Los jueces decidirán si se celebra la marcha prohibida contra la 'ley Corcuera'

La Plataforma para las Libertades Públicas ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo, que se ha opuesto a la manifestación convocada para el domingo contra la futura Ley de Seguridad Ciudadana. Crespo sostiene que el recorrido propuesto por los convocantes entorpece la circulación de los servicios de urgencia. Julio Anguita, coordinador de IU, piensa que con la ley Corcuera se avecina "un Estado autoritario dentro de la Constitución".

Agustín Moreno, secretario de Acción Sindical de CC OO, manifestó ayer que "es pueril" la excusa de Crespo para prohibir la manifestación en la calle de Alcalá y Puerta del Sol. Según Moreno "hay multitud de precedentes" de actos en ese escenario.Crespo, por su parte, asegura que no ha prohibido la manifestación, puesto que con la legislación actual no se precisa autorización para ejercer este derecho, y que ha ofrecido la posibilidad de manifestarse en la calle de Atocha.

Los convocantes, sin embargo, opinan que el recorrido propuesto por Crespo "es muy estrecho y no tiene el simbolismo de la calle de Alcalá". Han ratificado su intención de realizar su protesta en esta calle, por lo que han presentado recurso ante el TSJM, que deberá decidir en tres días.

En el mismo recorrido que ahora propone la Plataforma se han celebrado meses atrás otras manifestaciones, entre ellas algunas contra la guerra del Golfo y, hace tres años, la marcha sindical del 1 de Mayo. Por eso, Moreno, uno de los integrantes de la plataforma, cree que la prohibición de la protesta del domingo "es una imposición de Corcuera".

Crespo asegura que su decisión se basa en la doctrina dictada el pasado mes de mayo por el TSJM, que prohibió una manifestación del Sindicato Unificado de Policía por considerar que los convocantes iban a obstaculizar el tráfico de la Castellana.

"Esto es un anticipo de lo que puede ser la ley de Seguridad", declaró Moreno, coincidiendo con el diputado popular Rogelio Baón, quien declaró a Efe que lo que el Gobierno busca "es taponar la exteriorización en la calle de la oposición a la ley". "Con la ley Corcuera en vigor, si nos manifestáramos podíamos ser sancionados hasta con 100 millones, que habría que pagar inmediatamente" puntualizó Moreno.

El coordinador general de IU, Julio Anguita, afirmó ayer que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana no sólo atenta contra derechos individuales fundamentales sino que crea "una estructura de poder para impedir las manifestaciones y las expresiones de lucha contra lo que se está avecinado", informa Juan G. Ibañez. Ante el monumento a la Constitución, donde la plataforma había convocado a los informadores, Anguita dijo que "se avecina un Estado autoritario dentro de la Constitución".