Riesgos electorales
LO AJUSTADO de los resultados de las elecciones legislativas de octubre de 1989 -un escaño en disputa determinaba la existencia o no de mayoría absoluta- ayudó a tomar conciencia de las imperfecciones del sistema electoral vigente: censos no actualizados, imprecisión de la legislación electoral, desconocimiento de las normas, falta de medios para la vigilancia activa del proceso y, en general, inexperiencia de una Administración electoral que se improvisa a raíz de cada convocatoria. Males que, si bien no distorsionan la expresión de la voluntad popular, sí pueden provocar serios percances políticos. Algunos de ellos se hicieron visibles de inmediato tras las citadas elecciones de 1989: meses de provisionalidad y de inestabilidad político-parlamentaria hasta la proclamación. definitiva de los resultados electorales, descalificaciones apenas veladas del sistema electoral en su conjunto y cierto encorsetamiento en las iniciativas del Ejecutivo. Que este riesgo sea excepcional y que vaya unido a circunstancias muy específicas no justifica la pasividad en la adopción de las medidas necesarias para neutralizarlo.La reforma de la Ley General Electoral de 1985 actualmente en debate en el Parlamento pretende evitar la repetición de estos perniciosos efectos. De ahí, la propuesta de diversas medidas plasmadas en dos proposiciones de ley suscritas por todos los grupos parlamentarios y un proyecto del Gobierno, tendentes a racionalizar el calendario electoral, reducir los gastos y reforzar las garantías de transparencia y de pureza en la emisión del sufragio. Sin embargo, la plasmación de esta reforma en disposiciones consensuadas no es tarea fácil. Y ello a pesar de la expresa voluntad de abordarla puesta de manifiesto desde el primer instante por todas las fuerzas políticas.
El Grupo Popular e Izquierda Unida se descolgaron del pacto en el Pleno del Congreso que ayer aprobó la reforma electoral. Sin embargo, la abstención -del grupo mayoritario de la oposición deja abierta la posibilidad del acuerdo en el trámite del Senado. Sería difícilmente explicable que el Grupo Popular quedara marginado de la reforma de una ley básica para el funcionamiento del sistema democrático después de haber prestado su apoyo a la Ley General Electoral de 1985. También lo sería el apartamiento (le Izquierda Unida.
Sin duda, los criterios e intereses sobre la reforma son distintos. Pero es dificil de entender que los grupos políticos no hayan podido alcanzar un acuerdo sobre los aspectos básicos y urgentes de la reforma, de naturaleza eminentemente técnico-jurídica, en los largos meses que han integrado la comisión parlamentaria correspondiente. Y más cuando el Tribunal Constitucional les ha desbrozado, en parte, el camino conla sentencia dictada en el proceso contencioso-electoral abierto tras la anulación de las elecciones del 29 de octubre en Murcia, Melilla y Pontevedra.
Los problemas de fondo detectados entonces en el proceso electoral fueron, entre otros, la desproporción existente entre determinadas irregularidades y el efecto de repetición de elecciones (de ahí la necesidad, por ejemplo, de precisar más los conceptos de elector y votante en la legislacion electoral); las carencias en la elaboración del censo y en la infraestructura electoral y la ausencia de una última instancia jurisdiccional para la unificación de criterios. Son estas cuestiones las que debe abordar la reforma, y, si es posible, con el máximo acuerdo parlamentario. Y no debería ser obstáculo la disputa sobre otras cuestiones importantes pero menores, como la de dilucidar si la subvención pública para el envío por correo de las papeletas electorales debe ser igual para todos los partidos o proporcional a los votos.
