Estado limpio
El autor postula , desd3e una óptica social demócrata , un modelo de estado limpio, eficiente , barato para lo que tenga quehacer , y federal o confederado.El Estado que a su juicio le conviene a la sociedad española en el horizonte del año 2000
Andamos revueltos de ideas. Manoseamos el papel del Estado -del sector público- en la política económica y social con abundantes y difusas etiquetas: se habla, por un lado, de Estado mínimo, donde pueden encontrarse las variadas "acracias de derechas" (Buchanan) conservadoras y ciertas utopías izquierdosas. También hay epítetos de Estado benefactor o providencia (¿el Estado papá o mamá?). O el Estado fuerte. Los fallos de Leviathan ocupan asimismo, afortunadamente, mucha literatura doctrinal. Uno quiere poner aquí el referente del Estado limpio, aun a contracorriente (lo pongo en mayúscula, ya que con la dada vez más usual minúscula es sinónimo de situación). Que el papel del Estado, como agente económico, está en crisis y revisión me parece obvio: ineficiencias, disparates y crisis-rebeldía fiscal andan por la base del fenómeno. Respetables tendencias excéntricas también. Quiero postular aquí, desde una óptica socialdemócrata, el modelo de Estado limpio, eficiente, barato para lo que tenga que hacer y, desde luego, federal o confederado, el que pienso le conviene a la sociedad española -de centro izquierda, como solía predicar el presidente Suárez- en el horizonte del 2000. Y desde luego, lo que hagan con el tema los países de la CE y de la OCDE será relevante para nosotros.Nuestro tamaño global de sector público en relación a nuestro producto debiera tender a disminuir a cotas del 40%-42%; es decir, que su tasa de crecimiento monetario tendría que ser inferior a la del producto monetario para 1994-1999. Es sobre su estructura y funcionamiento donde debiera actuarse: el peso de la inversión pública, a potenciar. El coste de administración, a contener drásticamente. Una evaluación presupuestaria bastante más radical, más de raíz desde más proyectos0. La continuidad en la descentralización hacia autonomías y, en especial, entidades locales, con el consiguiente descargo neto de la Administración central.
Hay que podar
Para la vitalidad del árbol hay que podar. Es el tiempo. Aún arrastramos las malas secuelas de los actos presupuestarios de 1991-1992.
En cuanto al gasto corriente, convendría ir más allá de las economías introducidas a finales de 1992. Los costes de administración, así como los de gestión de la Seguridad Social, debieran controlarse más. El argumento de su rigidez a la baja es insatisfactorio para la opinión pública. Plataformas, organismos y departamentos han de acreditarse en su necesidad. Desde luego, es moneda común -por ejemplo, de órganos empresariales- que la descentralización no siempre ha conllevado la poda de burocracias. centrales. Madrid se defiende.
En este terreno chocamos con el grávido déficit de reforma administrativa, que ha dañado los resultados de la década en la que se optaba por contar con el sector público. En cierto sentido, cabe afirmar, dentro de una cierta complejidad, que el aumento del peso del empleo público ha frenado las ganancias de productividad, insatisfactorias sobre todo en los servicios con su heterogeneidad: incentivos a fondo, consideración de los costes sombra de las plantillas públicas, esquemas drásticos de jubilaciones anticipadas, dilución corporativista, aplicación sistemática de las sanciones previstas, formación condicionante de la promoción y formación continuada, política de selección y flexibilidad en la contratación especial, evaluación y control de la calidad de los servicios... He aquí algunas piezas clave para racionalizar la Administración, seguramente partiendo de un buen Libro Blanco externo, realizado por expertos extranjeros y españoles (iah!, Alejandro Nieto, Ramón Martín Mateo, Baena, Alcázar, Joan Prats, Garrido Falla, Ferret ... ). Junto a una eficaz política de vivienda -quizás sometida a la restricción sobre los recursos-, ésta me parece una de las carencias más grávidas de la singladura del PSOE (afecta a la Administración central, pero "deje usted correr" a la autonomía catalana).
En el campo de la inversión pública de infraestructuras y de centros de servicios -considero clave el estándar mínimo del 5% del PIB- han mediado también intensas potencialidades de racionalización: la coordinación de planes regionales, el retraso en toda la comisa cantábrica, la anticipación en el actual cambio de criterios de Renfe, la mejora en la evaluación de proyectos y presupuestaria, mayor decisión en la aplicación de tasas de uso y en las privatizaciones convenientes, una mejor política de financiación que evitara los incrementos acordados implícitamente en las licitaciones, la celeridad de ejecución... y el control de prácticas corruptas desviadoras al son de lógicas contra el interés general (creo que el esfuerzo estatal para los Juegos Olímpicos, unos 350.000 millones en cuatro años, se le debía a Cataluña en relación a su déficit fiscal excesivo con el Estado español y piensa que el AVE se acreditará a largo plazo en términos de dinámica andaluza).
