El laberinto del CGPJ

Ahora que finalmente ha quedado constituido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece un buen momento para reflexionar acerca de las tareas que debe de abordar, con carácter prioritario, el máximo órgano rector de la judicatura española.Quede para beneficio de inventarlo el espectáculo que han ofrecido los distintos grupos parlamentarios que, huyendo de la luz y los taquígrafos como el diablo del agua bendita, se han encerrado en las covachuelas donde el Poder campa sin control, para pactar finalmente, presidencias, vicepresidencias y vocalías en un ejercicio circense de difícil justificación en una sociedad democrática.

Tan extravagente para los usos democráticos ha sido la elección del CGPJ, que las tres asociaciones de jueces y magistrados, aunque por distintas razones, han coincidido en sus críticas a la forma de elegir el Consejo. Ni a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, ni a la minoritaria y centrista Asociación Francisco de Vitoria, ni a la progresista Jueces para la Democracia, les ha satisfecho una forma de elegir a su principal órgano rector. Entre otras razones, porque no parece muy ajustado a derecho, que el señor Martín Toval, portavoz del PSOE en el Parlamento y comisionado por su partido para conseguir un CGPJ consensuado, haya olvidado -él, que durante algunos años ejerció de catalán-, lo que significa el seny.

Fruto de este olvido es que el Parlamento ha perdido una magnífica oportunidad de elegir a los mejores para el CGPJ, y ha optado, pura y llanamente, por repartir el pastel. Y, en esta ceremonia, no lo olvidemos, todos hemos sido un poco responsables, asociaciones judiciales, parlamentarios, prensa, etcétera, pues en lugar de debatir en torno a la institución parece que sólo interesaban los nombres de los 20 vocales.

Oscura institución

Pero, agua pasada no mueve molino, y de lo que ahora se trata es de ver si el actual CGPJ va a cumplir con sus tareas o, sencillamente, seguirá siendo una oscura institución alejada, por inoperante del normal devenir político de nuestro país.

Parece lógico, pues, preguntarse si el CGPJ piensa, por ejemplo, tomarse en serio los Juzgados de lo Social especiales para la ejecución de sentencias. Creados hace tres años para hacer efectivas las sentencias de los Juzgados de lo Social, para evitar que las mismas siguiesen siendo papel mojado, los citados Juzgados especiales han terminado paralizados por los mismos virus que ellos debían combatir: la burocracia, la falta de celeridad en definitiva, lo que en la práctica supone la indefensión de facto de un ciudadano, incluso habiendo obtenido una sentencia favorable en los tribunales.

Si traemos a colación este ejemplo es porque resulta harto ilustrativo, no sólo de las tareas que debe realizar el CGPJ, sino de las dificultades que las mismas entrañan. Porque, ¿acaso no es el Ministerio de Justicia el que, con su magro presupuesto, ya vicia de entrada la correcta administración de la justicia? Más todavía: ¿hasta qué punto el CGPJ goza de autonomía a la hora de controlar a los jueces -y de preocuparse por su formación, y por sus legítimos derechos, que les corresponden como a cualquier otro colectivo profesional-, si cualesquiera que sean las medidas que adopte se verán restringidas por los límites del presupuesto?

Porque, lógicamente, si los tres Juzgados de lo Social especiales que hemos puesto como ejemplo, y que surgieron como una experiencia piloto, estuviesen dotados de personal suficiente, otro gallo cantaría. Porque, aunque parezca increíble, de esos tres juzgados, sólo uno cuenta con un juez titular. Y de la efectividad de sus resoluciones depende el bienestar de miles de trabajadores. Claro, pedir más medios para un juzgado que ni siquiera tiene juez parece surrealismo puro. Y así como nuestros venerables antepasados de mayo del 68 gritaban "sed realistas: pedid lo imposible", parece legítimo que 20 años después, porque 20 años no es nada, se pida que al frente de los juzgados haya jueces. Para no parecer provocadores, no pediremos que, además, los juzgados cuenten con suficientes oficiales, peritos o sistemas informáticos que permitan una administración de la justicia eficaz y efectiva.

¡Menudo laberinto, por el que ha de deambular el CGPJ! Elegidos sus miembros por consenso, retorcido, pero consenso al fin y al cabo entre los grupos mayoritarios de ambas cámaras, el presupuesto por el que se rigen depende de un gobierno formado por un partido en concreto. Y el presupuesto es el presupuesto: y lo mismo vale para los miembros del Consejo que participan de ideologías conservadoras, de ideologías próximas al partido que gobierna, o de talante más o menos de izquierdas.

Los de izquierdas pues, con el marcaje presupuestario, más el que supone estar en minoría dentro del Consejo, se van a encontrar con fuertes limitaciones a la hora de hacer valer con realismo sus criterios.

Claro está, si existiese una auténtica voluntad política por parte de los partidos que han configurado el actual CGPJ, de solucionar los problemas que afectan a la Justicia española, las limitaciones hasta ahora enumeradas, podrían soslayarse, o desaparecer a corto plazo.

Así pues, parece legítimo que importantes colectivos de juristas de todo el país, hayan mostrado ya su decidida voluntad de realizar un seguimiento de las tareas del Consejo. Porque en sus manos está, por decirlo con una frase ya tópica, el control de la calidad de la justicia española. Y en estos tiempos en los que la calidad de la vida se ha convertido en una justa reivindicación de los ciudadanos, y una de las más importantes, cualquier jurista responsable de los deberes que tiene un Estado de derecho, debe comenzar vejando por la calidad de la justicia. Para que nadie pueda decirnos aquello de "en casa del herrero, cuchillo de palo". En fin, tiene, tenemos, cinco años por delante.