Defensa renuncia a recobrar 6.156 millones invertidos en el frustrado programa Mirage 3

El Ministerio de Defensa ha renunciado a recuperar los 6.156 millones de pesetas invertidos en el contrato de modernización de los 23 cazas Mirage 3 del Ejército del Aire que, según fuentes de dicho departamento, se decidió cancelar el pasado verano por la incapacidad de las dos empresas concesionarias, Construcciones Aeronaúticas (CASA) y Ceselsa, para trabajar conjuntamente.

El ministerio ha tomado esta decisión para no perjudicar a la industria española y, especialmente, a la firma electrónica Ceselsa, destinataria de la mayor parte del dinero gastado, más de 5.000 millones.Las negociaciones para cancelar el contrato, aprobado por el Gobierno en diciembre de 1988 por 23.500 millones, no han comenzado oficialmente todavía. Sin embargo, Defensa ya ha comunicado a las empresas su decisión de resolver el contrato por la vía del mutuo acuerdo, lo que excluye la reclamación de indemnizaciones. Esta actitud contrasta con la adoptada por ese ministerio hace año y medio (ver EL PAIS del 19 de julio de 1990), cuando trascendieron los problemas del programa. En aquel momento, el departamento dió un ultimátum a las empresas para que resolviesen sus diferencias, amenazándoles con suspender el contrato y "con la reclamación de las responsabilidades a que hubiere lugar".

Consorcio disuelto

En noviembre de 1990, Defensa acordó con las empresas disolver el consorcio adjudicatario Attorn, integrado a partes iguales por CASA y Ceselsa, y convertir a la primera en contratista principal. Sin embargo, este acuerdo no llegó a materializarse, entre otras razones porque CASA se negó a asumir los gastos realizados por Ceselsa. Así se llegó al pasado julio, cuando con un retraso acumulado de dos años -en un programa que debía concluir en octubre de 1992- se optó por cancelarlo.Descartada la exigencia de responsabilidades, queda aún por resolver la liquidación de lo gastado. CASA asegura haber destinado 2.500 millones de pesetas al programa, de los que sólo ha percibido 900. Ceselsa, por su parte, dice haber invertido 500 millones, además de los alrededor de 5.000 cobrados. Gran parte de los gastos realizados por las empresas corresponden a estudios técnicos de difícil valoración objetiva.

Responsables de Defensa reconocen que su posición es delicada, pues de un lado no se quiere perjudicar a la industria en un momento difícil y de otro, debe actuar con rigor para evitar que se repitan estas situaciones. La solución que se prevé en el departamento es la de aquilatar al máximo los gastos realizados y compensar con otros trabajos aquellas cantidades percibidas cuya justificación no quede suficientemente clara.

En una respuesta remitida el 14 de octubre al diputado del PP Santiago López ya se entreveía esta actitud conciliadora al señalar el Gobierno que la decisión de suspender el programa se debió a "razones de índole presupuestaria", en contra de lo asegurado hasta ese momento, y que "los sistemas electrónicos que han, sido preparados por una de las empresas participantes [Ceselsa] podrían ser acoplados en aviones de otro tipo".