Una inflexión a dos bandas
Las primeras declaraciones del Gobierno tras el 28-M, al minimizar el alcance de la participación e insistir en que su actitud no variará un ápice respecto de la existente con anterioridad a la huelga, podrían ser comprensibles en el terreno psicológico, pero constituirían un problema político en el caso de que efectivamente considerara que lo que ha pasado no ha servido para mucho más que para molestar a la ciudadanía y producir determinadas pérdidas en la economía del país.Porque lo ocurrido en la jornada del 28-M y, sobre todo, sus antecedentes y posibles repercusiones futuras son algo de bastante mayor entidad, aunque la paralización de la actividad económica no fuera la del 14-D dividido por dos.
De entrada, no deja de ser chocante tildar de "relativo fracaso" una convocatoria en la que, según las propias -y polémicas- estimaciones del Gobierno, han participado tres millones y medio de trabajadores.
En todo caso, a la hora de las comparaciones con la huelga general del 14-D de 1988, lo menos trascendente es la aritmética. Pues en aquel entonces el mensaje transmitido por los sindicatos a los trabajadores procuró ceñirse a la demanda de un giro social en la política del Gobierno.
Críticas al Gobierno
El Gobierno, en sí mismo, fue relativamente poco cuestionado. Por el contrario, lo que ha acompañado al 28-M es algo cualitativamente distinto. Pues el denominador común dé las miles de asambleas celebradas en la campaña previa ha sido descalificar al Gobierno como tal con tanta o mayor dureza que a su política.Sobre esa campaña y sobre la conciencia de que estando tres de los cuatro motivos de la movilización en manos del Parlamento -con el que nadie se ha metido-; esto es, con la impresión de que el margen para obtener satisfacción a las demandas planteadas era muy reducido por la vía-sindical, han participado varios millones de trabajadores, lo han hecho la práctica totalidad de los pertenecientes a los sectores industriales -mejor organizados- y se han comprometido de forma militante decenas de miles de representantes de los trabajadores en las empresas.
Es un ejercicio especulativo evaluar la repercusión electoral que podría tener todo esto en el caso de que, como se dice, las actitudes vayan a seguir siendo las mismas. Incluso puede haber quienes estén calculando que lo que se pierda por este lado puede compensarse por otro. Pero aun en la hipótesis -que no comparto- de que sucediera así, la gravedad de su posible repercusión política para la izquierda no se le puede escapar a nadie.
Porque el nuevo fenómeno, hay que repetirlo, es la convicción del grueso de los cuadros sindicales y de buena parte de los representantes de los trabajadores en las empresas de que reivinidicaciones como las planteadas el 28-M, así como otras equivalentes, no tendrán solución con este Gobierno.
Y aunque sea evidente que la tendrían menos aún con cualquier otro de los posibles en el próximo futuro, hay que estar ciego para no ver cómo se extiende en estos sectores la idea de que, pase lo que pase, hay que castigar política y electoralmente al Gobierno actual. Tal encono, por disparatado que a algunos nos parezca, encierra otro problema de incalculable calado.
Podría significar que una parte importante del movimiento sindical esté cruzando el rubicón que separa lo que ha venido siendo desencuentro, crítica y confrontación con una política económica determinada, para situarse en un nuevo estadio donde la negación y el radical divorcio con el fundamental partido de la izquierda resultara, además de traumático, irreversible. Algo que, desde luego, nada tendría que ver con la incuestionable autonomía de los sindicatos.
Modelo sindical
Si frente a este panorama, el Gobierno se sintiera tentado a marginar en la práctica a los sindicatos, a la espera de que reconozcan sus errores y hagan acto de contricción; esto es, si se inclinara a tratarlos como el vencedor a los vencidos, las consecuencias probables serían radicalizar las posiciones y una impredecible búsqueda de salidas que afectaría más que ahora a la vida política, al tipo de sindicalismo practicado y al propio proyecto del PSOE como partido.La conclusión más obvia es que no se puede ni se debe continuar así. Y el camino para salir de esta nefasta dialéctica pasa, como tantas veces se ha repetido, por abrir un proceso de diálogo, negociación y acuerdos que vayan progresivamente desactivándo el enfrentamiento que desde 1987 preside las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos. A estas alturas no sirven de nada las meras declaraciones de voluntad negociadora. Se han gastado a lo largo de estos años. Por eso, hablar en serio hoy de negociación y acuerdo supone hablar de inflexiones tanto en la acción sindical como en la acción de gobierno.
Del lado sindical hay que plantearse si se puede seguir con una estrategia que descansa en el discutible supuesto de que como la política del Gobierno viene fracasando sistemáticamente corresponde pelear sin tregua hasta conseguir un cambio global de esa política.
