El Gobierno prepara cinco nuevas leyes para acometer la reforma administrativa
La competitividad también afecta a la administración pública. Al menos esa es la idea que se quiere introducir en la reforma de los servicios públicos enunciada ayer en Madrid por Justo Zambrana, nuevo secretario de Estado para la Administración Pública. Los criterios que guiarán esa reforma administrativa se instrumentarán con cinco nuevas leyes y la modificación de la actual Ley presupuestaria e introduciendo el principio de coste-beneficio.
Justo Zambrana dibujó ayer en unas jornadas de estudio de UGT los pilares de la reforma de la administración pública para hacerla más eficaz, más competitiva y capaz de afrontar el reto de la empresa privada, según explicó. Matizó, sin embargo, que son criterios que deben tener aún el apoyo oficial, "aunque todo indica que la reforma está en esta dirección".Las cinco leyes que se preparan tratarán de hacer realidad la reforma de la Administración, pospuesta desde hace una década. La primera norma se refiere a la separación entre el Gobierno y la Administración pública, para que esta tenga independencia en la gestión de los servicios que afectan a los ciudadanos. La segunda es una nueva ley de procedimiento administrativo. Ambas serán aprobadas este mismo año.
Para el año próximo, aunque no precisó en qué fechas, se modificará la Ley presupuestaria, que regula los gastos internos de la Administración y se elaborarán tres nuevas leyes: la de contratación del personal del Estado, la de organización de la Administración general del Estado y la que regulará el estatuto de la función pública.
Esta batería legislativa está inspirada en cuatro pilares fundamentales, definidos ayer por Zambrana.
El primero se refiere a la descentralización en la gestión y en la decisión de los responsables de los servicios públicos. "a los que se les dará más autonomía pero se les exigirá resultados" óptimos para los ciudadanos, según afirmó.
El segundo trata de introducir criterios empresariales en la gestión de la Administración, "porque no es adecuado que la Administración no se preocupe de los beneficios ni de los resultados" afirmó. En relación a ello puso como ejemplo el recientemente creado ente público de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea o el holding de los puertos nacionales.
Un tercer aspecto consiste en potenciar los recursos humanos que tienen las administraciones, centrales y autonómicas, a través de la formación profesional y de la reconversión de los funcionarios, unido a la introducción de nuevas tecnologías.
Por último, Zambrana se refirió a la necesidad de dar "la dimensión correcta a la administración". En su opinión muchas áreas de los servicios públicos están sobrecargadas de un personal que habrá que trasladar y reciclar para otras áreas en donde sea más necesario.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Santiago Nieves, afirmó en su encuentro con Justo Zambrana "que los sindicatos tienen ganada de antemano la batalla por la reforma de la Administración" en una negociación entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en los servicios públicos, CC OO y UGT. No obstante el dirigente sindical puntualizó: "No sería bueno que por ganar en eficacia fuéramos hacia una total desregulación o hacia la privatización" de determinados áreas de la Administración pública.
Sobre una eventual participación de las organizaciones de los consumidores en la negociación entre sindicatos y Gobierno sobre la modernización administrativa, Nieves afirmó que los consumidores deben definir el modelo de servicio que desean: Público o privado.
El presidente de la Unión de Consumidores, Javier Angelina, se manifestó favorable a esa participación y ratificó que para la UCE lo importante es cómo se da el servicio y no quién lo hace.
