El fiscal pide la libertad del presunto gal Mendaille por la "inoperancia" del Gobierno
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha solicitado la puesta en libertad del presunto reclutador de mercenarios de los GAL Georges Alphonse Mendaille, cuya extradición, solicitada por Francia, fue concedida por la Audiencia Nacional en septiembre de 1989, pero cuya entrega sigue pendiente de un acuerdo del Consejo de Ministros. El fiscal ha instado la libertad al tribunal que accedió a la extradición ante la "inoperancia" del Gobierno, informa Efe.
La decisión de los magistrados se presenta clara, ya que fue el propio tribunal el que pidió al fiscal que se pronunciase sobre si era procedente la libertad del ciudadano francés residente en la Costa Brava, debido al tiempo transcurrido desde que fue concedida su extradición. El Fiscal ha solicitado que la libertad de Mendaille sea vigilada.Georges Mendaille está reclamado por haber reclutado a cuatro miembros del hampa marsellesa para realizar atentados contra presuntos miembros de ETA en el sur de Francia. Mendaille, según la Justicia francesa, organizó con los mercenarios Michel Morganti, Roger Roussey, Alain Lambert y Alain Domenge, los atentados cometidos contra el presunto etarra Fernando Eguillor y contra el ciudadano francés Joseph Arraztoa , ocurridos en el verano de 1985 en dos localidades del País Vasco francés.
El presunto gal fue localizado en la Costa Brava por los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio que realizaban una investigación sobre los GAL. Detenido por orden de los jueces Carlos Bueren y Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, fue inmediatamente relacionado con el caso Amedo. Odette Roussey, hermana del mercenario Roger Roussey acusó a Mendaille de haber participado en una entrevista junto con los policías José Amedo y Michel Dominguez en la localidad gerundense de Bagur, donde ella pidió explicaciones por el desamparo en el que quedó su hermano cuando fue detenido.
Pruebas en Francia
El sumarlo abierto en España por el juez Garzón fue archivado para facilitar la extradición de Mendaille, ya que en Francia existían muchas más pruebas contra él, especialmente los testimonios de los cuatro mercenarios a los que contrató.
En el juicio, Mendaille se opuso a la entrega, pero el fiscal se mostró partidario de la misma. La Audiencia Nacional concedió por primera vez la petición francesa en julio de 1989. Tras el recurso de súplica, el tribunal confirmó en septiembre la extradición y remitió los documentos al Gobierno para que autorizase la entrega.
El Gobierno solicitó en dos ocasiones a la Audiencia información sobre si Mendaille tenía procesos pendientes en España. Tras la respuesta negativa, asunto pasó a Consejo de Ministros, que 10 meses más tarde. acordó de nuevo recabar información suplementaria de los Ministerios de Interior y de Justicia.
Esta información hace referencia a la reciprocidad del comportamiento de las autoridades francesas con respecto a las peticiones de extradición de etarras por el delito de pertenencia a banda armada, que es análogo al de asociación de malhechores, tipificado en la legislación gala.
Sin embargo, en medios judiciales y políticos, la actitud del Gobierno en este caso ha sido calificada de "dilatoria" y de "obstruccionista". Por parte francesa también ha sido criticada la postura del Ejecutivo español. En el juicio celebrado la pasada semana contra los cuatro mercenarios reclutados por Mendaille, el fiscal expresó su convicción de que éste nunca será entregado a Francia, porque cuenta con la protección de la policía española.
Varias fuerzas políticas han condenado las dilaciones del Gobierno en este caso. Izquierda Unida incluso ha amenazado con revisar su presencia en el acuerdo antiterrorista firmado por todos los grupos parlamentarios en el supuesto de que Mendaille quede en libertad y pueda eludir la acción de la Justicia.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, afirmó reciente mente en el Congreso que el Gobierno "se asegurará de que la decisión que vaya a tomar, pueda tomarla".
