UGT utilizó 900 millones de la aseguradora Unial para hacerse con el 100% de esta empresa
Alrededor de 900 millones de pesetas de la aseguradora Unial salieron de dicha empresa y fueron usados por UGT para comprar el 40% de aquélla, hasta entonces en poder de una sociedad vinculada a los sindicatos de Alemania BBG Beteiliguns, und BetreuungsgeselIschaft Mbh. La central ugetista, que ya tenía el otro 60%, se hizo con el 100% de Unial entre finales de 1990 y el año 1991. Esa salida de fondos se produjo en el marco de varias operaciones inmobiliarias por las cuales Unial entregó un total de 4.600 millones a IGS, la entidad que encabeza el grupo de UGT.
A costa de vaciar sus cuentas, la empresas de seguros Unial incluyó entre sus propiedades dos edificios y un local comercial. Paralelamente al trasvase de inmuebles se realizó otra operación por la que el grupo IGS, entonces presidida por Carlos Sotos, comenzó a entrar en el capital social de Unial.Uno de los objetivos de dichas operaciones -que no el único- fue proporcionar liquidez a la Unión General de Trabajadores (UGT) para mantener Unial después de que los socios alemanes negociaran su salida en el contexto de un plan de saneamiento del grupo empresarial de los sindicatos de su país.
Hasta entonces, los socios alemanes habían desembolsado más del doble de dinero que la central ugetista para poner en marcha el negocio asegurador de esta última, pese a que oficialmente los alemanes tenían el paquete minoritario de acciones en tiempos de Paulino Barrabés como responsable de finanzas de UGT. A la hora de marcharse de España, los alemanes exigieron su dinero en un plazo perentorio.
Como el sindicato español no tenía recursos, Unial -compañía en pérdidas desde su constitución- hizo un préstamo a UGT. A finales de 1990, todas las acciones de Unial se encontraban ya en poder de la central ugetista, de forma transitoria, mientras se buscaba un nuevo socio, pero fracasaron los tanteos realizados para conseguirlo.
Desvío de fondos
El presidente de IGS, Carlos Sotos, diseñó entonces una compleja operación inmobiliaria que permitiera obtener "plusvalías" con las cuales fuera posible liquidar esa y otras deudas. Dicho y hecho: Carlos Sotos vendió a Unial dos edificios en la madrileña calle de Alcalá -en cuyos bajos se encuentra el teatro del mismo nombre- y otro local comercial, también en un punto céntrico de la capital.
Los precios rebasaron en un 1.000% lo que habían pagado los propietarios iniciales de los inmuebles dos años antes. Todas esas condiciones fueron aceptadas, en nombre de Unial, por su consejero delegado, Ignacio López, yerno de Nicolás Redondo, quien pidió que IGS pagara un alquiler por los edificios para disminuir la presión sobre la tesorería de la aseguradora.
Las cuentas de Unial se vaciaron rápidamente, pero los pagos no se hicieron a las sociedades que habían vendido los inmuebles. El dinero fue a parar directamente a IGS. Para dar cobertura a esa desviación de fondos, dos de las empresas vendedoras formalizaron cesiones de crédito en favor de IGS. Así figura en el acta levantada a Unial por dos inspectoras de Seguros en 1992.
Compensaciones
Esa misma acta fija en 582 millones la deuda existente entre UGT y Unial, que el sindicato no pagó. En ella se subrogó IGS, que tampoco lo pagó, "en compensación" de las cantidades adeudadas por Unial a causa de los inmuebles. En octubre de 1991 los antiguos socios alemanes recibieron otros 56 millones directamente desde una cuenta bancaria de Unial.
Hace tres semanas, en vísperas del relevo en la presidencia de IGS, fuentes muy próximas a Carlos Sotos cifraron en 900 millones el total de plusvalías generadas por aquellas operaciones inmobiliarias, con los cuales se había liquidado la deuda de la Unión General de Trabajadores.
Por parte del responsable de finanzas del sindicato no se han producido comentarios, ya que ha permanecido ilocalizable durante toda la semana pasada.
