El Poder Judicial, favorable a que Leopoldo Torres sea fiscal general
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó ayer a favor de la designación por el Gobierno del abogado y ex vicepresidente del Congreso de los Diputados Leopoldo Torres Boursault, de 49 años, como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Javier Moscoso. La decisión se produjo por mayoría de 14 votos a uno y se registraron cinco abstenciones. Algunos consejeros preferían como candidato al actual subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, quien es probable que sea designado presidente del Consejo de Estado.
La discrepancia de parte del CGPJ con la propuesta gubernamental, sobre la que corresponde al Consejo emitir un informe preceptivo no vinculante, se relaciona con criterios de "oportunidad política", según declaró ayer el portavoz, José Luis Calvo. Preguntado sobre si tal criterio guarda relación con la pertenencia de Torres al PSOE, Calvo calificó de "aceptable" la hipótesis, si bien no se pronunció sobre ella. Sobre la extraña coincidencia de los consejeros de izquierda y de derecha en expresar su reticencia a Torres, el portavoz del Consejo recordó que su función es "informar, no opinar".El voto en contra del nombramiento de Torres correspondió al vocal Pablo Beltrán de Heredia, ex diputado conservador. Tres de las abstenciones fueron emitidas por los vocales de procedencia judicial y de tendencia conservadora: Luis Vacas, Antonio del Cacho y Terenciano Álvarez. Las otras dos abstenciones fueron de dos vocales próximos a la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia: Calvo y Emilio Berlanga.
Fuentes jurídicas relacionan estas dos últimas abstenciones con la creencia que venía manteniendo el Consejo en las últimas semanas de que el candidato del ministro de Justicia, Enrique Múgica, era su subsecretario, Liborio Hierro.
Las buenas relaciones con el actual ministro de Justicia del sector judicial al que Calvo y Berlanga pertenecen -en concreto, con la mayoría del secretariado de Jueces para la Democracia- se han puesto de manifiesto en la reciente memoria enviada por el Consejo al Parlamento, cuya redacción se atribuye a Berlanga y en la que se afirma que las funciones reclamadas en la memoria anterior han comenzado a ser concedidas en el último año. Fuentes judiciales ajenas al CGPJ explican esta actitud por la renovación del órgano de gobierno del poder judicial que corresponde realizar el próximo octubre e incluyen en la estrategia conjunta con el ministro la colocación de Hierro en la fiscalía general.
En cuanto a la legalidad e idoneidad de Leopoldo Torres para ocupar el cargo, Calvo afirmó que el candidato propuesto por el Gobierno cumple todos los requisitos exigidos, ya que se trata de un jurista prestigioso, "por su largo ejercicio como abogado y tras sus dos años como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Además, Torres representa a España en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, en el que ahora será sustituido por el abogado y diputado socialista José María Mohedano.
La candidatura de Torres comenzó a adquirir firmeza desde que en las elecciones del 29 de octubre no logró ser elegido senador por Madrid (veáse EL PAÍS del 15 de noviembre de 1989). Las frustradas previsiones de convertir a Torres en presidente del Senado, aconsejaron a la dirección del PSOE a designarle para un cargo de suficiente rango. Fuentes jurídicas recordaron ayer que tanto Torres como Hierro son buenos candidatos gubernamentales para la fiscalía general, si bien el segundo es muy probable que sea designado presidente del Consejo de Estado, para en un futuro suceder a Múgica en Justicia.
