La opinión pública y el servicio militar
Todavía no salgo de mi perplejidad ante el revuelo organizado en los medios de comunicación, al parecer, por la remisión a un parlamentario de una añeja encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas acerca de la opinión de los jóvenes sobre las Fuerzas Armadas y el servicio militar, realizada en el primer cuatrimestre de 1986. Estoy desconcertado porque esa encuesta no es ninguna novedad, al menos para quienes nos preocupamos profesionalmente de estos asuntos desde hace años y no por un electoralismo tácito o manifiesto. De hecho, la encuesta no pertenece a esos análisis del CIS de difusión limitada que tanto interesan a la oposición, o, al menos, eso dicen a quien les quiera escuchar. Por el contrario, está publicada en su integridad por la Revista Española de Investigaciones Sociológicas en su número correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 1986, páginas 221-267.Además ha recibido una sintomática descalificación global por parte de un sociólogo vinculado orgánicamente a la institución militar, que ya en 1988 aducía presuntos errores en su codificación que anulaban su validez. No se comprende muy bien, por tanto, la súbita preocupación del diputado ante su documentado descubrimiento si no fuera por cierta falta de profesionalidad en el desempeño de su función representativa. En este caso, la ignorancia ajena produce algo más que rubor y conmiseración, pues si es indicativa de la dedicación profesional de parte del personal político de la democracia a un grave problema de nuestro país, ¿qué sucederá cuando el tema no prometa rendir votos potenciales?
No hace falta recordar que cuando las encuestas están bien realizadas, cuando son válidas y fiables, proporcionan una fotografía de la opinión en un momento dado que, por ejemplo, podría ser distinta de modificarse la formulación o el tono de una pregunta. Somos muchos los que hemos opinado, hace tiempo y desde perspectivas muy distintas, en favor de la modernización del servicio militar obligatorio. Los diferentes sectores de los movimientos de objetores, pacifistas y antimilitaristas, con el reciente y tenebroso añadido de la pretensión de incumplimiento de la ley por parte de algunos ayuntamientos nacionalistas en el País Vasco, difunden valores contrarios, en general, a la prestación personal al Estado democrático y, en particular, a nuestras Fuerzas Armadas, lo que resulta legítimo siempre y cuando no se traspase el límite de la desobediencia civil y se atenga uno a las consecuencias políticas y penales del quebranto de la legalidad.
El servicio obligatorio corno método para encuadrar la fuerza de trabajo militar temporal ha sufrido cierta decadencia desde la II Guerra Mundial. Las razones son muy variadas. El aumento de la capacidad destructiva de los sistemas de armas modernos es una de ellas. La industrialización difunde un modo de vida contrario al servicio obligatorio, que ha perdido su sentido de aventura y de rito de paso hacia la madurez en una sociedad agraria, percibiéndose como algo inútil, que inhibe el desarrollo personal y limita la búsqueda del placer individual; las intromisiones de los superiores en la intimidad y las vejaciones de obra refuerzan esta tendencia. La defensa nacional tiene que competir con el bienestar social y la protección al medio ambiente para allegar fondos provenientes de los impuestos, y aunque en este país los gastos militares parecen ganar siempre, no ocurre lo mismo en otros lares. Las políticas públicas se elaboran y discuten en términos económicos; la gente acepta esta lógica y piensa que el servicio militar es un impuesto injusto y oculto, por lo cual apoya su compensación según los criterios del mercado. La decadencia del reclutamiento forzoso ha seguido distintos caminos en los países de la OTAN. En algunos se ha eliminado, como en Estados Unidos en 1973, el Reino Unido y Canadá, manteniéndose en el resto, y en países neutrales como Suecia o Suiza. En Estados Unidos se debatió con rigor y profundidad durante cinco años antes de abolirlo, y con la guerra de Vietnam en los hogares cada día gracias a las cadenas privadas de televisión.
Reclutas
Los cambios se han dirigido a disminuir el número de reclutas o el tiempo de servicio en filas. Las opciones no son muchas además de su eliminación. Una posibilidad es reducir la duración del periodo obligatorio a un plazo breve, seis meses, seguido de una reserva muy prolongada. Otra es establecer un sistema de doble vinculación, manteniendo el servicio militar para la defensa territorial o las unidades de apoyo, e impulsando el voluntariado bien remunerado para dotar a las fuerzas de intervención rápida.
La legislatura que aún balbucea tiene que resolver el problema crucial de la imprescindible reforma del servicio militar. El resultado de las elecciones generales posteriores a la encuesta de marras ha dejado en mal lugar a los demagogos que agitaron irresponsablemente con una mili condensada en cómodos fascículos coleccionables. Pero también el partido mayoritario se comprometió a reducir el tiempo de servicio y, lo que es más importante, a mejorar radicalmente las condiciones de su ejercicio. De momento ya se ha alterado la estructura del Ministerio de Defensa, creándose una dirección general para el impulso de la transformación del servicio militar.
Es hora de que todos los partidos políticos representados en las cámaras adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus compromisos electorales y resuelvan con rigor, dedicación y profesionalidad las graves inquietudes que suscita la mili en la opinión pública española. Y es preciso que lo hagan de forma que se garantice la eficacia funcional del reclutamiento de la fuerza de trabajo temporal para la organización militar. Acortar el tiempo de servicio en filas sin desarrollar, a la vez, la captación de recursos humanos voluntarios, suficientes y motivados puede ir en detrimento del propio papel de las Fuerzas Armadas, lo cual se compagina mal con la consolidación de la democracia en España.
