El Parlamento garantizará el control de la dedicación exclusiva de los 500 altos cargos
El Parlamento garantizará el control de la dedicación exclusiva de los 500 altos cargos del Gobierno. Ésta es una de las novedades más relevantes del proyecto de ley de in compatibilidades de altos cargos aprobado ayer en el Consejo de Ministros. La nueva ley establece un régimen de incompatibilidad más duro que el actual, aprobado en 1983, al ampliar la obligación de declarar en un registro la renta y el patrimonio de todos los altos cargos. Hasta ahora, su aplicación se limitaba de los subsecretarios para arriba. Otra novedad es la obligación de declarar los intereses y actividades.
El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la presentación del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, resaltó las mayores garantías de control de la dedicación exclusiva de los altos cargos con el establecimiento de un régimen más severo de incompatibilidades. Destacó como novedades la obligación de los altos cargos de entregar su declaración de la renta y de patrimonio al nuevo Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.Este organismo será gestionado por la Inspección General de Servicios de la Administración Pública y estará sometido al control parlamentario. Todos los altos cargos, incluidos los directores generales y los de empresas públicas, antes exentos, tendrán que realizar la declaración.
La orbligación de declarar intereses y actividades, ya existente en la ley de 1983, tendrá ahora un carácter efectivo. Los altos cargos que no lo hagan serán sancionados. Según la ley aprobada ayer, los altos cargos, a partir de director general, que falseen u oculten datos o documentos en las declaraciones de bienes y actividades o que incumplan las incompatibilidades, aunque no incúrran en conflictos de intereses, cometerán falta grave.
La sanción será la separación del cargo y una multa de 100.000 pesetas a un millón. Los que no presenten la declaracíón de bienes y derechos patrimoniales en los plazos establecidos incurrirán en una falta leve, castigada con una multa de hasta 100.000 pesetas.
El proyecto también establece un régimen específico de gestión patrimonial para los altos cargos que se relacionen con el sistema financiero. Con carácter general, impide la participación con más de un 10%, por sí o mediante cónyuge o hijos, en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local. Asimismo, quienes posean valores deberán enterrarlos en una administración dormida mientras ocupen sus cargos.
La filosofía de la ley aprobada ayer es similar a la de 1983. El régimen de incompatibilidades prescribe la dedicación absoluta de los altos cargos y la imposibilidad de ejercer cualquier cargo, profesión o actividad, sean públicos o privados, por cuenta propia o ajena, salvo las personales.
Pérez Rubalcaba aprovechó la presentación de la ley para pasar a la ofensiva política. Acusó al PP de "querer recalentar el ambiente" y regresar al "clima social de hace varios meses". Según el ministro, el PP "vive mal fuera de ese ambiente porque no tiene iniciativa y de esa manera consigue evitarla".
El PP había acusado previamente al Gobierno de presentar una batería de leyes -la de incompatibilidades de altos cargos y la de fondos reservados- para tapar los escándalos.
Pérez Rubalcaba subrayó que la pretensión del Gobierno es precisamente tratar de recuperar una línea de honestidad en la Administración y en ese contexto situó el conjunto de proyectos de ley que el Ejecutivo está aprobando que, dijo, responden al compromiso adquirido en el debate sobre el estado de la nación.
Otros acuerdos del Consejo:
-Proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por importe de 2.295 y 1.324 millones de pesetas, respectivamente, en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para afrontar los gastos por prestaciones derivadas del síndrome tóxico en los ejercicios de 1993 y 1994.-Acuerdo para autorizar la firma de los protocolos números 1 y 2 al convenio europeo para la prevención de tortura.
-Real decreto por el que se incluyen dos nuevos títulos en el catálogo de enseñanza superior, Licenciado en Ciencias Ambientales y Ciencias Estadísticas.
