El giro político
Desde la transición -para ser más exactos terminológicamente, desde la transacción- no se había contemplado una campaña electoral más sucia, maniobrera, confundente y más claramente denunciadora del mal estado de nuestra seudodemocracia, que día a día enferma de falta de autenticidad y está en su UVI particular, rodeada de tubos y sondas, queriendo disimular su grave dolencia.En lugar de lo que formalmente parecería previsible, precisamente por este estado de emponzoñamiento o, dicho meteorológicamente, de empantanamiento, sin embargo funciona el sistema. Este sistema seudodemocrático necesita para funcionar de la trampa, de la corrupción política y económica, de la manipulación informativa o propagandística y del fraude. Hay quien piensa que si un día la democracia bien y rectamente entendida llegara a sus lógicas consecuencias el sistema que hoy se defiende no funcionaría. El mercado económico monopolista u oligopolista no resiste la democracia en serio, necesita de una cobertura aparentemente democrática que recubra con un idéntico monopolio-oligopolio de las castas políticas la descarada defensa de sus intereses, estructurados económicamente en el mismo esquema.
Mas si malo fue el comienzo de la campaña, peor ha sido el desarrollo y el broche final del Ministerio del Interior con un comportamiento oligárquico filtrando a los selectos confidentes los datos electorales. Ha sido todo un hallazgo en el esperpento del espectáculo de las apariencias.
La polémica es vieja, aunque en cada una de las ocasiones antiguas o nuevas se formule distintamente. La lucha por la igualdad social, por las dignas condiciones de vida, por la seguridad vital en la satisfacción de las necesidades más elementales, se anteponía, para unos, a la lucha por las libertades políticas y cívicas, consideradas éstas como meras reivindicaciones formales. Para otros, sólo la conquista auténticamente política de todas estas libertades y su profundo desarrollo, nacido del pleno ejercicio de éstas, podía conducir democrática y pacíficamente al objetivo igualitario y a la consecución de la justicia rectamente entendida.
Aquí y hoy, hay todavía quienes piensan, quizá reduccionistamente, que el problema estriba exclusivamente en la necesidad de dar a nuestra política sólo un profundo giro económico y social. En verdad que ello es necesario, lo que ocurre es que ese imprescindible giro económico y social en España y en Europa exige tanto en el fondo como en la forma, aquí y fuera de aquí, un profundo y coetáneo giro político. No sólo un anecdótico cambio de un Gobierno o la sustitución de parte de sus ministros.
A la luz de lo ocurrido, la realidad nos exige un inaplazable análisis crítico sobre el estado de madurez, de sensibilidad, de eficacia o de inutilidad, de nuestro proceso democrático, del desprecio o del respeto de las reglas de juego democrático, emanadas de nuestra Constitución y de su práctica cotidiana. Los defensores del sistema democrático parlamentario hemos de hacer también una cierta perestroika, pues no es oro todo lo que reluce.
Hemos de repensarnos cada día la situación de progresión o regresión de la aplicación de los valores constitucionales y de su protección, el papel real de las instituciones y su uso, el cometido de los controles democráticos y su posible oxidación o arrumbamiento.
Como se comprueba, la democracia parlamentaria no está tampoco a salvo del burocratismo, la corrupción, la tentación totalitaria y la privatización por castas o nuevas clases.
El giro social y económico es sencillamente la plasmación real, no teórica, del Estado social y democrático de derecho, al que, en cuanto le privemos de uno de esos sustantivos que lo definen, le castramos esencialmente, sea cual fuere el elemento definidor que del mismo desaparezca.