El 'gasto social'
Vale la pena detenerse algo en el gasto social, que no se acaba de explicar bien ni por tirios ni por troyanos: en 1981 -después de un empuje en 1971-1973 y otro bajo Suárez- estaba alrededor del 20% del PIB. En 1991 estaba en el 26%, contenía el 58% de todo el gasto de las Administraciones públicas y suponía un 36% de la renta familiar disponible previa a su disfrute (Bandrés. Igualdad. Argentaria, marzo de 1993. Resumen de una investigación). Ésta es propiamente la aportación socialdemócrata del periodo, quizás más importante que el avance en el binomio salario real-empleo.
Este gasto social comprende, de un lado, la dinámica de las aportaciones públicas, en especial a los sistemas de enseñanza y sanidad. El estudio de referencia considera este último -de práctica universalización gratuita desde los últimos años del ministro Lluch- como de virtualidad claramente redistributiva; creo, empero, que habría que avanzar en la separación entre financiación del sistema y producción de los servicios sanitarios -modelo catalán- y, dada una cierta mejora distributiva, en la aplicación de tasas moderadoras en la línea de las listas de medicamentos (desconfie usted, lector, del economista que deja de creer en el efecto-precio). En términos generales, cabría ya ser más osado en la política tarifaria de los servicios públicos, mejorados con la consiguiente reducción de su incidencia tributaria.
En enseñanza se considera también que los niveles básicos y medios son claramente redistributivos. Se cuestiona, en cambio, la política de tasas universitarias al 18% de coste, pero no la dinámica positiva de dotación de becas en el sentido de una cierta segmentación en su disfrute, mientras que el reparto de su correspondiente fiscal presenta límites en cuanto a progresividad. La aportación pública a esquemas de vivienda, en términos reales, no ha avanzado hasta 1992.
A esto último se agarra, paradójicamente, aquel grupo radical de economistas liberales, que lindan con la pérdida del sentido común, su afirmación de que "el Estado no redistribuye"; recomiendo que no se les lleve la contraria porque al final se lo demostrarán... Este apasionado diagnóstico, cuyo tono, creo advertir, aumenta con los periodos recaudatorios, lo amplían también a las tranferencias sociales. Y en 1981-1982 éstas han más que doblado, en pesetas de valor constante, al compás del empuje inicial y, asimismo, del 14D de 1988: principalmente pensiones, ya 5,5 billones; subsidio de paro, que ya alcanza a cubrir un 77% de las situaciones y pensiones no contributivas, cuya nómina ya alcanza casi el billón anual. En este terreno de las transferencias urge introducir economías del coste de gestión y control del fraude. Sí, ya hay una poda a hacer en este campo, no de régimen, sino de aplicación.
No habrá resultado fácil: estamos ya en el 26%, pues, de gastos sociales en relación al PIB. Conservarlo ya es una empresa. El referente medio europeo se puede situar en el 30%-3 1 %. Pero tenemos que administrarlo más rigurosa y eficientemente, ya que es un peso en costes productivos y competitividad. Y tenemos la asignatura pendiente de ajustar las cuotas empresariales de Seguridad Social -¿funciona ésta bien?- a la media europea. Y, subsidio de paro aparte, habrá que esperar a la reactivación para seguir, no antes.
Las estimaciones de que se dispone de cambios en la distribución de la renta con la democracia abonan la tesis de mejora en la cohesión social, que también puede ser una condición de estabilidad socioeconómica: el 20% más rico ha cedido terreno relativo, el 30% inferior ha avanzado, en términos de renta después de impuestos y hechas las transferencias y los usos de los servicios. Ya debía tratarse de esto. La meritocracia (Lasuén, 1975) ha de seguir teniendo un espacio bien amplio; las igualdades de oportunidades ante la salud y la formación son centrales. Las transferencias dentro de los mismos estratos sociales tendrán que ser miradas con lupa.
Por lo demás, con esta envolvente correctora y gradual, hay que asumir con todas sus consecuencias que "el mercado ha ganado" (Emilio Fontela. Sesión del Plan Estratégico de Barcelona. Área Metropolitana). De Estado regulador de la actividad privada, lo menos posible. De Estado productor, tan sólo lo inerte imprescindible. De subvenciones a empresas incentivadoras (las subvenciones de tipos de interés pueden jugar un papel acorde al mercado de conductas positivas condicionadas), nada. De empeños públicos de tipo cultural alejadas de toda lógica de demanda, pocos. Y el impacto fiscal en esfuerzo y ahorro habrá de ser tomado progresivamente en consideración.
Y reducción de lo superfluo, del lujo público. Hacer lo que haya que hacer, pero barato. Avance en la racionalización de la contratación pública, lo que pasa por la corrección de toda desviación corrupta. También se habrá de afrontar con naturalidad la privatización. Y un Estado limpio en España implica consolidación del peso autonómico y nuevo espacio de los entes locales, con retroceso relativo de la Administración central. Lo dicho, reestructuración pública -la reconversión le ha de llegar al sector público- bajo la restricción de un tope global del 41%-42% de peso global sobre el PIB. Más, senda gradual de reducción del déficit público en relación a la renta nacional y a la oferta de ahorro por su efecto en los tipos de interés. Estado limpio, bastante más limpio: he aquí una empresa para el ideario socialdemócrata, que ha estado en la base de la construcción de Europa 19501990, aplicado a nuestro país.
