Fiscales de Barcelona rechazan la orden de Eligio Hernández de encarcelar a los insumisos

BLANCA CIA La mayoría de los fiscales del Tribunal Superior de Cataluña votaron ayer, en junta de fiscales, pedir al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que reconsidere la instrucción que ordena pedir penas lo bastante altas para- que comporten el ingreso en prisión para los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar. De los 72 fiscales que participaron en la junta, 63 se oponen a la orden, mientras que otros 9 se abstuvieron.

Uno de los votos de abstención fue el del fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que forma parte de la Junta de los Fiscales de Sala, máximo órgano de la carrera fiscal.La mayoría de los fiscales de Barcelona, después de debatir el contenido de la instrucción sobre los insumisos -la primera de Eligio Hernández, tras tomar posesión en el cargo en abril pasado en sustitución de Leopoldo Torres llegó a la conclusión de que la orden era "procedente" y "no se ajustaba a derecho".

Por mayoría absoluta, los fiscales del Tribunal Superior de Cataluña decidieron acogerse al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal, que prevé mecanismos cuando se disiente de una orden de un superior. El citado artículo precisa que si la orden es del fiscal general del Estado, como ocurre con la instrucción de los insumisos, éste "resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Ello quiere decir que la instrucción deberá ser debatida por el máximo órgano de la carrera y que éste deberá pronunciarse a favor de refrendar la orden, modificarla o retirarla.

Varios de los fiscales que asistieron a la junta manifestaron a este diario que el rechazo hacia la orden era prácticamente unánime, sobre todo por la dureza que comporta.

El fiscal general del Estado insta, en la citada instrucción, a pedir penas de 18 meses de prisión o de dos años y cuatro meses de cárcel para los jóvenes que se nieguen a hacer la mili.

Asimismo, también ordena que los fiscales se opongan a la concesión de la condena condicional -que se puede otorgar con penas de hasta dos años de cárcel y que comporta no cumplir la condena en un penal-, de manera que no exista otra opción que el ingreso en la cárcel.. Los fiscales de Barcelona consideran que ambas directrices -la de solicitar penas altas y oponerse a la condena condicional- no pueden aplicarse automáticamente en todos los casos, tal como indica la orden del Eligio Hernández.

Fuentes de la fiscalía de Barcelona precisaron que la ley se debe aplicar siempre ateniéndose a las circunstancias particulares de cada procedimiento. Asimismo subrayaron su oposición a una orden que, prácticamente, comporta una limitación "excesiva" de las facultades de los representantes del ministerio público en la aplicación de las leyes.

Jueces y objetores

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también expresó ayer, a través de su portavoz, Ladislao Roig, su desacuerdo con la instrucción del nuevo fiscal general del Estado.

Roig recordó que, ya en su último congreso, celebrado en mayo pasado en Palma de Mallorca, la UPF aprobó una resolución sobre el problema de los insumisos en la que calificaba de "desproporcionada y excesiva la reacción penal para este tipo de delitos". En consecuencia, según su portavoz, la asociación de fiscales progresistas "no puede compartir" la instrucción del fiscal general del Estado.

Ladislao Roig calificó también, a título personal, de lamentable" que la primera instrucción de Hemández "se refiera a este problema, cuando hay otros de mucho mayor calado social". Juan Ortiz úrculo, de la Asociación de Fiscales, mayoritaria, no quiso pronunciarse sobre la instrucción, alegando su desconocimiento.

Perfecto Andrés, de la asociación Jueces por la Democracia, pidió ayer que haya una actitud beligerante con la insumisión, al igual que con el aborto, hasta que se resuelva este "problema político-moral".

Francisco Cenamor, miembro de la Coordinadora de Colectivos Anti-Mili, resumió así la primera impresión de los afectados sobre la instrucción del fiscal general: "Nos parece fátal".

[Por otro parte, tres objetores de conciencia de Barcelona abandonaron ayer la Prestación Social Sustitutoria al considerar que la duración de ésta discrimina a los objetores respecto a los que realizan el servicio militar.]