Las razones internas
En ocasión del primer informe de Gobierno que rendí al Congreso mexicano, formulé las razones y las medidas que mi Administración ha tomado para avanzar en la modernización del país y para reformar al Estado. Sostuve entonces que los acuerdos nacionales para ampliar nuestra vida democrática, recuperar el crecimiento sin inflación y elevar el bienestar de la población, objetivo de la modernización de México, demandaban reformar el Estado y modificar sus relaciones con la sociedad y con el ciudadano.Esta formulación ha motivado la respuesta plural de representantes políticos, de intelectuales, académicos, periodistas y de distintos actores sociales del país. Creo que ese concurso diverso ha permitido un ejercicio de interlocución democrática que sin duda enriquece la perspectiva de todos y promueve una reflexión más ponderada y compartida respecto del Estado que queremos y necesitamos los mexicanos para enfrentar los enormes desafíos de nuestro desarrollo.
Razones de un proyecto
En este ensayo quisiera ampliar algunas cuestiones acerca de la reforma del Estado. Específicamente comentaré diversas razones para emprender la reforma y las características que, por consecuencia, ésta está adoptando. Al igual que en el diálogo -a través de otros medios- que he sostenido con distintos sectores del país, estas consideraciones no buscan polemizar en lo particular, sino ampliar el marco común de reflexión sobre algo que interesa a muchos porque a todos afecta, y cuya discusión, respetuosa y seria, es en beneficio del avance político de la República.
La reforma del Estado no es una propuesta aislada. Es consecuencia de una nueva situación internacional y de una línea política que asume ciertos objetivos generales de la sociedad, percibe los retos principales y traza las modificaciones que reclama su superación. El Estado, en esta perspectiva, debe cambiar para mantener su capacidad de defensa de nuestra soberanía y, en lo interno, ser promotor de la justicia y conductor de la sociedad -dentro de la cual hay intereses encontrados- hacia sus objetivos fundamentales. Por eso el Estado propone su propia reforma.
No debe sorprender que buena parte del debate en torno a este tema haya girado, más que sobre la pertinencia de una reforma, alrededor de la naturaleza del defecto o la calidad del obstáculo que aconseja o demanda la reforma del Estado. Que los órganos del Estado mexicano deben modificar su comportamiento, precisar sus funciones y replantear sus prioridades, es algo generalmente aceptado, si bien por razones distintas y para propósitos diferentes. Es decir, hasta ahora nadie ha puesto en duda la necesidad de una reforma del Estado.
De aquí deriva un primer punto central. La reforma del Estado recoge, sin duda, una honda demanda de la población. Ni el Gobierno ni los grupos de opinión inventan la necesidad de los cambios en los órganos del Estado. Ella surge claramente de la demanda de millones de mexicanos en todo el país. Esta modernización del Estado es la propuesta de mi Gobierno para dar dirección y profundidad al cambio que responda a esta demanda.
Dos son las razones de mayor calado que sustentan la demanda de modernización del país y que implican reformas sustantivas al Estado. La transformación misma de la sociedad mexicana del último cuarto de siglo ha modificado de raíz la índole y la amplitud de las demandas que la población hace al aparato estatal. Su explicación está basada en una acelerada dinámica demográfica, un vastísimo proceso de urbanización y el agotamiento de un modelo general de desarrollo, en otro tiempo exitoso, y el cambio consiguiente en la, articulación de las fuerzas sociales básicas. A esta razón se une la permaríencia intolerable de rezagos surgidos de factores ancestrales, agravados por la crisis económica de la última década y distribuidos principalmente en el campo, las comunidades indígenas y las colonias populares de las grandes urbes.
Presiones internas
Estas presiones internas exigen cambios que modifiquen decisivamente las perspectivas de prosperidad económica general y la de los más necesitados en particular, la garantía de participación en lo que les ataifte y compete, el ejercicio efectivo de sus libertades, y todo ello moderando las diferencias sociales y erradicando los enclaves más graves de pobreza extrema. Muchas de las responsabilidades de prestar los servicios y guiar el ejercicio de libertades han recaído históricamente en el aparato estatal, principalmente el federal. Ello es así por causas populares; algunas de ellas incluso se han ido plasmando en principios constitucionales. La disputa de cada nuevo brazo del Estado o de un ejercicio específico de autoridad es usualmente empírica, y por ello no encuentra resolución en base exclusivamente a los principios. Sin embargo, los atributos y responsabilidades constitucionales del Estado sí tienen fundamento en principios históricos que encontraron su cristalización jurídica en 1917.
Veamos entonces: aun en condiciones ideales de crecimiento y estabilidad económica, la capacidad de atención eficiente del Estado, respecto de lo que se demanda de él, estaría en entredicho. No sólo por la complejidad de la demanda y el crecimiento poco ordenado del aparato estatal, sino porque la concepción proveedora, exclusiva del Estado, es de suyo inhibitoria de las fuerzas organizadas de la sociedad. Dos consecuencias se siguen: rigidización ante el cambio (paralización ante la urgencia) y escasa capacidad de convocatoria colectiva hacia un mismo fin de interés nacional. Este fenómeno, por cierto, no ha sido privativo de México. Las grandes burocracias de los países industriafizados han generado consecuencias similares, germinando, con ellas, las demandas de cambio y de modernización.
Con mayor razón esto es cierto en las condiciones reales que vivió el país en la década pasada. La dinámica de la población disminuyó, pero menos de lo pronosticado y mucho menos de lo deseable; el crecimiento económico se detuvo; la crisis debilitó el cumplimiento de las responsabilidades fundamentales del Estado, señaladamente para con los grupos populares, aun cuando también hacia las clases medias; se elevaron las tensiones sociales y políticas. Al debilitarse las bases de un crecimiento sano, el Estado recurrió al tónico de la deuda externa excesiva, mirando aún más su fortaleza. Los distintos grupos de la sociedad, por otro lado, comenzaron a estar más preocupados de su circunstancia particular y, en consecuencia, menos receptivos a cooperar en la acción colectiva, índispensable frente a la inminente crisis.
Estimación estructural
No se trata de atribuir culpas, sino de hacer una estimación estructural. El Estado crecientemente propietario se volvió incapaz ante el incremento de las necesidades de una población en rápido aumento, ante una planta productiva sobreprotegida y poco competitiva, ante la demanda de mayor calidad de bienes y servicios, ante la exigencia de más transparencia en las relaciones del Estado y la sociedad, y todo ello en medio de una crisis fiscal sin precedente.
Las necesidades y demandas sociales crecientes, las condiciones objetivas de la economía nacional y las finanzas del Estado son razones internas que, en el marco de la economía internacional, obligan a pensar en serias modificaciones a las reglas de la producción, a los mecanismos de acceso a los servicios de bienestar de la población y a los términos de la competencia por el poder y el imperio de la ley. Todas ellas deben ser capaces de dar respuesta a estas realidades y, por tanto, tienen un carácter central en una reforma del Estado.
