Independencia y control de la inflación
La Comunidad Económica Europea quiere acelerar la marcha en el recorrido hacia la unión monetaria europea. Para el 1 de enero de 1994 empezará la segunda etapa con la creación del llamado Sistema Europeo de Bancos Centrales como banco central único, para tres años después entrar en la etapa final del proceso, en la que se fijarán irrevocablemente los tipos de cambio entre las monedas nacionales, se decidirá la moneda única y los países miembros de la CE cederán definitivamente la soberanía en materia de política monetaria al futuro banco central europeo.Si queremos que el proceso de unificación monetaria constituya un éxito -voluntarismos políticos no lo garantizan-, es importante que se cumplan dos condiciones esenciales antes de poner en marcha la segunda etapa. La primera condición es que los 12 países comunitarios acrediten su disposición a la construcción de un banco central europeo que sea verdaderamente independiente de los Gobiernos, la Comisión Europa y el Consejo de Ministros de Finanzas de los Doce. Esta autonomía, contemplada demasiado vacilantemente en el Plan Delors, se requiere como defensa frente al riesgo de intromisiones políticas en el disefio y la ejecución de la política monetaria, incluido el riesgo de monetizar déficit públicos o de ampliar por otra razón excesivamente la cantidad de dinero en circulación, provocando así inflación. La forma más convincente de prometer la total independencia del futuro banco central europeo sería que aquellos países cuyos bancos emisores no son independientes de los poderes políticos otorguen inmediatamente esa independencia.
En España, por ejemplo, el Banco de España se convertiría en un ente independiente de las directrices del Ministerio de Economía y Hacienda, su tarea primordial sería la defensa del poder adquisitivo de la peseta y estaría obligado a cooperar con el Gobierno sólo en cuanto la política económica de éste fuese compatible con el objetivo de estabilidad monetaria. Si, por el contrario, España y otros países comunitarios mantienen la dependencia política de sus respectivos bancos nacionales, las proclamaciones sobre la independencia del futuro banco central europeo no infundirán demasiada confianza. Los estatutos de este banco que recientemente elaboraron los gobernadores de los 12 bancos centrales nacionales ponen énfasis en el criterio de independencia. No obstante, cabe el escepticismo sobre la promesa de que un Gobierno renunciará a su soberanía en materia de política económica en nombre de Europa y a favor de una institución europea cuando no lo hace en su propia casa.Adecuar políticas
Pero supongamos que todos y cada uno de los países miembros respondieran positivamente al requisito señalado. Entonces, debemos ser conscientes de que la independencia de los bancos centrales nacionales, en principio, sólo proporciona una facilidad institucional para perseguir una política de estabilidad de precios, pero no constituye una garantía de que las autoridades monetarias actuarán de este modo. Por ello ha de cumplirse una segunda condición, que es la de reducir al mínimo las diferencias entre las tasas de inflación, antes de entrar en la segunda etapa de la unificación monetaria. Bien es cierto que el objetivo de mantener inalterados los tipos de cambio, salvo en situaciones de desequilibrio excepcionales, llevará a una armonización de los ritmos de inflación. ¿Pero a qué nivel?Hasta ahora fue el Bundesbank alemán quien marcó la pauta. Los demás países han adaptado sus políticas monetarias a esta pauta y de esta forma se ha logrado reducir diferenciales inflacionarios entre los socios comunitarios y al mismo tiempo aumentar el grado de estabilidad del nivel de precios en la Comunidad tomada en su conjunto. Si se quiere, un banco nacional ha impuesto su criterio a los demás. Esto cambiará, claro está. En el futuro banco central europeo los conceptos alemanes sobre una política monetaria escrupulosamente orientada en el objetivo de estabilidad de precios concurrirán con otros conceptos, reflejo de la actitud de la sociedad de otros países frente a la inflación. Habrá, por consiguiente, más discusión sobre el rumbo de la política monetaria europea, y el riesgo de que ante la disparidad de criterios se hagan compromisos a costa de la estabilidad monetaria es grande. La unión monetaria europea se convertiría en una unión inflacionaria, lo que sería nefasto bajo todos los aspectos, tanto económicos como sociales y políticos.
