Corrupción
En los últimos meses se vienen sucediendo en los medios de comunicación noticias sobre escándalos políticos en los que se mueve a la vez dinero e influencias. Y así, en Austria, el ministro del Interior y el presidente del Parlamento se vieron involucrados en un proceso por encubrimiento de fraude y asesinato. En Japón, los principales dirigentes del Partido Liberal Democrático, partido que desde hace casi 50 años gobierna en ese país, se encuentran bajo la sospecha de haberse beneficiado de la compraventa de acciones de la empresa Recruit a cambio de favores pagados con decisiones políticas. De momento, ya son más de 13 los políticos detenidos. Recuérdese que hace 15 años el ex primer ministro Tanaka fue a la carcel por recibir comisiones de la empresa americana Lochkeed. En Francia, el caso Pechiney surgió como consecuencia de los cuantiosos beneficios obtenidos con la compra de acciones, gracias a informaciones confidenciales, por dos amigos de Mitterrand. En Grecia, el magnate Koskotas, propietario del Banco de Creta y de una cadena de periódicos, surgido de la nada con la ayuda de preclaros jerifaltes del PASOK (partido socialista griego), pretende ahora hundir en su caída a ministros, diputados y hombres públicos a los que acusa de haberse beneficiado de sus favores. En la Unión Soviética, el yerno de Breznev, Yuri Churvanov, que fue a finales de los años setenta uno de los hombres fuertes del Ministerio del Interior, fue juzgado, junto con otros nueve ex altos cargos, y acusado de recibir sobornos por valor de 660.000 rublos. En la Ciudad Santa, el arzobispo Paul Marcinkus, el banquero de Dios, ha sido acusa(lo por los directivos del Banco del Gottardo (Suiza) de complicidad en las acciones delictivas de Roberto Calvi. En Italia, un total de 21 personas, altos funcionarios de los ferrocarriles del Estado, han sido acusadas de estafa, corrupción, favoritismo y otros delitos. Con anterioridad se había producido en ese país el escándalo de las cárceles de oro, un delito de soborno para la concesión de obras destinadas a mejorar la infraestructura penitenciaria. Se podría, por tanto, afirmar, parodiando a un comediógrafo ingenioso, que "en estos tiempos los ladrones ya no van a la cárcel: las construyen".Para algunos analistas políticos, la corrupción no es tan perniciosa como comúnmente se cree. En realidad, las vías irregulares se convierten en necesarias cuando las complejas maquinarias administrativas están anquilosadas. Además, la corrupción permite una mayor funcionalidad, abre la entrada en las licitaciones a empresas que de otro modo serían marginadas, agiliza los trámites y crea una solidaridad necesaria para que exista la cohesión social. Quienes defienden esta teoría suelen citar el caso de Italia, gran potencia industrial, en donde la corrupción ha movido en los tres últimos años, según estimaciones fiables, más de 330.000 millones de pesetas. Los sociólogos de la moralidadhan analizado el dislocamiento que sufren las sociedades cuando aceptan la falsa antinomiade elegir entre la eficacia y el derecho. Las sociedades corruptas son necesariamente autoritarias.En realidad, el hecho de que los escándalos sean más frecuentes en Italia que en otros países occidentales es, sobre todo, una muestra de -que en el vecino país existe una voluntad política de perseguir los delitos y desenmascararlos. Conviene no olvidar que Italia ha sido el primer país del mundo en el que se ha planteado la convocatoria de una huelga general para luchar contra el fraude fiscal. Y es que la corrupción se consuma y enquista precisamente cuando pasa inadvertida, cuando se volatiliza. Es importante, por tanto, no confundir los delitos con la penas. Desde un punto de vista jurídico y administrativo, un acto es delictivo únicamente si un tribunal legitimado para juzgar determina oficialmente que alguien ha cometido un delito. Sin embargo, en el ámbitode los negocios, y en la confluencia de éstos con la política, se producen múltiples irregularidades que se arreglan al margen de los tribunales. La corrupción y el soborno sirven tarribién para obtener privilegios especiales, para sortear investigaciones comprometedoras y, en muchas ocasiones, para violar de un modo flagrante las leyes.
