Los socialistas italianos rechazan dar una solución política a los casos de corrupción
Destacados militantes del Partido Socialista Italiano (PSI) rechazaron ayer la propuesta de buscar una solución política al problema de la corrupción que rodea la financiación de los partidos, idea lanzada el jueves por Antonio di Pietro, el más conocido de los fiscales de Milán. Según esos militantes, los jueces deben continuar sus investigaciones caiga quien caiga.
Esto representa un cambio radical con respecto a anteriores declaraciones del ex líder socialista, Bettino Craxi, quien llegó a decir que las irregularidades en la financiación ilegal de los partidos debían tratarse en el Parlamento y no en los tribunales de justicia.Di Petro también señaló que él se limita a aplicar la ley y que carece de facultades para impedir que, dada la disusión de la corrupción política, las investigaciones judiciales sigan siendo una bomba de relojería que amenace continuamente la estabilidad del sistema.
Las razones del rechazo socialista, y del cambio de actitud que supone, son claras. Di Pietro hizo su propuesta precisamente el día en que Craxi renunció al liderazgo del PSI, acosado por el hecho de ser el único secretario general de partido implicado hasta aquí en este problema.
Pero la propuesta de Di Pietro ha dividido a toda una clase política ya desprestigiada, que vacila ante una iniciativa que podría resultar sospechosa de procurarle, una vez más, la impunidad que se le reprocha.
Los dos presidentes parlamentarios apoyan las palabras del magistrado, pero tienden a interpretarlas de maneras diversas: el del Senado, el republicano Giovanni Spadolini, quien ha dicho que "el problema moral es la mayor cuestión política", en el sentido directo de buscar una alternativa inmediata; el de la Cámara, Giorgio Napolitano, en el de acelerar la elaboración de nuevas leyes "sobre la inmunidad parlamentaria, las adjudicaciones de obras públicas o la financiación de los partidos".
La mayor aceleración de las actuaciones resultaría de la propuesta de Gherardo Colombo, otro magistrado milanés, que ha sido recogida por el exjuez de Palermo Giuseppe Ayala, hoy diputado republicano, que dice: "Funcionario o político que has robado, preséntante ante el juez; confiesa ampliamente y restituye el mal causado; no irás a la cárcel; sólo durante un cierto número de años, quedarás excluido de poder desempeñar cualquier cargo o función pública".
Durante el día de ayer, los magistrados encausaron e interrogaron a Gabriele Cagliarí presiente del Ente Nazionale d'ldrocarburi (ENI), investigado por haber pagado presuntamente al ex presidente del grupo Ferruzzi, Raúl Gardini, unos 75.000 millones de pesetas más de las debidas al concluir el intento de fusión entre el gran grupo estatal y Montedison. De ese dinero, los Jueces sospechan que salieron comisiones para el partido socialista.
También abrieron un sumario al democristiano Paolo Cirino Pomicino, ex ministro de Presupuestos muy próximo al ex presiente del Gobierno Giulio Andreotti.