Este riesgo sería mucho menor si los países comunitarios aplicaran decididamente una política antiinflacionista basada, por un lado, en la adecuación de la oferta de dinero con el crecimiento del potencial productivo de la economía, y apoyada, por otro lado, por una política fiscal encaminada a reducir, si no eliminar, los déficit presupuestarios de tipo no coyuntural y por políticas microeconómicas de liberalización, desregulación y privatización que hagan más flexibles los mercados. En el caso español, por ejemplo, se trataría de conseguir una mayor coherencia entre las políticas monetaria y presupuestaria y entre éstas y las políticas estructurales; el no haberlo logrado hasta ahora es una de las causas del rebrote inflacionista y uno de los factores fundamentales en la resistencia a la baja de,los elevados tipos de interés, lo que pone en peligro la continuidad del proceso inversor y desestimula, vía apreciación de la peseta, la exportación y el turismo extranjero.La esperanza que se deriva de esta segunda condición es que un país, en cuanto se haya acostumbrado a tener ritmos de inflación bajos y haya visto que esto fomenta el crecimiento económico y bienestar social, mantendrá este comportamiento en cuanto la política monetaria se diseñe y aplique a nivel europeo. Es una esperanza, pero parece más justificada que aquella otra según la cual la fijación irrevocable de los tipos de cambio ya impondrá a los países hasta ahora demasiado inflacionarios la disciplina monetaria requerida.Las ayudas
La experiencia demuestra que es muy dificil cambiar comportamientos inflacionarios arraigados en la sociedad y que la tentación de los políticos de utilizar la inflación, según el caso, para financiar el presupuesto progresividad en frío del impuesto sobre la renta), estimular la producción y el empleo (creyendo que hay suficiente ilusión monetaria por parte de los agentes económicos) o calmar conflictos distributivos subidas desmesuradas de los salarios) puede ser irresistible. Si entráramos en la segunda etapa sin haber doblegado antes las expectativas inflacionarias, veremos cómo en los países en cuestión un gran número de empresas no serían competitivas, aumentaría el paro, proseguiría la pauperización de regiones estructuralmente atrasadas, disminuiría la afluencia de inversiones extranjeras y aumentaría la emigración. Estos países presionarían a la Comunidad a que les preste mayores ayudas lo que no resolvería el problema de fondo, pero gravaría el proceso de la integración con serias hipotecas.Bajo el supuesto de que se cumplirán las dos condiciones previas al inicio de la segunda etapa -la independencia de la autoridad monetaria y el control de la inflación- queda por decidir si es o no necesario establecer límites hasta los que pueden llegar eventualmente los déficit de los presupuestos estatales de un país comunitario y límites al endeudamiento público. En principio, no parece ser necesario crear estos dispositivos. Si un Gobierno no sabe controlar el gasto y optimizar el rendimiento del sistema de impuestos, tendrá que endeudarse en los mercados de capital y pagar los intereses correspondientes. Cuanto menos disciplina fiscal manifieste, tanto mayor será el precio, siendo incluso cada vez más dificil encontrar prestamistas. Este mecanismo ya por sí debiera constituir un freno potente ante la eventualidad de excesos fiscales.
Pero hay dos razones por las cuales sí sería recomendable establecer esos límites. Una es que el endeudamiento público en uno o varios países miembros puede presionar sensiblemente al alza los tipos de interés a nivel comunitario. Esto debilitaría la actividad inversora en aquellos países que persiguen una política fiscal sólida y responsable. Obviamente, tal efecto no sería deseable, como tampoco lo sería, por ineficiente, que los ahorros privados de un país fueran absorbidos para financiar indiscriminadamente un déficit público en otro país. La segunda razón para pactar una regla fiscal es que no se cumpliera la condición de otorgar independencia total a cada uno de los bancos nacionales. Entonces tampoco será verdaderamente independiente el futuro banco central europeo. Y ante el riesgo de que se moneticen déricit públicos, tal y como se ha venido haciendo en diversos países, más vale prevenir que curar. En este caso, los países comunitarios tendrían que acordar, antes de poner en marcha la segunda etapa, claras reglas fiscales. Estas incluirían la prohibición absoluta de financiar déficit presupuestario a través del banco emisor y unos límites superiores al déficit y al endeudamiento en relación, por ejemplo, al gasto público de inversión o al producto interior bruto.
En suma, el camino hacia la unión monetaria europea aún está lleno de obstáculos. No creo que todos los países estén ya en condiciones de asimilar sin reparos las reglas de juego que dicha unión requiere. Aún son demasiado grandes las diferencias en los niveles de productividad y ritmos de inflación como para poder prescindir del mecanismo de reajustes cambiarios. Hay que generar confianza en la sostenibilidad de este proyecto, y la creación de dicha confianza empieza con poner orden en la propia casa.
