El juez descarta, por ahora, a Alfonso Guerra como inculpado por malversación y prevaricación

El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez Romero, dictó ayer un auto de inhibición y, remisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se declara incompetente para seguir instruyendo el caso Juan Guerra, en cuanto al uso de un despacho oficial. Márquez estima que "de lo actuado resulta la comisión de hechos que pudieran calificarse como delitos de malversación y prevaricación, en los que pudieran haber participado o intervenido los parlamentarios andaluces Leocadio Marín y Tomas Azorín. El juez descarta expresamente la inculpación del ex presidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por no "haber acreditado, por ahora, que haya participado en los referidos hechos".

Para la inculpación de los dos parlamentarios andaluces, el juez Márquez califica los hechos como "delitos de malversación y prevaricación" y afírma que Leocadio Marín y, Tomás Azorín, "permitieron y autorizaron el uso privado del despacho por el querellado Juan Guerra González, así como la causación de gastos con cargo a presupuestos públicos".Sin embargo, para descartar la participación de Alfonso Guerra en los citados delitos, el magistrado hace alusión en el auto a las declaraciones de dos funcionarlos de la delegación gubernamental, Antonio Ortega, secretario general, y el conserje Manuel González, quienes desmintieron otras afirmaciones -también contenidas en las diligencias- que señalaban al ex vicepresidente del Gobierno como titular exclusivo del citado despacho.

En el auto del juez Márquez no se menciona al actual delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, ya que no está sometido a fuero especial.

Tras conocer la decisión del juez Márquez, los letrados de la acusación de Izquierda Unida y Partido Andalucista, Manuel Fernández del Pozo y Emilio Lechuga, respectivamente, confirma que interpondrán recurso de reforma en el plazo establecido de tres días, antes que la pieza de las diligencias instruidas hasta ahora sea remitida a la sala de lo Civil y Penal del TSJA, con sede en Granada. El TSJA no necesita pedir Un suplicatorio al Parlamento de Andalucía para iniciar actuaciones contra Marín y, Azorín, según recoge el artículo 26 del Estatuto de Autonomía.Emilio Lechuga mostró ayer su extrañeza por la decisión Judicial de no incluir entre los responsables al ex vicepresidente del Gobierno. "Si el juez sienta el principio de que por el uso del despacho hubo delito, me parece extremadamente difícil sustraer de la responsabilidad de ese delito al titular del Alfonso Guerra", afirmó.

Por su parte, Manuel Fernández del Pozo, se preguntó ante los periodistas, sobre la oportunidad de esta petición de fuero. "Lo cierto es que desde hace tiempo los indicios de participación de los delegados del Gobierno en esta historia se conocían, y lo que hay que preguntarse es por qué se hace ahora, y no hace un mes o dentro de 15 días. Hay quien dice que el caso se reaviva en época de elecciones [en alusión a las declaraciones efectuadas el miércoles por Luis Ibáñez, candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla] y eso es mentira, lo que ocurre es que con hechos como éste [se refería al traslado de las actuaciones al TSJA] se va a alejar el caso del interés mostrado por los medios de comunicación, y precisamente en época de elecciones".

El auto del juez Márquez se hizo público a mediodía de ayer, después de que el magistrado recibiera sendos escritos de los letrados de Izquieda Unida y el Partido Andalucista, Manuel Fernández del Pozo y Emilio Lechuga, en los que se inculpaba a Alfonso Guerra como responsable de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

Ángel Márquez, que no quiso hacer ningún comentario sobre su auto, también recibió por la mañana, y por espacio de una hora, la visita del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, quien no hizo declaraciones a la prensa. Durante toda la mañana se concentraron ante la puerta del despacho de Ángel Márquez un total de 43 periodistas.

Por otro lado, la Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla reunida ayer hizo público un comunicado en el que muestran su "alarma y estupor" por el hecho de que "se abran diligencias informativas contra el jefe del grupo de Policía Judicial, José Antonio Vidal Arcioles, "de reconocida solvencia profesional, por parte del jefe superior de Policía, por hechos tan poco fundamentados como las pretendidas ofensas a nuestro compañero Angel Márquez, desmentidas en todo momento por éste". Asimismo califican de "cuando menos escandaloso", que se pretenda abrir expediente al funcionario que comunica a los jueces que carece de medios.