El presidente de IGS-PSV dimitió el viernes como consejero de la cooperativa
Prudencio García Gómez, presidente de la gestora de PSV desde octubre y administrador de la Cooperativa desde el 17 de febrero, presentó el viernes su dimisión como miembro del consejo rector del proyecto de viviendas. La dimisión fue comunicada al juez de la suspensión de pagos, José Antonio Enrech, que "de momento", según consta en una providencia enviada ayer al Ministerio de Trabajo, la ha rechazado. García Gómez fue nombrado administrador de PSV a raíz de la intervención temporal de la cooperativa por el Gobierno. El conato de dimisión revela la existencia de fuertes enfrentamientos en el seno de PSV por la forma en que se hace frente a la crisis.Por otra parte, fuentes del antiguo consejo rector de PSV han desvelado que García Gómez, nombrado presidente de IGS por el Gobierno en octubre de 1993, mantenía un contrato de asesoramiento con la gestora desde finales de 1991 a través de la sociedad Crescent Iberia.
El intento de dimisión de Prudencio García se produjo el día 11 marzo en un acto en el que los cuatro administradores nombrados el 17 de febrero -Prudencio García, Jesús Blanco, Javier Ledesma y Evaristo Caparrós-, entregaron al juez un memorándum que el primero se negó a firmar. El memorándum, parte del cual se hizo público el sábado en forma de comunicado de prensa, contenía una auténtica carga de profundidad contra los cinco meses de gestión del equipo de García Gómez.
Alternativas
El documento de tres de los administradores de PSV aseguraba que "consideramos necesario sopesar si la alternativa de llegar a un proyecto absolutamente definido y cuantificado [tal y como defiende Prudencio García] no será, por su lentitud, más perjudicial para todos los implicados que la búsqueda y puesta en práctica de soluciones a más corto plazo". Rapidez y decisiones inmediatas contra la elaboración de estudios y auditorías que ha defendido Prudencio García. La posible dimisión del presidente de IGS fue tratada el lunes en una reunión entre el juez de la suspensión de PSV, el director del gabinete de Presidencia, Antoni Zabalza y el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor. El asunto, según fuentes al tanto de la reunión, podría haber quedado resuelto.Por su parte, fuentes del anterior consejo rector aseguran que no existe justificación al hecho de que, cinco meses después de que el Gobierno designara nuevo administrador de IGS, no exista un plan de viabilidad para PSV. En éste sentido, aseguran que el actual presidente de IGS no puede alegar desconocimiento del proyecto. Lo conoce desde antiguo afirman, ya que desde finales de 1991 "a través de la sociedad Crescent Iberia, ha cobrado 500.000 pesetas mensuales por asesorar, en cuestiones organizativas al anterior equipo gestor y así consta en la contabilidad hasta su nombramiento como presidente, en octubre pasado". Un portavoz de IGS ha reconocido la existencia "de un acuerdo de asesoramiento entre Prudencio García y el anterior equipo", sin detallar cantidades. Respecto a su dimisión, la misma fuente aseguró que García Gómez "no sabe nada acerca del tema".
Por otra parte, el secretario de organización de UGT, Antón Saracíbar, manifestó ayer que el Gobierno "tiene interés en aceptar el plan de viabilidad de PSV y en avalar los 8.500 millones necesarios para terminar las promociones más avanzadas". También ayer, los interventores de IGS solicitaron permiso al juez para vender dos edificios de IGS, Bressel y Orense 16. Su venta a Argentaria supondrá, según la dirección de IGS, un beneficio neto de 2.500 millones de pesetas.
Información realizada por
