"Nadie puede desafiar al Estado"

Pregunta. ¿Qué le ocurrió al país el jueves a las 15.15?Respuesta. Yo creo que lo que se produjo fue el fin de una historia que comenzó muchos años atrás y que ha terminado con el desmantelamiento de una organización criminal con la desaparición de Escobar de la vida colombiana. Fue un proceso largo, de aprendizaje doloroso para esta sociedad. Al presidente Barco le tocó vivir la permisividad de la sociedad colombiana, que le permitió a la organización criminal de Escobar adquirir el inmenso poder que adquirió. Y en estos últimos cuatro años ha ocurrido de todo. Hemos ensayado todos los instrumentos y también hemos cometidos errores.

P. ¿Razones para estar feliz?

R. Yo creo que feliz no es la palabra apropiada. Lo que tuvo éxito fue la política de fortalecimiento de la justicia que ha estado en marcha y que, sumada a los esfuerzos del Bloque de Búsqueda, que fructificaron, consiguió desmantelar el cartel de Medellín. Creo que hemos economizado muchas vidas inocentes. No había delincuente en Colombia que pusiera en peligro tantas vidas inocentes como Escobar.

P. Usted dice que con el golpe del Bloque de Búsqueda se ahorró la vida de colombianos inocentes. Pero también se puede decir lo contrario, que con la fuga y la búsqueda, que duró casi año y medio, fueron muchas las vidas que se perdieron, y mucho el dinero que se gastó. ¿Salió airosa la política de fortalecimiento de la justicia con la muerte del jefe del cartel de Medellín?

R. Mire. Antes de la política de sometimiento a la justicia, el Estado colombiano, fuera de que eventualmente mataba a algún narcotraficante, nunca logró capturar ni llevar a la cárcel a ninguno de ellos. Ese es un hecho concreto y real. Quienes prefieran la anterior política, lo que prefieren es la impunidad. Porque lo que había antes del sometimiento era una absoluta y total impunidad. La política de sometimiento, que tuvo un gran tropiezo con la fuga de Escobar, ha sido bastante útil para llevar a los delincuentes a la cárcel, para hacerles juicios y para que paguen sus delitos. Sí. Hemos tenido un problema de legislación en razón de que las penas en Colombia son relativamente cortas. Por eso, el Gobierno ha venido insistiendo en aumentar las penas hasta los 60 años.

P. Pero Pablo Escobar ni se entregó ni fue capturado, sino que fue abatido al oponer resistencia. Entonces, ¿cuáles el mensaje?

R. Nuestra política está dirigida a que haya soluciones de justicia y a permitir que los delincuentes se sometan a ella. Escobar lo hizo una vez y engañó a toda la sociedad colombiana. Se fugó. Ahora ha perdido la vida por oponer resistencia a las autoridades. Pero es claro que el Gobierno siempre se ha preocupado porque existan soluciones de justicia. Que no existan es bastante arriesgado para una sociedad, porque eso puede llevar a los criminales a actitudes desesperadas como la del terrorismo. Esto de alguna manera lo hemos resuelto.

P. ¿Cuál fue el error en la cárcel de La Catedral?

R. Si uno pudiera señalar un error es que se subestimó la capacidad corruptora de Escobar. Lo que descubrimos detrás de La Catedral no fueron tanto los lujos, cosa que nunca ha debido ocurrir, sino que tenía sobornado a todo el mundo dentro de ella. Mire, aquí hemos aprendido dos cosas: la primera, que las organizaciones criminales del narcotráfico son enormemente poderosas y tienen un enorme poder de corrupción. Lo segundo, que es bien importante, es que este Estado es bastante más poderoso que cualquier organización criminal y que no hay nadie que pueda desafiarlo o colocarse por encima de él.

P. Ser firme hasta el final es lo que da resultados...

R. Claro. En esto lo que hay que mirar es el largo plazo. En la lucha contra el crimen el cortoplacismo no sirve para nada. Hay que tener un norte.

P. ¿Qué va a pasar con la familia de Escobar?

R. Eso es algo que va a valorar seguramente la Fiscalía y los organismos de seguridad para ver cómo se toma una decisión razonable y equilibrada. En teoría, el Gobierno de Colombia está obligado a proteger la vida de todos los colombianos.

