20 controladores para los jueces

Un antiguo practicante de la lucha canaria, una abogada no ejerciente, un miembro del Opus Dei, un ex militar y socio del Club de los Rotarios, un ex director general de Seguridad y ex jefe provincial del Movimiento, varios magistrados expertos en puestos de mando en la Administración gubernativa o judicial forman parte de la lista de 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactados ventajosamente por el PP con el PSOE y sus aliados CDS, CIU y PNV. La mitad de ellos fueron elegidos el martes pasado por el Congreso y el resto lo serán el martes próximo por el Senado.

De este heterogéneo grupo de juristas puede deducirse que el vocal más progresista es probablemente Javier Gómez de Liaño, magistrado propuesto por el PP, o Juan Alberto Belloch, integrante del ala más moderada del colectivo Jueces para la Democracia, que ha logrado combinar sus posiciones contra la ley antiterrorista y en favor de los derechos humanos con una indudable ambición política.El extremo conservador se lo disputan varios vocales, con todos los méritos: el magistrado José Luis Manzanares, el abogado Julio Padilla -ex militar, asesor de los procuradores y miembro del selecto Club de los Rotarios-, o el juez duro Antonio Marín Rico, ofrecido por el PP como hábil alternativa a Francisco Talón, estimado ultraderechista, por el portavoz del PSOE Eduardo Martín Toval. O el catedrático y letrado Andrés de la Oliva, miembro del Opus Dei que ya en 1980 avaló la condena a EL PAÍS por criticar la penalización a una revista que publicaba desnudos, ya que, según dijo entonces, "llamar nazis a unos magistrados y compararlos expresamente con Idi Amin es una injuria".

El Pollo del Pinar

Pero acaso el vocal más representativo del conjunto sea Eligio Hernández, de 43 años, personaje popular en las islas Canarias en donde lo ha sido todo, desde practicante de la lucha canaria -El Pollo del Pinar le llamaban en el pueblo del mismo nombre de la isla de Hierro- hasta magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pasando por juez justiciero en los años setenta, perseguidor de las mafias en los municipios de Telde y Guía de Isora, gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife en 1982 y delegado del Gobierno en Canarias desde 1984 hasta ahora, progresista en sus años mozos 3, autoritario en la actualidad. Su represión a los inmigrantes sólo encuentra parangón en su fobia contra los incendios, que le llevó a fomentar la participación ciudadana para apagar el fuego, práctica que acabó con la vida de un alcalde isleño, Francisco Alonso Carrillo.La candidatura de Eligio Hernández fue avalada desde el primer momento por el portavoz socialista Eduardo Martín Toval, que vio en el antiguo Pollo del Pinar el prototipo de gobernador de los jueces y magistrados, requerido por la política Judicial de la ejecutiva del PSOE, que se siente desengañada por el Consejo saliente, en el que tantas esperanzas había puesto y que, sin erribargo, terminó inclinándose del lado de los jueces.En cambio, Hernández ya dejó claros en abril de 1989 en Madrid, durante unas jornadas sobre colaboración institucional, sus reproches a los jueces por los recelos de éstos hacia el Ejecutivo y por las acusaciones de que el Gobierno defiende la razón de Estado. Hernández criticó los obstáculos judiciales a las acciones policiales, precisamente cuando estaba reciente y en carne viva la negativa de Interior a la investigación de fondos reservados con ocasión del caso Amedo.Aspirante frustrado en su día a director general de la Guardia Civil y portador de soluciones contra "los negros y las putas" -según sus palabras-, aparte de católico a machamartillo, de misa dominical, Hernández será un decidido valedor de la política encaminada a disciplinar a los jueces. Si en el caso de D'Artagnan -el juez acusado de ejercer su función disfrazado- Hernández dio curso a una denuncia policial, ahora va a tener ocasión de expedientar y sancionar a los jueces que se extralimiten. Hernández puede ser un excelente presidente de la comisión disciplinaria, con el guante de hierro que la dirección socialista desea.

Por si esto fuera poco, hacia Hernández confluye la complacencia del actual ministro de Justicia, Enrique Múgíca, y del anterior y ahora influyente asesor en la negociación del Consejo, Fernando Ledesma. Ledesmistas son también varios de los vocales reclutados, hasta el punto de que altos cargos del Ministerio de Justicia -entre ellos, el director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción- han mostrado en privado su escándalo por el predorninio del ex ministro.Juan Antonio Xiol Ríos, director general de Relaciones con la Administración de Justicia heredado por Múgica del equipo de Ledesma; María Teresa Fernández de la Vega, jefa de servicios con Ledesma; José Luis Manzanares, letrado del Ministerio de Justicia en la etapa de Ledesma, e incluso juristas progresistas como el fiscal Fernando Jiménez Lablanca o el magistrado Ignacio Sierra, pionero de la inspección judicial, siguen vinculados a Ledesma.De la etapa de Manzanares en el Ministerio de Justicia, los que convivieron con él en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias recuerdan su entusiasmo hacia los uniformes carcelarios. Aunque perteneciente al cupo del PP, el candidato a vicepresidente del Consejo cuenta con el aval del PSOE. De otro candidato ledesmista, Xiol, fue célebre en 1986 su intervención en Televisión Española para justificar la negativa gubernamental a que 90 guardias civiles participaran en ruedas de reconocimiento ordenadas por lajuez Efisabeth Huertas en una investigación sobre torturas. Un buen presidente para la comisión de calificacion, que dictamina sobre los ascensos de jueces y magistrados.El fiscal José Antonio Zarzalejos, como el magistrado Manzanares -amigo personal de Manuel Fraga con el que trabajó en los años sesenta de delegado de Información y Turismo en Vizcaya y vocal del Jurado de Ética Profesional Periodística-, fue en 1975 director general adjunto de Seguridad. El ahora gobernador de los jueces fue desde agosto de 1976 gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Vizcaya, cargo en el que dimitió en 1977, por su desacuerdo con la legalización de la ikurriña.

Las jueces

La exclusión de las jueces Manuela Carmena y Elisa Veiga rebaja la cuota femenina inicial de cinco mujeres -el 25% aprobado por el PSOE para los cargos públicos- a sólo tres -el 15% sobre el total de 20 vocales- La cuota feminista baja más, ya que una de las vocales, Margarita Mariscal de Gante, es más bien conservadora, y aunque María Teresa Fernández de la Vega es progresista, la tercera, Soledad Mestre, abogada no ejerciente propuesta por el PSOE, es desconocida en el mundo jurídico.Los méritos de José Juan Davila son haber sido hombre de confianza en la última etapa del franquismo del fiscal del Supremo Fernando Herrero Tejedor, padrino político de Adolfo Suárez, líder del CDS que le ha propuesto para el órgano de gobierno de los jueces.