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Las multinacionales y España: ficción y realidad

JUAN MANUEL EGUIAGARAYEl autor considera exageradas las afirmaciones de un masivo abandono de las multinacionales y asegura que se mantiene las confianza en España y que sigue afluyendo inversión "en plena crisis económica e industrial"

Ciertos columnistas habitualmente rigurosos y algunos medios informativos de contrastada solvencia han difundido las últimas semanas comentarios y editoriales a propósito de una eventual estampida de las empresas multinacionales instaladas en España. La catástrofe inminente se ha glosado con titulares y frases como "Las multinacionales hacen la maleta", "La huida de la inversión extranjera", "La desbandada multinacional", "El último, que apague la luz", "La espantá de empresas extranjeras" y, la más cinematográfica de todas: "Industria española: apocalypse now".

Estas injustificadas exageraciones no ayudan precisamente al resplandecimiento de la verdad en este importante asunto, y han adquirido una gravedad especial cuando algunos corresponsales en Madrid de importantes rotativos extranjeros (Le Figaro, Il Sole, 24 Ore, Herald Tribune) se han hecho eco en amplios reportajes de los lúgubres augurios que sus colegas y otros creadores de opinión han vertido en parte de la prensa española.

La alarma tiene su origen inmediato en los problemas que atraviesan algunas firmas multinacionales instaladas en nuestro país (Suzuki, Volkswagen...) y en la anunciada de abandonar la producción en suelo español de Ebro Kubota o la estadounidense Gillette, pese a los resultados positivos de esta última. El argumento de fondo ha sido perspicazmente detectado: España no tiene ya suficiente atractividad, esa moderna forma de seducción, para la inversión extranjera. La culpa radica, faltaría más, en la ausencia (pretérita y actual) de una verdadera política industrial del Gobierno. Y el resultado final, naturalmente, el vacío, el desierto industrial.

Las soluciones inmediatas que se ofrecen son, para que nadie diga, ciertamente originales: la sangría puede evitarse con amenazas de boicoteo al consumo de los productos de las empresas desertoras y con coacciones de diversa índole. En otras ocasiones, sin embargo, se recurre a fórmulas más tradicionales, y se pide que el Estado se quede con todo, como paso previo a la puesta en práctica de su ancestral vocación de fabricante de vehículos todoterreno, hojas de afeitar, etcétera.Aunque sus argumentos científicos no vayan más allá del refrán que asegura ser suficiente muestra un botón, este tipo de comentarios contribuye a crear alarma social, especialmente en las circunstancias de alto nivel de paro que actualmente padece la sociedad española. Pero sólo desde una óptica surrealista, mientras no se dude de la buena intención, pueden unos pocos casos convertirse en muestra estadística significativa de varios miles de empresas con intereses extranjeros afincadas sólidamente en España.

Si pasamos de la ficción a la realidad, se puede comprobar fácilmente que las empresas multinacionales instaladas en nuestro país mantienen viva su confianza en el futuro de la economía española y que la inversión extranjera continúa afluyendo de manera muy importante en plena crisis económica e industrial. Como ejemplo de las primeras, cabe destacar la actitud reiterada de permanencia proclamada por importantes multinacionales japonesas (Nissan, Fujitsu, Bridgestone...), pese a las fuertes pérdidas registradas los últimos años a causa de una recesión que ha golpeado duramente a los sectores del automóvil, electrónica de consumo e informática, núcleo central de su presencia industrial entre nosotros.

En cuanto a la inversión extranjera, el rigor aconseja limitarse en este caso a la de carácter directo, entendiendo por tal "la inversión que tiene por objeto adquirir una participación permanente y efectiva en la dirección de una empresa radicada en un país que no sea el inversionista", según la definición del Fondo Monetario Internacional, que la distingue de la inversión de cartera.

