La acción popular cree que el Gobierno vasco oculta un censo de tragaperras
Los abogados de la acción popular en el sumario de las tragaperras, que instruye el Juzgado número 3 de BIlbao, tienen la "impresión" de que el Gobierno vasco oculta un censo de máquinas recreativas con premio, según ha declarado el letrado José Esteban. El juez tomó ayer declaración a un importante empresario de tragaperras y a tres miembros de la Ertzaintza (policía autonómica) relacionados con el control del sector.Los responsables del Juego del Gobierno vasco han negado, por su parte, ante el juez en sus comparecencias la existencia de un censo de las tragaperras legalizadas en la comunidad autónoma vasca.
"Tenemos la impresión de que no es verdad que no haya ese sistema de control", manifestó ayer a este periódico el abogado José Esteban. "Otra cosa distinta", añadió el letrado, "es que las Administraciones o los responsables que están implicados no tengan interés en dejar claro que hay ese censo".
La relación oficial de máquinas tragaperras con permisos concedidos legalmente sería una pieza decisiva, según Esteban, para comprobar el volumen del presunto fraude. La concesión de permisos quedó regulada y restringida en 1985 en el País Vasco mediante un decreto. El juez, Ricardo Prada, investiga una denuncia del Sindicato Progresista de la Ertzaintza (ESAN). Según la denuncia, se ha producido presuntamente una venta fraudulenta de licencias desde el propio Gobierno vasco.
El empresario Miguel Otero Fariñas, uno de los principales explotadores de tragaperras en Euskadi, con intereses además en negocios de construcción, reconoció ayer que hay desde 1985 un mercado negro de permisos.