En 1976, la justicia federal norteamericana creó una sección especial para la integridad pública que en seis años revisó cerca de 5.000 delitos y fraudes. Los atentados y violaciones de las leyes se produjeron en la confluencia de la sociedad civil y el sector público, allí donde coexisten bienes y servicios, poder y dinero: adjudicaciones ¡legales de obras, facturas falsas o infladas, comisiones por compras, favoritismo en concursos públicos, gabinetes de estudios ficticios, filtración de informes confidenciales, financiación de partidos políticos, subvenciones arbitrarias a personas o colectivos, tráfico de ceftificados falsos, sustracción de documentos, falseamiento de gastos, dietas y otras apropiaciones indebidas de fondos públicos, colocación de dinero público en cuentas bancarias privadas, recalificación interesada de terrenos rústicos en zonas urbanizables, soborno en contrataciones y subastas, utilización de información confidencial en los mercados financieros, etcétera. Estos delitos se dan en las Administraciones de todos los países.
La diferencia estriba en que en unos se los castiga y en otros no. En todo caso, estas prácticas crean auténticas redes de corrupción, tejidas gracias a una común y secreta participación en actos delictivos. No es extiraño que los medios de comunicación, que constituyen uno de los principales instrumentos de control en los países dernocráticos, despierten entre políticos y funcionarios corruptos las mayores reticencias.
En nuestro país no siempre es nítida la línea de demarcación entre negocios fraudulentos y negocios legales. Hoy sabernos que el dinero negro ha contribuido a los provocativos beneficios de bancos y casas de seguros. Los expertos estiman que: el 40% de la cocaína que se vende en Europa pasa a través de nuestro país. La práctica dela información confidencial en bolsa no está castigada penalmente. No se persigue con la debida contundencia la utilización indiscriminada de plaguicidas ni los vertidos de residuos tóxicos, mientras que las estafas inmobiliarias baten récords. En 1986, el 40% de las obras contratadas por las Administraciones públicas -de un presupuesto global de 600.000 millones- han sido otorgadas de forma directa a empresas elegidas a dedo. Según el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, existe "una imposibilidad técnica y humana de fiscalizar estas actuaciones", pero silencia que esta imposibilidad deriva de medidas que limiten ese poder discrecional y de una voluntad política para llevarla a cabo.
Es muy probable que a nadie se le haya ocurrido sospechar que la estelar entrada en el ámbito bancario y empresarial de algunos ex cargos públicos se base quizá en su capacidad de obtener favores en el ámbito estatal. En Bruselas florecen las agencias y asesorías. Mientras tanto, el fracaso estrepitoso de la comisión encargada de investigar el tráfico de influencias, la ausencia -mantenida hasta ahora- de regulación legal de las actividades de los altos cargos tras su cese, la opacidad en la financiación de campañas electorales, el agujero de los préstamos guineanos, las reprivatizaciones de Rumasa a precio de saldo -el precio de Galerías Preciados se multiplicó por cien en cuatro años-, la utilización incontrolada y muy posiblemente delictiva de los gastos reservados -2.600 millones presupuestados para 1989-, las vinculaciones familiares y conyugales en puestos de responsabilidad y otras pruebas de patrimonializ ación del Estado no sólo justifican investigaciones parlamentarias y judiciales, sino que son quizá una vía clave para comprender el drástico cambio que se ha operado entre algunos militantes socialistas en su camino de Damasco: su amor por los bancos, los balances, los oficios y los beneficios, y su paralelo sentimiento de menosprecio por las organizaciones sindicales y las políticas sociales.
F. Álvarez-Uría es profesor de Sociología de la universidad Complutense.