Pues bien, según un reciente estudio de la OCDE, el papel de España como receptor de inversión extranjera directa se modificó de forma notable en la década de los ochenta. En los años setenta, España recibió flujos de inversión acumulados por importe de 7.060 millones de dólares, equivalente al 3,75% del total de los países desarrollados, ocupando la octava posición entre los países miembros. Y en la década de los ochenta, los flujos acumulados se elevaron al 6,25% del total de la OCDE, ocupando ya la tercera posición, detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

Datos más recientes, extraídos del registro de caja del Banco de España y de la Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda, indican también que los flujos de inversión extranjera directa se han mantenido en volúmenes muy elevados en los años transcurridos de la década actual, pese a que la crisis económica internacional ha afectado tanto a España como a los países de origen de dichos fondos. Y, lo que es más significativo, las cifras reales y estimaciones correspondientes a 1993, el año económico más negativo de todos, indican que la inversión extranjera directa neta fue algo superior al billón de pesetas. Lo que quiere decir que, en toda la historia de España, 1993 es uno de los cuatro años con mayor volumen de inversiones directas recibidas, tanto en términos brutos como netos (descontando las desinversiones).

Por tanto, la alta credibilidad internacional de España se mantiene intacta, también en los periodos recesivos, y basta un somero repaso de la procedencia de las inversiones para percatarse de que son las empresas de los países más ricos del mundo, y sobre todo de la Unión Europea, las que están apostando decididamente por el futuro de la economía española. Los datos dejan poco margen a la frivolidad: durante 1993 se presentaron al Ministerio de Economía y Hacienda 297 expedientes de constitución de sociedades por parte de inversores extranjeros, mientras 789 tenían por objeto la ampliación del capital social y otras 586 la adquisición de participaciones en empresas existentes.

De todo lo anterior se deduce que está completamente injustificada la alarma que han podido crear los comentarios citados al inicio, que en nada contribuyen, por cierto. a fortalecer la imagen exterior de España. Lo cual no significa que hayan de ahorrarse esfuerzos de mejora de nuestra atractividad, verdadera quintaesencia de una competitividad de largo plazo, gracias a la cual las empresas anticipan las ventajas competitivas del territorio que justifican su inversión en él. Hoy en día, bastantes empresas multinacionales pueden estar en todo el mundo contemplando la posibilidad de emprender procesos de relocalización, que los estudiosos en la materia detectan con carácter cíclico. Y hay que estar ojo avizor, porque las empresas extrajeras que buscan una nueva localización priman tanto la calidad del entorno (infraestructuras, cualificación profesional, estabilidad política y social, centros de investigación, dinamicidad de las empresas) como otras consideraciones más o menos relacionadas con los costes de producción.

La experiencia demuestra, y no deja de tener su lógica teórica, que la inversión directa internacional se acopla a los requerimientos de la globalización de la economía mundial, la creación de mercados comunes y la progresiva reducción de las trabas al comercio internacional. Sólo en el periodo 1972-83 se suprimieron 600.000 empleos industriales en el Reino Unido por una sesentena de grandes sociedades que, al mismo tiempo, crearon 200.000 puestos de trabajo en el extranjero, algunos en España. Y otro tanto podría decirse de las multinacionales estadounidenses.

Explicar estas realidades a los trabajadores afectados por ellas en un momento determinado es tarea harto complicada, porque el mundo se desploma en cada familia cuando se ve en grave peligro el puesto de trabajo. Pero afrontar esta explicación es seguramente más responsable y hasta más eficaz, en lo que tiene de contribución a la mejora de la cultura económica y empresarial, que el fácil recurso, muchas veces demagógico, de la búsqueda de responsabilidades entre los poderes públicos, independientemente de su capacidad real de influir o dar soluciones adecuadas a todos y cada uno de los problemas empresariales, cualquiera que sea su índole, origen y circunstancia.

En conclusión, hace pocos años se creó artificialmente una polémica al repetirse hasta la saciedad que España entera estaba en venta, y ahora se esboza otra proclamando que las empresas multinacionales huyen de nuestro país. Pues ni una cosa ni la otra.

es ministro de Industria y Energía.

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