El PP pide que las prisiones estén gestionadas por empresas privadas
El Partido Popular (PP) cree que las prisiones españolas pueden funcionar mejor si se pone en manos de empresas privadas la seguridad y gestión económica de las mismas, según manifestó ayer Rogelio Baún, portavoz de dicho partido en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. Baón dijo que hay cierta permisividad en el tráfico de drogas "porque facilita el gobierno de las cárceles y relaja a los delincuentes".
El diputado dio a conocer un informe "alarmante" sobre la situación de las cárceles, tema sobre el que ha presentado una interpelación urgente para el pleno del Congreso a celebrar mañana. Baón se refirió también a la "impunidad" con que circulan las drogas por los centros penitenciarios e informó que el Estado adeuda unos 6.000 millones de pesetas a pequeños comerciantes por suministros a las prisiones durante 1991.Rogelio Baón señaló que en las prisiones españolas había el 31 de diciembre pasado un total de 37.880 reclusos, lo que supone unos 12.000 más de su capacidad real. "Las cárceles están a reventar". dijo el diputado popular. Este sostiene que pedirá la destitución del secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antonio Asunción, debido a la "mala gestión" de los 60.000 millones de pesetas dedicados por el Estado a la atención para la población reclusa. El PP asegura que el Gobierno deberá solicitar un crédito extraordinario de 8.000 millones de pesetas para pagar a los pequeños detallistas que han suministrado alimentos y otros artículos.
Garitas
En otro momento de su intervención ante los periodistas, el portavoz del Partido Popular declaró: "Entendemos ociosa la existencia de 2.000 guardias civiles en las garitas de las prisiones". El razonamiento para hacer tal aseveración se basa en que estos agentes no pueden disparar para evitar las fugas de presos, ya que podrían causarles la muerte.
"Los guardias civiles se limitan a recomendarles que no se vayan", motivo por el que, según el diputado popular, sería más eficaz montar un sistema de seguridad privado basado en medios técnicos y electrónicos que eviten las 500 evasiones habidas en los últimos dos años. En las prisiones hay una gran permisividad respecto al tráfico de drogas, porque de este modo es más fácil gobernar a los reclusos, sobre todo teniendo en cuenta que en España hay un funcionario para cada interno, mientras que en Europa esta relación es de un funcionario por cada nueve presos, según Baón. También agregó que el 70% del dinero que manejan los reclusos lo destinan a la compra de estupefacientes y el resto de su peculio (6.000 pesetas a la semana por preso) lo emplean en la adquisición de alimentos y otros productos en los economatos.
Pese a las críticas vertidas contra el sistema penitenciario, el PP considera muy positiva la política de dispersión de presos de ETA puesta en marcha por el Ministerio de Justicia "porque ha diversificado el riesgo y ha resquebrajado la moral de grupo de los etarras". La diputada Loyola de Palacio añadió sus quejas contra Francia por mantener el estatuto de refugiado para los etarras y finalizó afirmando que la colaboración antiterrorista gala fue más intensa durante la etapa Chirac que durante el actual Gobierno socialista.
