Unidad para dar respuesta al campo
Con 17 millones de españoles viviendo en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes y unos cuatro millones de personas dependiendo directamente de las rentas obtenidas de la tierra, del ganado o de la madera, el campo español se ha visto metido de bruces en la Comunidad Europea.Desde el inicio de la democracia hasta esa fecha histórica del 1 de enero de 1986, fecha de adhesión, se estaba larvando entre los productores el esquema organizativo del sector agrario imprescindible para vertebrar un campo moderno y competitivo.
La corta historia de las organizaciones agrarias españolas, llena en sus orígenes de intereses personales y políticos, eclosiona con fuerza en 1977 con la aprobación de la ley de Libertad Sindical. Tras un período de confusión lleno de siglas locales, provinciales y nacionales, se inicia un período de pactos y fusiones que desembocan en cinco organizaciones profesionales agrarias, de carácter nacional, consolidadas por la celebración de las primeras (y últimas) elecciones a cámaras agrarias, en 1978, que fueron el catalizador de un panorama sindical agrario mantenido hasta hace apenas unos meses.
Inmediatamente fueron etiquetadas según tendencias políticas. A la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (Coag) y a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se las encasilló en el espectro de la izquierda; la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) y la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) se cosificaron hacia el espectro de centro-derecha.
Con este esquema simplista se inició la vida pública de nuestras organizaciones agrarias, centrando la atención de la sociedad española solamente cuando se producían manifestaciones, tractoradas o las anuales negociaciones de precios con el ministro de Agricultura de turno.
Y con ese esquema simplista, la autárquica y paternal política agrícola española (cuyos monumentos arqueológicos son los silos que jalonan una gran parte de nuestros pueblos) entró en la Comunidad Europea, que, como una presa a rebosar, inundó con sus nuevas reglas de juego y una ingente burocracia el campo y la agroindustria española.
De unos ministros preocupados en fomentar o desincentivar cultivos en función del equilibrio interno de oferta-demanda, atentos a algunos buenos negocios exteriores, pero construyendo una tela de araña válida hasta ese momento, pasamos a la Europa de los excedentes, de los recortes y del mercado libre.
Cooperativas y organizaciones profesionales agrarias repartieron su trabajo ante Bruselas llevando su unidad de acción allá donde podían. Pocos eran estos lugares, pues a la dureza de la Comunidad en política agraria se unía una creciente desconfianza del Ministerio de Agricultura hacia todo aquello que pudiese ser un obstáculo político para sus intereses. Agroindustriales, Administración y productores han estado de espaldas en la negociación de nuestro Tratado de Adhesión a la CE, y han estado de espaldas en estos tres años ante Bruselas. Una peligrosa situación que corría el riesgo de enquistarse a pesar del coste económico y social que ello supondría para el futuro.
La política comunitaria
La incorporación de España y Portugal fue el detonante para la aprobación de una nueva política agrícola común (PA-C). Se recortaron presupuestos, se castigaron producciones y se eliminó progresivamente la intervención. El paraguas comunitario se quedó con las varillas al aire, y el reto de 1993 se le pasó únicamente al sector agrario. Nadie, desde entonces, vuelve a dar cuenta de cuáles son los planes de adaptación y, por tanto, nadie da cuenta de su grado de cumplimiento. No hay responsables. Sin dinero, endeudados en 1,5 billones de pesetas, con una población activa agraria superior a la media comunitaria y una imparable colocación de capital francés, británico e italiano, tanto en grandes superficies como en la agroindustria española, el productor corre el riesgo de convertirse en un trabajador por cuenta ajena de las grandes multinacionales.
Esta estrategia de desidia y de dejar que el tiempo lo cure todo se ha intentado romper en numerosas ocasiones. Las organizaciones han presentado planes concretos a nuestros poderes públicos, exigiendo una política seria de actuación. A la industria agroalimentaria se le ha puesto encima de sus mesas la ley de Contratos Agrarios y la necesidad de articular interprofesionales que gestionen la actuación de cada sector español campaña a campaña. En una palabra, hemos querido crear la misma estructura organizativa existente en la Comunidad desde hace años. La respuesta no ha existido por ninguna de las partes. Falta criterio y visión de futuro. Faltar ideas y existe excesivo anquilosa miento en la comodidad de ganar hoy, y mañana Dios dirá.
Las organizaciones agrarias no podemos perder tiempo y actuamos en el único sentido que podemos: en la unidad. Vamos a potenciar nuestra afiliación y nuestras estructuras para informar, defender y auspiciar esa modernidad, codo con codo con lo que aún queda del cooperativismo español. Codo con codo con todos aquellos que quieran trabajar por un sector moderno y con futuro.
Con una generosidad ilusionada, CNAG y Jóvenes Agricultores se fusionan. Con 50 oficinas provinciales, 800 centros locales y 137.000 profesionales afiliados, se convierte en la de mayor implantación de España. Abierta al resto de organizaciones y sectoriales, CNAG-Jóvenes Agricultores va a ser beligerante con quien impida una vertebración ordenada y constructiva del campo español.
Hemos crecido en la unidad, con el único fin de entrar en Europa en plano de igualdad con el resto de los agricultores comunitarios. Se ha perdido mucho tiempo esperando que fuera la Administración la que auspiciase una estrategia conjunta ante el futuro. No ha sido así en seis años, y ahora debe ser el propio sector el que tome la responsabilidad de su propio futuro.
