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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La batalla del GATT

EL GOBIERNO francés parece decidido a rechazar el preacuerdo agrícola alcanzado entre EE UU y la Comisión Europea. El preacuerdo sentaría las bases para una definitiva conclusión de la Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), bloqueadas durante los pasados seis años. El rechazo francés podría tener importantes consecuencias para el futuro inmediato de la propia CE y para el comercio mundial.El primer ministro francés, Pierre Bérégovoy, fue, explícito en su intervención parlamentaria: "Si tiene que haber una crisis europea por este tema, la habrá", declaró. ¿Cuál es el tema? Sencillamente, que, a juicio del Gobierno de París, los acuerdos suscritos en Washington atentan contra los intereses de los agricultores franceses. La Comisión Europea, por su parte, considera que los acuerdos son compatibles con la Política Agrícola Comunitaria (PAC), reformada en mayo pasado. ¿Cómo puede la disminución de subvenciones a los agricultores franceses provocar una crisis comunitaria capaz de dar al traste con la propia CE? La explicación, evidentemente, es política: el Gobierno francés no está dispuesto a perder un porcentaje significativo del electorado: unos agricultores habituados a recibir de Bruselas unos 700.000 millones de pesetas anuales. Es decir, hay que leer el conflicto, en una parte, en clave interna.

Ante ello, el Gobierno de París tiene tres opciones: primero, tratar de conseguir los 23 votos que le permitirían bloquear en la CE la ratificación del acuerdo comercial, para la que se exige la mayoría absoluta (54 de los 76 votos ponderados, según una escala por tamaño e importancia de cada uno de los países). De ahí el llamamiento de Bérégovoy a Portugal, España, Irlanda y Grecia como contrapartida a su apoyo a los fondos de cohesión que impulsarían el desarrollo de los países más pobres de la CE. Este procedimiento sería, sin duda, el más democrático.

Otra opción sería la de tratar de convencer a sus socios comunitarios de que la ratificación del acuerdo atenta contra los intereses nacionales de Francia, por lo que, acudiendo al llamado compromiso de Luxemburgo, podría imponer la unanimidad, en lugar de la mayoría absoluta. En tal caso, el acuerdo podría darse por no firmado, puesto que con la negativa francesa no sería posible la unanimidad. Por último, lo que es más grave, está la hipótesis de que Francia optara por rechazar el acuerdo, sin más. Con ello, la política comunitaria y los planes de unión previstos podrían darse por finiquitados. Tres opciones que tendrán que decantarse en un plazo breve, puesto que los acuerdos comerciales previstos en la Ronda Uruguay son mucho más amplios que las cuestiones de las oleaginosas o de los subsidios agrícolas.

En este contexto, la actitud española no puede ser lineal: ni otorgar un cheque en blanco a Francia, ni dejar de reconocer que las liberalizaciones agrícolas han beneficiado a EE UU, Canadá o Australia y nunca a Europa o al Tercer Mundo; lo que significa que Mitterrand no deja de tener un punto de razón. El Gobierno español debe analizar en profundidad, antes de nada, si el preacuerdo entre la Comisión y EE UU es compatible con la PAC y con los intereses españoles; una vez aclarado esto, su posición debe ser la de intentar la conciliación, evitando que Francia quede aislada en el seno de la CE y se produzca una confrontación de once contra uno. Esto supondría la puntilla para un proceso de unidad, que pasa ahora por un momento de, extrema fragilidad.

Lo que está en juego no es baladí. La posible paralización de la Ronda Uruguay afecta a muchos más países de los que conforman la CE y Estados Unidos, a algunos de ellos de manera fundamental para sus frágiles economías. Y mientras Estados Unidos y Europa continúan sus disputas, Japón y los países del Sureste asiático no aceptan ninguna regla de juego e incrementan la agresividad de sus exportaciones al tiempo que establecen una frontera en su interior para los productos que llegan de fuera. Lo que evidencia que el debate proteccionismo contra liberalización no es tan maniqueo como se está presentando: ni Francia actúa sólo por motivaciones egoístas, ni Estados Unidos es el paladín del libre mercado, ni el antagonismo se circunscribe al Occidente desarrollado.

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