Desazón
LAS CRÍTICAS de los socialistas andaluces al juez Márquez, instructor del caso Juan Guerra y ahora del caso Morillo, no han tenido la virulencia que impregnó la campaña orquestada por la caverna contra el juez Manglano, instructor del caso Naseiro. Pero carecen igualmente de base, son profundamente injustas y muestran la desazón con que desde las instancias de poder se contempla la independencia de los jueces.Desde los sectores del PSOE se ha tildado la actuación del juez Márquez de inquisitorial, desmesurada y lenta. Pero es el caso que el modelo procesal español es fundamentalmente inquisitivo y otorga al juez instructor amplias facultades para la investigación del delito. Más bien habría que exigirle que las ejerciera si hubiera hecho dejación de tales facultades. De otro lado, es absurdo imputar a un juez en concreto uno de los defectos más característicos del funcionamiento de la justicia: su exasperante lentitud.
Hay motivos, por supuesto, para el desconcierto ante la contradicción de casos como los de Juan Guerra y Naseiro, tramitados por el llamado procedimiento abreviado, que aligera los trámites procesales, y que, sin embargo, siguen todavía abiertos sin que acaben de someterse al dictamen de los tribunales. Pero puede ocurrir que ello sea debido en parte a su evidente complejidad y a las dificultades encontradas en su investigación. En todo caso las instancias de poder deberían tentarse dos veces la ropa antes de aventurarse por el camino de la crítica a las actuaciones de los jueces: tal actitud puede ser fácilmente catalogada como una injerencia, cuando su deber consiste más bien en colaborar con la justicia.
En el caso Morillo, última derivación conocida del caso Juan Guerra, parece apreciarse, a pesar de la inicial reacción de la ejecutiva sevillana del PSOE, un cambio de actitud. La postura del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, que preside el socialista Manuel Chaves, ha sido en este caso básicamente correcta. Al aceptar la dimisión del delegado en Sevilla de la Consejería de Gobernación, Francisco Morillo, el consejo de gobierno de la Junta ha adoptado la decisión que políticamente correspondía, y que, además, era administrativamente congruente. De esta forma, el proceso abierto a este alto funcionario de la Junta, que aparece implicado en supuestos delitos de prevaricación y de falsedad en documento público en relación con la concesión de licencias de máquinas tragaperras en 1987 -y de los que el juez Márquez ha hallado indicios con ocasión de la investigación del caso Juan Guerra-, quedará a cubierto de cualquier sospecha de injerencias externas.
En todo caso, actuaciones como las de los jueces Márquez y Manglano son merecedoras del mayor reconocimiento, y deberían tener el máximo apoyo por parte de todas las instancias sociales y políticas. Son una prueba de que el sistema no está inerme ante la posible corrupción, y de que es capaz de reaccionar y de depurar las responsabilidades de quienes hacen un mal uso de los bienes públicos o ejercen en provecho propio funciones representativas.
