Inflación, actividad y ajuste
El análisis de la coyuntura por- la que atraviesa una economía nacional determinada es siempre interesante a efectos de los pequeños retoques que la política económica vigente pueda requerir en ese momento y, por tanto, cuanto má9 información procese tanto mejor. En momentos como el actual en los que lo que puede estar en juego es la propia política económica, un análisis de coyuntura bien hecho parecería condición indispensable para poder expresar una opinión mínimamente informada.Que el momento es delicado debería ser obvio a la luz de las discusiones cotidianas que en los más diversos foros económicos nacionales y europeos ponen sobre la mesa cuestiones de inestabilidad monetaria, de confección y reparto del presupuesto comunitario y de procesos de ajuste nacionales. Sin embargo, la discusión viene de bastante más atrás, y es mucho más drástica.
En efecto, durante las décadas de los cincuenta y sesenta, los economistas podían simultáneamente estar en punta en la teoría macroeconómica y sentirse progresistas en cuanto a la distribución de la renta y la riqueza. El manejo de la demanda agregada parecía haber vencido la naturaleza cíclica de la eco nomía de mercado, al tiempo que ese manejo se hacía posible gracias a un sector público que ponía en funcionamiento el llamado Estado del bienestar. Problemas de pagos internacionales y el primer choque energético rompieron la coincidencia feliz anterior. La consiguiente concepción de la política económica como política de oferta, así como los desarrollos teóricos sobre la incapacidad del sector público de afectar a la economía real, se desvinculaban de la redistribución a través del Estado del bienestar. De hecho, las economías necesitaban el ahorro, no para paliar diferencias, sino para reparar el aparato productivo.
Una serie de acontecimientos bien conocidos han problematizado la teoría y la práctica de la política económica hasta alcanzar la confusión actual. Japón hace tiempo que pone en práctica medidas heterodoxas y el triunfo de Clinton en Estados Unidos presagia un aumento del gasto público en infraestructuras a expensas, se espera, de los gastos en defensa.
En una situación de confusión como la descrita, en la que no hay teoría unívoca que guíe nuestros pasos, los economistas no tenemos más remedio que volver la vista a los hechos y concentrarnos en un análisis cuidadoso de la coyuntura.
Referencias europeas
Además, en el contexto de integración europea, el análisis coyuntural de una economía doméstica queda incompleto si no se realiza conjuntamente con el de las otras economías. Así, en esta nota se analiza la producción industrial y la inflación en las economías española, alemana, francesa, italiana y británica (que deberían ser nuestras referencias europeas).
El gráfico 1 recoge el crecimiento subyacente (crecimiento anual de la tendencia) y las expectativas de crecimiento a medio plazo de los índices de producción industrial (IPI) de los cinco países mencionados. De dicho gráficos se deduce que la producción industrial española ha empeorado en 1992 respecto al año anterior, ya que en el año en curso está registrando sistemáticamente un crecimiento subyacente negativo alrededor del 2%, que es inferior a la senda de crecimiento de 1991. Además, las perspectivas a medio plazo (uno o dos años por delante) son también malas, ya que se sitúan en crecimientos negativos del 1,5%.
Por otra parte, el gráfico 1 indica que la situación de la producción industrial española en 1992 es similar a la de los otros cuatro países considerados, excepto Francia, que es el único país que se mantiene con tasas positivas, aunque muy próximas a cero. Para todos estos países, las perspectivas a medio plazo consisten en que se mantenga aproximadamente la situación actual. La gravedad de la recesión de 1992 respecto a 1991 radica en que, al menos en la primera parte de 1991, había un país -Alemania- con tasas claramente positivas que podía tirar del resto de países, pero eso ha desaparecido por completo desde la segunda mitad de 1991 pasando, pues, la recesión a ser general en todos esos países.
La inflación
En el cuadro adjunto se recoge la situación inflacionista en estos países europeos considerados. En concreto, para España la inflación acumulada en el IPC en diciembre de 1992 será alrededor del 5,4%, de lo cual un punto porcentual debe descartarse, ya que es debido a los cambios en la imposición indirecta, IVA e impuestos especiales, y oculta, por tanto, los logros obtenidos en la inflación por los factores productivos. Descartar estos efectos es importante, pues en cuanto en cuanto no van a darse el año próximo, las expectativas de inflación son claramente inferiores a los niveles de inflación que s computan para el momento presente.
