El juez deja en libertad provisional al yerno de Bertrán y dicta prisión para dos de los detenidos
El titular del Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona, Lluís Pascual Estevill, dictó ayer prisión para Timoteo Ramírez y Manuel Tramullas, implicados ambos en el fraude fiscal de 1.500 millones de pesetas. Por su parte, el empresario catalán José Felipe Bertrán de Caralt, presuntamente implicado, todavía no ha sido detenido por la policía. El resto de los presuntos implicados, Miguel Morenés -yerno de Bertrán de Caralt-, Fernando Sanfellu, Mercedes Ribas, José María Caminals y Jaime Parera, salieron ayer en libertad provisional. El magistrado ordenó para estos últimos la obligatoriedad de presentarse cada 15 días en las dependencias judiciales. Varias firmas instrumentales y una sociedad de valores fueron utilizadas en el presunto fraude.
La investigación del juez se centra en los millones de pesetas colocados en activos financieros cuyos titulares no aparecen en ningún registro, señalan medios judiciales. Estas cantidades eran fruto de operaciones inmobiliarias y de ventas en el sector agroalimentario, actividades básicas en los negocios, de Bertrán de Caralt y de su yerno Miguel Morenés, según fuentes empresariales.En la colocación de capitales participaron presuntamente los dos detenidos en la operación para los que el juez dictó ayer la orden de ingreso en prisión. Manuel Tramullas, al que fuentes de la investigación identifican como testaferro, percibía ingresos mensuales -entre 300.000 y 400.000 pesetas, según la policía de Almería- por utilizar su nombre en la adquisición de activos financieros. Tramullas era apoderado de una sociedad inactiva, Serptex, a través de la cual se invirtió dinero fuera del control de Hacienda.
La presunta participación de Timoteo Ramírez se establece porque era apoderado de la empresa Material Agiropecuario, SA -propiedad de Bertrán de Caralt- y porque también trabajó en una sociedad instrumental -Sogdal- igualmente utilizada para colocar dinero opaco. Las sospechas durante la investigación inicial, antes de que la fiscalía presentara la querella, se centraron en Ramírez, ya que el juez autorizó la intervención telefónica del despacho de este acusado, situado en la avenida de la Diagonal de Barcelona. El pinchazo se hizo en febrero pasado.
La supuesta vinculación en el fraude de los otros cinco detenidos es aparentemente menor, a juzgar por la decisión del juez de dejarles en libertad provisional. En esta situación han quedado el médico Fernando Sanfeliu Cortés y su mujer, Mercedes Ribas Batlló, que cobraron un talón de cuatro millones de pesetas que procedía de una de las cuentas bancarias supuestamente abiertas con DNI falsos. Lo mismo ha ocurrido con los otros tres. El noveno de los querellados, Francisco Querol, no ha sido detenido todavía por la policía.
Varios desencadenantes
La actividad agroalimentaria centra la actividad de Bertrán de Caralt desde que, en 1989, abandonó el consejo de Asland cuando la cementera fue adquirida por Lafargue Copée. La cabecera de un holding en el subsector alimentario -Material Agropecuario, SA- se ha convertido en los últimos años en el centro de su actividad empresarial. Este sector, en el que el grupo Bertrán compite con empresas muy implantadas en Cataluña, genera un gran flujo de dinero de procedencia en gran medida opaca, según medios profesionales. Asimismo, la actividad inmobiliaria ha podido ser un desencadenante de este nuevo fraude fiscal investigado ahora por el juez Lluís Pascual Estevill. La famila Bertrán es propietaria de gran número de inmuebles en el centro de Barcelona.Todo indica que los fondos opacos se invertían en deuda pública pero evitando el control de Hacienda. Los sistemas utilizados fueron varios, pero todos perseguían el mismo fin: evitar que Hacienda conociese la real identidad del inversor. A veces se emplearon sociedades inactivas. Éste es el caso de Sogdal y Steptex. La primera de ellas está vinculada a Miguel Morenés, puesto ayer en libertad. Morenés, -conde del Asalto y miembro de una familia aristocrática andaluza- es hermano de Manuel Morenés. Este último ya fue encausado, juzgado y condenado por utilizar el mismo sistema de DNI falsos en Madrid, a través de la firma Valores Usera y Morenés. Ese caso se descubrió en operaciones de compra de acciones de Repsol, en 1989.
En otras ocasiones, el supuesto fraude se realizó comprando deuda pública -letras del Tesoro- directamente en la ventanilla de los bancos, igual sistema que el utilizado para retirar el capital a los vencimientos, según fuentes que participaron en la investigación. Cuando se optaba por este sistema, se lograba el total anonimato del inversor porque el banco sólo registraba la compra de las letras.
Identidad desconocida
En otros casos se abrieron cuentas en las entidades en las que se depositaban el capital y el rédito al vencimiento. Cuando se optó por comprar bajo el nombre de sociedades inactivas, también se conseguía el mismo propósito ya que los bancos o la sociedad de valores -filial de un banco- que también colocó dinero no repararon en saber si se trataba de firmas existentes, activas o inactivas.Algunas fuentes judiciales, que conocieron del caso antes y después de ser presentada la querella, sostienen que gran parte de los 1.500 millones del supuesto fraude corresponde al patrimonio de José Felipe Bertrán.
