La crisis sociopolítica venezolana
La pregunta que se formula el autor a propósito del reciente intento de golpe de Estado en Venezuela es: ¿se logrará en ese país la construcción de una nueva hegemonía y de un nuevo pacto que permitan superar la crisis de su modelo sociopolítico? Si se falla en esa tarea, agrega, otro intento golpista puede estar próximo.
Por segunda vez en menos de tres años, la democracia en Venezuela estuvo en los titulares de los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, entre las dos veces -el 27 de febrero de 1989, ese estallido violento y amorfo de la impotencia cuando las masas se creían poderosas hasta que una cruenta represión las redujo otra vez a aquélla, y el intento golpista del 4 de febrero de 1992- se dieron numerosas manifestaciones menos publicadas de intranquilidad social, desobediencia civil y protesta política. Todo ello tiene un denominador común: la grave crisis del sistema político.En principio, éste había empezado muy bien. Incluso antes de la caída, en enero de 1958, del (hasta ahora) último dictador militar, Marcos Pérez Jiménez, las cúpulas de los partidos e importantes líderes de la burguesía habían sentado las bases para un acuerdo. Éste abarcaba dos aspectos fundamentales: la forma democrática de convivencia política y el modelo modernizador-industrialista de desarrollo económico, incluyendo los modos de distribución de la renta petrolera. Este pacto se formalizó sólo en dos ocasiones: 1958, para garantizar el reconocimiento del resultado de las elecciones y un Gobierno de coalición después (Pacto de Punto Fijo), y 1959, para fomentar las relaciones pacíficas entre obreros y patronos (advenimiento obrero-patronal). Por lo demás, funcionó cada vez más perfecta y tácitamente. Sus bases se ampliaron, hasta que, a mediados de los sesenta, estuvieron representadas en él las fuerzas vivas de la sociedad: además de los sectores medios (a través de los partidos), la burguesía como un todo, la burocracia sindical, la jerarquía eclesiástica, una parte de la intelectualidad y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Sus mecanismos de concertación se refinaron y cristalizaron en políticas que no sólo estaban de acuerdo con el modelo económico convenido, sino que gozaron de amplio apoyo. Su efectividad fue tan grande que proyectos alternativos de sociedad, pese a la pugnacidad de sus portavoces al inicio de la democracia (recuérdese la lucha armada por implantar un modelo socialista o los intentos de restablecer un régimen autoritario), perdieron crecienternente espacios y adeptos.
En los primeros 15 años de vigencia de la democracia se construyó conscientemente una hegemonía social, condición del montaje del aparato institucional correspondiente. Sin duda que la renta petrolera los facilitó, mas no era sino el respaldo material de una voluntad política compartida.
Naturalmente no desaparecieron las desigualdades, las exclusiones de amplios sectores, la explotación y la dominación. Pero sus efectos pudieron ser mitigados por el funcionamiento del pacto, la existencia de una ideología armonizante producto de la hegemonía y la disponibilidad de recursos para satisfacer algunos intereses y necesidades de los grupos y clases subalternos.
Las primeras grietas y fisuras en el pacto se produjeron durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Su proyecto de la Gran Venezuela implicaba un mayor "capitalismo de Estado". Como la renta petrolera se había triplicado a partir de octubre de 1973, existía abundante dinero para emprender grandes proyectos de desarrollo. El sector privado (o la burguesía) veía en los mismos, al igual que en la nacionalización del hierro (1975) y del petróleo (1976), una amenaza a su protagonismo social. Por otro lado, no se logró poner la modernización del Estado a la par de su papel cambiado en el nuevo modelo de desarrollo. Las instituciones y los partidos, los sindicatos y otras organizaciones representativas, empezaron a desfasarse respecto de los cambios en marcha. Al final del periodo resultó, además, que el crecimiento sobre la base de la Gran Venezuela creaba distorsiones en la economía (inflación, endeudamiento externo) y al mismo tiempo expectativas de los sectores medios y obreros que eran imposibles de satisfacer si se quería mantener el proyecto.
Tecnocracia estatal
Por el crecimiento de la tecnocracia estatal y un cierto autoritarismo en el estilo de gobierno de Pérez se deterioraron también los mecanismos de concertación previstos en el pacto.
Todo ello, unido al hecho de que la corrupción de siempre (cual acumulación originaria de los políticos) se hizo más visible, debilitó la legitimación del sistema. Es lógico suponer que este proceso también fue percibido por las Fuerzas Armadas.
El presidente Luis Herrera Campins (1979-1984), un socialcristiano con fama de izquierdista en su partido (COPEI), tildaba por cierto a los que hablábamos de crisis de profetas del desastre. Sus políticas económicas fueron zigzagueantes: no solamente no superaban las distorsiones, sino que las profundizaban, hasta que en febrero de 1983 tuvo que devaluarse la moneda nacional. Su Gobierno fue el más sectario, incluso frente a su propio partido, lo cual aceleró el deterioro de los mecanismos de concertación del pacto. Las organizaciones representativas siguieron perdiendo representatividad.
El desastre que constatábamos algunos analistas fue tan perceptible que Jaime Lusinchi (AD) y Rafael Caldera (COPEI) hicieron la campaña electoral de 1983 con la promesa de cambio. El presidente Lusinchi hablaba de la necesidad de un nuevo pacto social. Pero sus buenas intenciones se sepultaron a menos de un año de haberse iniciado su Gobierno bajo la influencia de una burguesía robustecida (sobre todo su sector financiero), frente a partidos, sindicatos y otras organizaciones cada vez más debilitados. En adelante siguió una política que mezclaba elementos populistas con neoliberales, lo cual le rendía aparentes frutos en su propia popularidad, pero deterioraba la economía aún más, pese a modestas tasas de crecimiento. La corrupción adquirió formas cada vez más escandalosas.
Cúpulas partidistas
La reforma del Estado, para la que Lusinchi constituyó pomposamente una comisión en su primer año de gobierno, se estrellaba contra la indiferencia de su propio creador y de las cúpulas partidistas, especialmente las de su partido. Los mecanismos de concertación del pacto degeneraron en conciliábulos, ya sea con los sindicatos, con las organizaciones empresariales o incluso con los militares.
Mientras tanto, la, crisis política se hacía cada vez más evidente. Las luchas dentro de los partidos y sindicatos eran personalistas y señalaban su distanciamiento del país. Incluso la organización patronal dejó de funcionar con la coherencia de antaño. La Iglesia, incluyendo su sector más bien conservador, empezó a levantar su voz de protesta frente a lo que describía como crisis moral. La indignación de sectores militares fue un secreto público. Finalmente, la aventura extramarital de Lusinchi, unida al poder real que su objeto de deseo adquirió en el cargo no precisamente constituciona e secretaria privada, implicó una degradación de la majestad simbólica del cargo del presidente y, por ende, un mayor debilitamiento del Estado y del pacto.
Esta crisis ha venido profundizándose porque la aplicación de las políticas neoliberales durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, con sus secuelas de empobrecimiento de la gran mayoría de los actores colectivos, ha venido atomizando y resquebrajando la tan mentada sociedad civil de la que muchos esperaban una salida de la crisis. Además, el discurso de la reforma de Estado y sistema político suena vacío ante la falta de prácticas concretas de sus actores al respecto. Tales circunstancias son el caldo de cultivo de rebeliones masivas a la 27-F o intentonas golpistas a la 4-F.
La pregunta entonces es: ¿Se lograrán la construcción de una nueva hegemonía y la constitución de un nuevo pacto cual nuevo proyecto nacional? Si fallamos me temo que un próximo intento de golpe pueda estar a la vuelta de la esquina.
