Economía deniega un crédito extraordinario
L. R., Antonio Zabalza, secretario de Estado de Hacienda, envió el pasado 13 de marzo una carta a Antoni Asunción, secretario general de Asuntos Penitenciarios, en la que lo único agradable era el encabezamiento: "Querido Antoni".
En el texto se ofrecían 657 millones de pesetas frente a los 12. 100 millones de pesetas que pedía Asuntos Penitenciarios y se sugería el desvío del gasto a la nueva empresa estatal creada para la construcción de los nuevos recintos: "A la vista de esta situación parece conveniente analizar los gastos de funcionamiento y cuantificar aquellos que puedan desplazarse a la Sociedad que ha de desarrollar el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (de seguridad, equipamiento, etc)".
La reprimenda también se escondía en la respuesta de Zabalza: "Por otro lado, me parece absolutamente necesario llevar a cabo esas medidas que tenéis previsto aplicar a los centros para implantar la disciplina presupuestaria, y ajustarse en todo momento a lo preceptuado en la Ley General Presupuestaria en materia de compromisos de gasto".
Una situación, si se siguen los consejos de Hacienda, que sólo puede significar a la larga construir menos recintos. SI la cifra manejada al principio por Asuntos Penitenciarios estaba en 20 nuevas cárceles, según reflejan algunos de los comunicados de su oficina de Prensa, la cifra está ahora en 18 y cada 7.000 u 8.000 millones de pesetas -el coste de las nuevas prisiones- que se desvían supondrán también una cárcel menos.
Y todo, además, con la fuerte oposición de las poblaciones afectadas por las nuevas cárceles, y el enfrentamiento con numerosos ayuntamientos que quieren participar en los beneficios que supone la liberación de terrenos tras el futuro cierre de los viejos recintos. Todo indica que el proyecto de remodelación y construcción de cárceles nació con demasiados peros sin resolver.
