El PSE intenta cerrar la polémica del 'caso Azpiegitura'

El Partido Socialista de Euskadi (Euskadiko Ezkerra) quiere acabar con la polémica generada tras hacer pública una nota de protesta por la resolución judicial de la instructora del caso Azpiegitura, una presunta estafa a la Diputación de Vizcaya de unos 700 millones de pesetas.

El PSE acusó a la juez de prevaricación. Tras haber sido descalificado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Consejo General del Podser Judicial, el PSOE vasco espera ahora a que el Ministerio Fiscal resuelva si encuentra delictivo el escrito firmado por los socialistas de Vizcaya.

Su secretario general, Nicolás Redondo Terreros, cree que ha llegado el momento de dejar paso a los hechos y acabar con las declaraciones, sobre todo después de que el Consejo General del Poder Judicial se haya pronunciado a favor de la juez Olatz Aizpurua.

Pese a todo, Redondo Terreros afirma que el PSE se ratifica en el contenido del escrito, "emitido desde la libertad de expresión que tienen todos y a nosotros se nos niega" y en el que se trataba de defender la honorabilidad de los miembros del partido".

Los socialistas vascos acusaron a la magistrada de dictar su resolución judicial guiada por un criterio político y de prevaricar, al hacer una instrucción injusta a sabiendas de que lo era.

Redondo Terreros subrayó ayer que en ningún momento se trató de cuestionar la independencia del Poder Judicial, sino de criticar la actuación de una juez en concreto. "Además, lo hicimos a posteriori", declaró, "cuando ya había acabado la investigación, para no presionarle".

Jueces para la Democracia también opina que el PSE bordea el delito, además de crear un fuerte conflicto institucional al tratarse del partido que está en el Gobierno central.