Mas ello es absolutamente imposible de alcanzar por el viciamiento y por el vaciamiento que sufre hoy la propia situación política, que se ha de contemplar desde la inadecuación con los objetivos constitucionales del propio sistema de partidos, desde la imperfecta ley electoral, los encorsetados reglamentos de las Cámaras, la ley reguladora del control aristocrático de los medios de comunicación del Líder-Partido-Gobierno- Estado, el estatuto sindical; la estrecha interpretación, bien poco autonomista, de las haciendas y régimen legal de los municipios, y, sin agotar el censo de deficiencias, hasta por la recelosa lectura de los principios esenciales de la autonomía de nacionalidades y regiones.
El giro económico y social que representa en su práctica el respeto y cumplimiento del capítulo III del título I de la Constitución no es indisociable o autónomo respecto de la interpretación, aplicación y del recto funcionamiento del capítulo II, del que no puede ser marginado como si se tratara de temas independientes. La interrelación de lo social con lo auténticamente democrático y con el aspecto legal y legítimo del Estado de derecho no admiten parcelaciones y pretericiones, ni en el espacio ni en el tiempo.
Con la plasmación de las libertades políticas y de los derechos fundamentales se construye al tiempo democracia, libertad, justicia e igualdad, mas con la consecución de la protección social, jurídica y económica del ciudadano y el progreso económico y social de la colectividad se hace realidad viva y auténtica la democracia, la igualdad jurídica, la seguridad y la justicia, dentro de la protección del pluralismo político, como expresión del derecho a la dignidad individual.
Es absolutamente ingenuo creer que con un derecho a la información censurado, manipulado, restringido y torcido o sectorialmente empleado como el que hoy sufrimos, desde los medios teóricamente estatales, privatizados por el Gobierno, va a poder desarrollarse alguna acción política o alguna acción sindical seria, eficaz y democrática.
Es, más que ingenuo, imposible creer que con una utilización partidista y gubernamental del aparato del Estado, de la Administración, se va a poder equilibrar la lógica tendencia de la economía libre de mercado a la perdurabilidad de un sistema intrínsecamente injusto, cuando el Gobierno ha tomado como eslogan el ser fuerte y duro con los débiles, y servil y débil con los poderosos.
Es falaz y malicioso querer aparentar, con un sistema de financiación incontrolada y privilegiada de ciertas políticas bien concretas, que se dan las condiciones mínimas para la defensa y búsqueda de la igualdad en el pluralismo y en el recto ejercicio de los derechos de asociación, participación, expresión y acción política.
Es realmente irresponsable, porque conduce, de hecho y de derecho, a la irresponsabilidad y a la impunidad creer o proclamar que con la burla permanente de los mecanismos e instituciones de control cívico, político y jurídico de la acción de gobierno se vive una situación que merezca el nombre de democrática.
Es exigible, cada día más, un serio giro político, con sus lógicas consecuencias de una profunda revisión legislativa, para salir de esta cada día más insoportable situación de apariencia democrática en que se va degradando la situación y esfumando la colectiva ilusión de muchos ciudadanos.
El mejor tributo a la vía democrática está en su permanente y constructiva crítica, y su mayor insulto, en el torcido uso para consolidación de un sistema cada día más oligárquico y de nada ilustrado despotismo.
En esta tarea de lucha por alcanzar el giro político, económico y social, la mayor responsabilidad de radical intransigencia constitucional le corresponde a la izquierda, es decir, a la izquierda real, no a la teórica y bien instalada en la apariencia y en el fraude, pues esa izquierda seria es la única que puede hacer una lectura de la Constitución como verdadero instrumento de progreso, y no como hoy lo hace la izquierda oficial, como un puro mecanismo de poder al servicio de la corrupción y de los intereses de siempre.
Hay que impulsar un profundo giro político, legislativo, institucional, pues en la imperante lectura constitucional y en la bien concreta política legislativa de su desarrollo hasta hoy sufridas hay fundamentos suficientes y bastantes de recelo ante el poder sindical y la participación ciudadana como para hacer ineficaz muchos de los esfuerzos de los sindicatos y de las capas populares. Si no se puede hacer socialismo sin socialistas, menos aún se puede hacer democracia sin demócratas.
