Sin embargo ayer Heraldo de Aragón indicaba en este capítulo que la multinacional había cargado a la gestión de la empresa zaragozana, los gastos correspondientes a la promoción en España de las pilas Energizer, su producto estrella. Esto supondría un coste no aplicable a los productos elaborados en España, de más de 1.100 millones.