Las expectativas de inflación a lo largo de 1992 han disminuido alrededor de un punto porcentual; no obstante, con ello todavía la inflación española se sitúa alrededor del 4,5%. Estos valores son similares a los de las inf1laciones italiana y británica, pero superiores a la alemana y sobre todo a la francesa. Además, tal nivel inflacionista español viene tremendamente dominado por la inflación en los mercados de servicios.
La exigencia de convergencia que España se ha autoimpuesto nos ha llevado a una lucha anflinflacionaria que, como acabamos de ver, ha tenido éxitos notables con la excepción del sector servicios. Como, por otro lado, y a pesar de las dos devaluaciones de la peseta, los tipos de interés nominales en España han permanecido, altos por necesidades de financiación del déficit público, los tipos de interés reales, y muy especialmente los tipos exante, han crecido de manera notable.A partir de las expectativas de inflación a corto y medio plazo en cada momento del tiempo se han construido en el gráfico 2 los tipos de interés reales ex-ante para las operaciones en el mercado interbancario a tres meses, las letras del Tesoro y la deuda pública. El gráfico muestra que tales tipos han ido subiendo a lo largo de 1992, situándose en septiembre de este año entre el 9% y el 10%.
Tipos de interés reales de tal magnitud suponen un freno para cualquier proceso de recuperación económica, y la atención de los economistas debiera centrar se en reducir, de forma ortodoxa dichos tipos. Su magnitud refleja la escasez de ahorro y su crecimiento reciente (véase el gráfico 2) pone de manifiesto que dicha escasez se hace cada vez más acuciante para la salida de la recesión. Como el ahorro familiar y el empresarial dependen, a su vez, básicamente del nivel de actividad, la política económica no tiene más remedio que pasar por una reducción drástica del desahorro público, que representa un déficit público que en 1992 rozará el 5% del PIB. LAD
Conclusiones
A pesar de las incertidumbres apuntadas en la introducción, un buen análisis de coyuntura es muy capaz de poner el dedo en la llaga: la falta de ahorro nacional. En estas condiciones, y si España quiere efectuar las inversiones necesarias para dar trabajo a su población activa, sólo tiene dos opciones: o vender España al extranjero (o, por ser más precisos, seguir haciéndolo) o regenerar el ahorro nacional.
A pesar de recientes fervores internacionalistas seguimos creyendo imprescindible el mantenimiento de los centros de decisión, por lo que no nos queda más remedio que admitir que no nos podemos seguir permitiendo el desahorro que el déficit público implica.
En una economía desarrollada hay que atender pensiones de jubilación dignas, hay que man-, tener ciertos niveles del subsidio de desempleo y no puede dejar de ofrecerse ciertos servicios públicos. La mayoría de estos gastos no pueden reducirse significativamente (tal como han puesto de manifiesto algunos globos sonda, sobre, por ejemplo, el subsidio de desempleo o los gastos de sanidad) ni es fácil imaginar la privatización de los correspondientes servicios.
Como consecuencia, conseguir las reducciones previstas del déficit público exige una reforma de la Administración pública, que muy bien podríamos calificar de reconversión administrativa. Esta idea puede parecer utópica, pero la necesidad acabará imponiéndose. Como los servicos públicos son un bien no comercializable internacionalmente, la apertura de mercados no supondrá presión alguna hacia la provisión eficiente de los mismos. Por ello debe ser el Gobierno el que corra con los costes políticos de su puesta en práctica. No sólo hay que proceder ordenadamente a reducir los costes de personal de la Administración mediante la racionalización del trabajo y de las plantillas, sino que también hay que proceder a asignar prioridades valientes poniendo más énfasis en el crecimiento de partidas que, como la educación, mejoran nuestra competitividad, que en el crecimiento de otras, como no pocos gastos sociales, que aunque nunca lleguen a alcanzar niveles satisfactorios, han disfrutado de incrementos significativos en los últimos años.
En nuestra opinión, la economía española ha alcanzado unos niveles de apertura exterior y de modernidad interna que la capacitan para ocupar un lugar digno en el concierto de los países europeos con los que nos hemos comparado en este artículo. Pero esto no va a ocurrir de forma instantánea, sino que exige un saneamiento profundo del sector público sin el que muchas esperanzas quedarán defraudadas.
Cátedra Argentaria y Juan Urrutia Comisión Gestora. Universidad Carlos III de Madrid.
