El 15% de los jóvenes españoles se declaran objetores de conciencia para no al servicio militar

Un total de 28.051 jóvenes se dirigieron durante 1991 a la Administración para reclamar su reconocimiento como objetores de conciencia al servicio militar. Esta cifra es algo superior a la registrada en 1990, año en que se dobló el número de solicitudes. El espectacular incremento de los objetores parece haberse frenado, aunque tiende a consolidarse en casi 30.000 anuales; lo que equivale al 15% de los jóvenes que cada año empiezan la mili y convierte a España en el segundo país de la Comunidad Europea en porcentaje de objetores, inmediatamente después de Alemania.

Tras el incremento de casi el 110% experimentado en 1990, las solicitudes presentadas ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CONC), organismo de la Administración encargado de reconocer oficialmente a los objetores, crecieron sólo el 2,3% el pasado año, pasando de 27.398 a 28.051. Este ligero aumento evidencia, según fuentes del Ministerio de Justicia, que "el fenómeno de la objeción de conciencia se va normalizando en España, como ha sucedido en otros países, y tiende a estabilizarse, cuando no a decrecer, tras la inicial explosión".No obstante, aunque se redujera a medio plazo, la actual cifra de objetores, de 25.000 a 30.000 anuales, coloca a España a la cabeza de la Comunidad Europea en cuanto a implantación de este fenómeno. Las solicitudes presentadas en 1991 equivalen casi al 15% de los jóvenes que a lo largo de este año iniciarán el servicio militar, porcentaje que sólo se da en Alemania, el país donde mayor tradición tiene la objeción de conciencia, y muy por delante de Bélgica, que con el 5% se sitúa en tercer lugar.

Por primera vez, los objetores reconocidos el año pasado (28.627) fueron más que las solicitudes presentadas (28.051), pues se resolvieron muchos expedientes de 1990. En total, el número de solicitudes presentadas desde que entró en vigor la ley de objeción de conciencia, en 1984, asciende a 107.102, mientras que los objetores reconocidos alcanzan 90.216. A esta última cifra hay que añadir 2.435 objetores reconocidos como tales tras haber cumplido el servicio militar.

5.000 solicitudes denegadas

Durante sus siete años de funcionamiento, el Consejo ha denegado 4.712 solicitudes; por no alegar los jóvenes ningún motivo específico para negarse a hacer la mili (2.932 casos), por tratarse de mujeres o de menores de edad (1.733) o por haber empezado ya el servicio militar (47). En el mismo periodo, un total de 3.335 objetores han cambiado de opinión y renunciado a tal condición tras haberla solicitado e incluso obtenido, ya sea para realizar el servicio militar o para engrosar las filas de los insumisos, que rechazan tanto la mili como la prestación sustitutoria. El pasado año se produjo un fuerte aumento de las renuncias, que crecieron desde 623 en 1990 a 1.532 en 1991.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre insumisos, la entrada en vigor de la nueva ley del Servicio Militar, que traslada a los tribunales ordinarios la competencia para juzgar estos casos, ha permitido saber que la Justicia castrense abrió diligencias contra 1.289 personas y procesó a 500 por negarse a ingresar en el Ejército.

Las cifras del Consejo no coinciden con las de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, dependiente del Ministerio de Justicia, que contabilizaba sólo 79.396 objetores a 31 de diciembre de 1991, debido al desfase burocrático que existe entre ambos organismos oficiales.

De este número, 3.439 están realizando la prestación sustitutoria del servicio militar y otros 1.020 ya la han cumplido. Los objetores que han sido declarados útiles y aún no se han incorporado al servicio civil son 7.373. A pesar de las críticas formuladas al funcionamiento de la prestación, especialmente desde el Ministerio de Defensa, los responsables de Justicia sostienen que los 13.556 puestos concertados en toda España, y los que se están negociando actualmente, son suficientes para absorber el volumen previsible de objetores.

Problema en el País Vasco

Otro problema distinto es la distribución geográfica de objetores y plazas. Mientras el País Vasco es la tercera comunidad con mayor número de objetores (10.665), por detrás de Madrid (14.568) y Cataluña (12.702), hace la número 11 en puestos para realizar la prestación sustitutoria, con sólo 352, menos de los que tiene Extremadura (379), región en la que únicamente existen 1.102 objetores. Esta situación evidencia el eco que entre las instituciones públicas y privadas de Euskadi ha tenido el rechazo de los objetores vascos a la vigente ley de Objeción.

Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene pendiente de aprobación un real decreto que reduce de 18 a 13 meses la duración de la prestación sustitutoria, en coherencia con la reducción de 12 a nueve meses experimentada por la mili. El Ministerio de Justicia ha propuesto incluir en este decreto una nueva regulación de los trámites para solicitar la condición de objetor, de forma que las solicitudes sólo puedan presentarse cuando el aspirante haya sido declarado útil para realizar el servicio militar.

El nuevo sistema reducirá el número oficial de objetores, ya que quienes queden excluidos de la mili no podrán adquirir tal condición. Actualmente, hay 1.247 objetores excluidos totales y otros 6.057 excluidos temporales. Igualmente, reducirá el plazo para presentar la solicitud, que deberá remitirse tras obtener la clasificación como útil y antes de la incorporación a filas.

Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que, al ser la objeción de conciencia una forma de exención de la mili, no tiene sentido que quienes no estén obligados a cumplir el servicio militar se hagan objetores. Dichas fuentes agregan que, en todo caso, el plazo que tendrán los jóvenes para solicitar su reconocimiento como objetores "seguirá siendo suficiente". Esta planteamiento es rechazado por los movimientos pacifistas, que consideran la objeción una opción ideológica y no una mero sistema para quedar exento del servicio militar.