El Gobierno justifica los contratos blindados por la competencia privada
El secretario de Estado para las Aministraciones Públicas, Justo Zambrana, y el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Antoni Llarden, coincidieron ayer en sus comparecencias en el Congreso que la existencia de los llamados contratos blindados en el sector público se justifica por la competencia a la hora de contratar profesionales cualificados que ejercieron las empresas privadas, sobre todo en los años de bonanza económica.Zambrana, respondiendo a una pregunta del diputado del Partido Popular Manuel Núñez aseguró que no existe ningún contrato de este tipo en la Administración Pública propiamente dicha, aunque admitió que sí se han suscrito en el ámbito de empresas o entes públicos.
Según el secretario de Estado, son 65 los contratos de alta dirección, aunque no ofreció ni el nombre de las empresas ni la cuantía de las retribuciones garantizadas en este tipo de acuerdos, que suponen indemnizaciones millonarias cuando los beneficiarios cesan en sus cargos.
Llarden, por su parte, reconoció la existencia de contratos que estipulan importantísimas indemnizaciones en Renié, FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), en la empresa Hispasat, en Retevision y en la empresa de Aeropuertos Nacionales (Aena).
Según el subsecretario de Obras Públicas, "habrá que ver" qué se hace con los contratos existentes y aseguró que estaba "reflexionando sobre ello" aunque, desde su punto de vista "debe haber una política común" en todo el conjunto de la Administración y no sólo en su ministerio.
Funcionarios
Durante la comparecencia sobre la Administración Pública, el secretario de Estado aseguró que la cifra de funcionarios de nuestro país es inferior a la media del conjunto de los países de la Comunidad Europea (CE). Mientras en la CE la media de población activa que trabaja para la Administración es del 17% -con excepciones al alza como la de Gran Bretaña donde el procentaje es el 20%-, en España la cifra de población activa empleada en el sector público está en el 15%.Según Zambrana, no se ha producido en los últimos 10 años un aumento considerable de la función pública ya que se ha pasado, en números redondos, de un 1.300.000 funcionarios en 1982 a 1.800.000 en la actualidad.
Sin embargo, de este incremento de medio millón de personas sólo unas 90.000 corresponden a la Admnistración General del Estado, mientras las más de 400.000 restantes han sido ocupadas por autonomías y ayuntamientos.
Zambrana rechazó con energía la imputación del diputado de IU José Luis Martínez Blascen el sentido de que el Gobierno criminaliza a la Administración Pública. El propio Martínez Blasco admitió que ni él ni su grupo participan de esa idea, pero aseguró que "está en la calle porque el Gobierno ha echado mano de los funcionarios en su intento de reducir el déficit público" al congelarle los salarios para el próximo año.
El secretario de Estado para las Administraciones Públicas anunció que el ministerio negociará con los sindicatos los planes de empleo aprobados por el Gobierno para racionalizar las plantillas de la Administración.