P. Se desmanteló la organización de Escobar. ¿Y Los Pepes? ¿Y el cartel de Cali? ¿Se puede enfrentar a este último con los mismos intrumentos usados contra Escobar, cuando se sabe que su forma de actuar es distinta? Ellos recurren más a la penetración del Estado y a la corrupción que al terrorismo.

R. En primer lugar, nosotros no vamos a cambiar de política, sino a persistir en ella, porque ha sido exitosa. Claro, puede haber organizaciones más sofisticadas, organizaciones que trabajan de manera diferente. Pero nuestra obligación ha sido y va a ser la de combatirlas, sean quienes sean. No tenemos ninguna razón para bajar la guardia. Y lo que tienen que saber las organizaciones criminales es que les va a caer todo el peso de las leyes, y que no se pueden colocar en una posición desafiante frente al Estado como lo hicieron Escobar y sus secuaces. ¿Que vamos a resignarnos a convivir con las organizaciones del narcotráfico? ¡No mientras yo sea presidente! Tampoco creo que la sociedad lo vaya a hacer.

P. Nuestra legislación de orden público es ahora una de las más fuertes en el mundo. Están la Ley de Orden Público, el estatuto que regula los estados de excepción y las facultades dadas a la Fiscalía. Se ha desmantelado el cartel de Medellín y, sin embargo, estos instrumentos y estos golpes no han podido controlar el fenómeno del narcotráfico, que, por el contrario, se ha ido expandiendo. Entre tanto, en esta confrontación, los derechos civiles peligran. ¿No será que ésta es una guerra que no se puede ganar y que, como dijera García Márquez, nos estamos pudriendo vivos?

R. Yo lo que sí sé es que los colombianos no nos podemos colocar en una disyuntiva que no es válida, según la cual la protección de los derechos humanos es incompatible con el desmantelamiento de la criminalidad. Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas. Entre otras porque lo que más amenaza a los derechos ciudadanos, empezando por el derecho a la vida, es la criminalidad.

P. Hablemos de la legalización de la droga. Usted ha sido muy claro en afirmar que por ahí no va la cosa. Entre tanto el fiscal la ha puesto en la mesa de discusiones. ¿Por qué está tan convencido?

R. La simple discusión interna de personas autorizadas y con prestigio nos puede llevar a que Colombia vuelva y baje la guardia. A que le suceda lo mismo que nos ocurrió en los setenta y ochenta. A que se reblandezca la gente. A que volvamos al sentido de la permisividad y de la tolerancia. La legalización hecha de manera autónoma nos coloca al margen de la comunidad internacional, lo que sería una irresponsabilidad sin límites. Y yo por lo menos no quisiera formar parte de esa sociedad.

P. ¿Y cómo quiere que lo juzguen?

R. Como una persona que no tenía temor de cambiar las cosas, que tomó los riesgos y que finalmente fue despertando a esta sociedad... que creó una especie de cultura del cambio, una cultura contestaria. Yo tengo ciertas discrepancias con las personas que dicen que el revolcón ha terminado. Yo creo que el revolcón recién comienza. Y digo algo en lo que creo firmemente: en Colombia hay que cambiar todo lo que haya que cambiar, y ésa debe ser la voluntad de la cúpula política en el futuro.

P. Balance de su Gobierno: de uno a cinco...

R. Cuando yo llegué a la presidencia dije qué tipo de cambios había que hacer en la sociedad. La verdad es que creo que me voy a ir de la presidencia habiendo conseguido casi todos los propósitos que me tracé. Muchos de los problemas con que llegué están allí todavía. En materia social, en materia de pobreza. Pese a que el país está creciendo, no ha bajado el desempleo y el número de pobres en Colombia sigue siendo altísimo. Yo creo que más que frustración por no haber podido hacer las cosas, que no la tengo, es desasosiego, porque, a pesar de todas esas reformas, Colombia tiene infinidad de problemas, de violencia y de miseria. Pero yo sí creo que vamos a dejar a esta sociedad con muchos más instrumentos para hacerle frente a esos problemas. Ya les corresponderá a ustedes valorar si eso valió la pena o no. Yo creo que sí.

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