Porque la cuestión no está en negar que a lo largo de estos años se han producido efectos sociales negativos, como pueden serlo la acelerada extensión de la precariedad en el empleo, la permanencia de altos niveles de paro, la desigual distribución de la riqueza y su consiguiente repercusión sobre las capas sociales con menores posibilidades de autodefensa, o medidas que, como el decretazo, son un duro retroceso en una muy sensible conquista social.
La cuestión es que en tanto el Gobierno contraponga el dató, también cierto, de que en los últimos seis años la riqueza general del país ha crecido en una cuarta parte más, que se han creado cerca de dos millones de puestos de trabajo y que, en otra serie de parámetros, desde la renta por. habitante, los diferenciales de inflación, las obras públicas o incluso lo que se destina del PIB a protección social pública, las diferencias respecto de la media comunitaria son apreciablemente menores, es impensable que vaya a realizar ese cambio sustancial que se le pide a su política. Los contenidos del programa de convergencia son indicativos de lo que digo.
Por todo ello, sin renunciar ni mucho menos a demandas como las de ir equiparando mejor y más aprisa nuestra situación de empleo, contratación, renta, protección social, etcétera, a las del promedio comunitario; sin dejar de criticar y combatir lo poco progresista de esa concepcion que plantea la de "primero, crecer, y luego, repartir", el movimiento sindical habría de afinar mucho más en los juicios de algunos de sus portavoces -lo de España no es thatcherismo- y afinar, sobre todo, en la distinción entre lo deseable y lo sindicalmente posible.
Se trataría, en suma, de asumir un enfoque más ajustado en los objetivos y en las reivindicaciones a corto, medio y largo plazo. Su traducción práctica, aquí y ahora, es que tras el 28-M se consigan mediante la negociación algunos avances concretos y tangíbles, aunque sean modestos.
Porque si no es así y se entra en una dinámica que tras el 28-M sitúe como única perspectiva real preparar la huelga general anunciada para el otoño, el resultado previsible serían nuevas dosis de crispación en un notable segmento de trabajadores, paralela a un no menos notable crecimiento del número de los que, con mayor o menor frustración, optarían por inhibirse.
Ni que decir tiene que si por parte del Gobierno no se produce una inflexión equivalente, que además de distinguir entre lo deseable y lo posible tenga en cuenta lo políticamente conveniente, entonces no habrá solución.
Para facilitarla al menos, sin entrar en pormenores y sin salirnos del objetivo prioritario que para el Gobierno -no sólo el Gobierno- constituye la convergencia con Europa, sería una decisión inteligente otorgarse a sí mismo mayor margen de maniobra en las disponibilidades de recursos, situando el déficit previsto para 1997 en el 3% en lugar del 1% programado, aprovechar que también existe cierto margen, aunque sea pequeño, en el menor peso relativo de nuestro sector público y de nuestra fiscalidad respecto del volumen medio de la CE, contemplar un posible horizonte temporal algo superior al de 1997, habida cuenta de la probable revisión del calendario por parte de la Comunidad, amén de algún ajuste más hondo tras el referéndum en Dinamarca y, en. definitiva, salirse de una rigidez que objetivamente Ya a impedir satisfacer algunas demandas sociales sin las que los acuerdos con los sindicatos serían inviables.
Consenso posible
Aparte de esto, pueden todavía buscarse soluciones para obtener una Ley de Huelga con consenso sindical, hay bases sobradas para un acuerdo en la formación profesional, debe promulgarse sin demora la ya negociada Ley de Salud Laboral, cabe corregir efectos del decretazo por la vía directa de su modificación y por la indirecta de reducir y mejorar el marco legal para la contratación precaria, y también favorecer el fortalecimiento de los sindicatos mediante medidas, a su vez, homologables con Europa.La transición del enfrentamiento endémico a un razonable entendimiento, de producirse, no lo va a ser de la noche a la mañana. No es nada atractiva la idea, por ejemplo, de que se repita una vez más la escenificación de los desacuerdos en una mesa conjunta, al estilo de lo que sucedió el pasado año con el frustrado pacto de competitividad.
Por eso son imprescindibles las exploraciones previas. En este sentido, es más que conveniente que, aparte de la concreción pública de las propuestas de negociación hacia el Gobierno, se produzca un diálogo más fluido entre la dirección del Partido Socialista Obrero Español y las de los sindicatos. Diálogo que no es en absoluto incompatible con el hecho de que la negociación formal corresponde al Gobierno, pero que valdría también para romper esa imagen de que existe mucha más permeabilidad en la comunicación de los sindicatos con los demás partidos que con el que viene ganando las elecciones desde 1982.
